En Veracruz, un Congreso de locura

La testarudez y el autoritarismo hicieron rápidas presas de los diputados locales del PAN. No solo se posesionaron de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como si fuera un botín de guerra y Sergio Hernández Hernández fungiera como el general de los vencedores; también se han repartido las comisiones a su conveniencia, han desterrado de las mieles del poder a quienes se han manifestado en contra de su absolutismo, han dejado que el Poder Ejecutivo haga y deshaga en la más vergonzosa opacidad, y que a punto de terminar octubre no sepan en qué se ha gastado un presupuesto anual que ni el propio gobernador sabe si se va a ocupar o no, porque cada peso él determina, a discreción, en qué y cuándo ha de gastarse.

Acusados de derroche de recursos, francachelas romanas pagadas y de actuar con el cinismo que es marca de la casa, los diputados panistas (junto con los vergonzosos diputados perredistas) han convertido el Poder Legislativo en una verdadera zahúrda, por cuyos lodazales desfilan como figurines hombres y mujeres sin preparación, caprichosos y ensoberbecidos, que miran a Veracruz como si sus habitantes les debiéramos admiración y sometimiento.

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Y muchos hay que se creen con méritos sobrados para buscar la reelección, como el propio Sergio Hernández quien, con mucha anticipación y utilizando los recursos financieros del Congreso, ha emprendido su campaña electoral por la reelección, con el apoyo (pagado) de medios de comunicación como Grupo Oliva Radio, bajo el mismo esquema con que lo han hecho varias revistas: anunciar sus números en avisos espectaculares, pero poniendo en portada la fotografía del promovente. Por varios rumbos de la ciudad, se deshojan este tipo de anuncios y, junto con ellos, lonas que anuncian desde clases gratuitas de zumba o la existencia de las famosas casas del en un momento conocido como Sergio El Bailador.

No es el único. La diputada por Martínez de la Torre y presidenta de la mesa directiva, Mariely Manterola Sáinz, no descansa en posicionarse en su distrito con apoyos a escuelas y estudiantes, asistencias inverosímiles a reuniones de Protección Civil donde no aporta absolutamente nada, impresión y distribución en escuelas de la Constitución Política, que se extenderán por semanas para justificar su presencia en reuniones con padres de familia. Y todo con el apoyo oficial.

Ya varios diputados panistas han levantado la mano para lograr una presencia en la Cámara por cinco años en lo que aparece una mejor oportunidad para saltar a un puesto ejecutivo en ayuntamientos o a una diputación federal.

Lo más grave es cuando se creen con el conocimiento, el interés y la autoridad moral para actuar en temas que supuestamente le son inherentes, sea porque han ejercido alguna profesión relacionada con el tema o porque se crean los paladines de la justicia o porque hayan sido víctimas del abuso de autoridad.

Marijose Gamboa, un chivo en cristalería

Ahí tiene el caso de la antaño combativa diputada Marijose Gamboa Torales, quien fuera lectora de noticias en radio y columnista, y quien tras la persecución de que fue objeto por el exgobernador Javier Duarte, a través del hilo operador del tenebroso exfiscal Luis Ángel Bravo (quien la llevó a la cárcel por el homicidio imprudencial de un joven en Boca del Río), se volvió la heroína favorita de su propia imaginación.

Tras confrontarse con su propio jefe, el gobernador Miguel Ángel Yunes, en el inicio de la actual Legislatura, a quien acusó de estar amafiado con los líderes del transporte por vetar una iniciativa suya llevada a debate en el Congreso para permitir el servicio de mototaxi en algunas zonas serranas del estado; en aquella ocasión, en enero pasado, dijo de Yunes: “creo que no la leyó bien” y “lo mal informaron”. También dijo que en reiteradas ocasiones buscó consultar al Secretario de Seguridad Pública y Transporte, Jaime Téllez Marie, para asesoría sobre su iniciativa pero que no le respondió nunca. “El gobernador está protegiendo a las mafias transportistas, no está protegiendo el derecho de millones, de 2.7 millones de personas, que no tienen manera de moverse”.

Algo ocurrió poco después, un posible ajuste de autoridad por parte del aludido, porque a partir de entonces Marijose se convirtió en una dócil diputada; su virulencia verbal la enfiló en contra de los colectivos de búsqueda de desaparecidos, en la defensa del Fiscal Jorge Winckler (a quien había atacado antes por no perseguir a su predecesor), y a denostar denodadamente a la Comisión Estatal de Apoyo y Protección de Periodistas (CEAPP), cuyo secretario ejecutivo, Jorge Morales Vázquez, le ha debido responderle la retahíla de torpezas surgidas de lo más profundo del hígado.

Morales lamentó que la presidente de la comisión legislativa de apoyo a periodistas desconozca el ámbito de competencia del mecanismo protector en el estado y busque quitar la obligación del Estado de atender las agresiones contra los profesionales de los medios de comunicación, y la acusó de iniciar “una guerra” como consecuencia de los cambios de personal que se hicieron a la llegada de la nueva administración de la CEAPP.

De lo menos que la señaló es de mentirosa, pero también de ignorante. Sus declaraciones sobre la falta de atribuciones de la CEAPP, así como las consideraciones de los casos en que debe actuar muestran un total desconocimiento de la estructura, atribuciones y normatividad de la institución. “No puede ser que una persona pueda legislar o tomar decisiones si desconoce cómo operan los mecanismos de protección a periodistas”.

¿Cómo respondió la diputada Gamboa Torales? Pues al más claro estilo yunista: amenazando con usar a su ahora amigo Jorge Winckler para que le ayude en sus denuncias penales en contra de quienes resulten responsables de presuntos desvíos de recursos en la CEAPP. Acusó que hasta abril se siguieron cobrando los cheques del periodista Mussio Cárdenas, quien estuvo comisionado pero renunció al inicio de su gestión, y hace sus numeritos, sus cuentas: “Tengo el oficio de Mussio donde renuncia y tengo el reporte de la CEAPP donde me ponen reporte que cobró hasta el mes de abril, y son 16 mil pesos por 5 meses, esto es, 80 mil pesos, y ellos le notifican al Congreso local la renuncia hasta abril.”

En respuesta, el comisionado de la CEAPP aseguró que, desde su llegada a la CEAPP, se ha logrado un recorte de 5.3 millones de pesos en la nómina, de los cuales 3.5 millones de pesos se devolvieron al Gobierno del Estado. Todo el drama y el bullicio de Marijose, sin embargo, va encaminado a lograr el apoyo de los diputados para aprobar su iniciativa de decreto que reforma la fracción V del artículo 67 de la Constitución Política del Estado, para redefinir las atribuciones de la Comisión, un texto que según los miembros de la CEAPP, en lugar de fortalecer las acciones encaminadas a favor del gremio, las debilita.