Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) Familias integrantes de colectivos en búsqueda de desaparecidos cuestionaron que es “incongruente” que el gobierno federal diga que no es necesario hacer campañas de recolección de recursos para comprar reactivos de ADN, cuando la dirección de servicios periciales tienen un rezago grave.

Entrevistados en el marco de la campaña “Súmate por un ADN», advirtieron que cada reactivo tiene un costo aproximado de 15 mil pesos y que la autoridad no tiene los recursos suficientes para poder enfrentar la demanda de pruebas.

La integrante de Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Aracely Salcedo Jiménez, dijo que se busca el apoyo de los ciudadanos para donar recursos a fin de que se puedan comprar reactivos que permitan hacer pruebas de material genético, especialmente mitocondrial en huesos, para la identificación de restos hallados en fosas clandestinas.

«Como familiares de víctimas de desaparecidos sentimos desesperación porque no nos han dado resultados reales, no hay fondos. Decía el subsecretario Roberto Campa que no era necesario que hiciéramos estas campañas, pero es incongruente lo que dice porque en todo el país hay mucho rezago en Servicios Periciales para darle identidad a tantos restos».

Consideró que la cifra dada a conocer por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Roberto Campaña Cifrián sobre la identificación de 26 cuerpos es muy baja porque tan solo en las fosas clandestinas halladas en Colinas de Santa Fe en el puerto de Veracruz y en Arbolillo en Alvarado, sumas más de 300 restos.

«Las cifras de identificación son muy bajas para los 180 días que ellos mismos pusieron para darnos los resultados reales. Queremos conocer cuántas fosas están en el estado de Veracruz, cuántos fragmentos o restos han sido hallados, cuántos reactivos han hecho en el trabajo de identificación. Ya no queremos esa simulación, sino la verdad».

Salcedo Jiménez informó que por ello la jornada de recolección de recursos se extenderá al 21 de octubre en donde los integrantes de los nueve colectivos participantes acudirán a Coatzacoalcos y Orizaba.

Y es que insistió en que los casos de desaparecidos se cuentan por miles, pues de cada 10 casos solo dos se denuncian porque existe el miedo de las familias a represalias por parte de la autoridad y de la delincuencia.

«Hay un rezago en el sistema de identificación en el país; nos quiere minimizar la campaña y eso es algo insensible e indolente por parte de la autoridad. Lo único que queremos hacer es conseguir el dinero para poder coadyuvar con ellos; no estamos peleando con ellos, queremos coadyuvar para dar identidad a los restos».

Por su parte, Carlos Saldaña cuestionó lo señalado por Campa Cifrián en el sentido de que los Colectivos no tienen necesidad de recolectar recursos para las pruebas de ADN.

«Cómo no vamos a tener la necesidad de hacer este boteo si hicieron ese compromiso con nosotros de que en 180 días nos darían los resultados de los restos hallados en Colinas de Santa Fe y nos están dando 26».

Dijo que existe una incapacidad de las autoridades que están obligadas a dar respuesta a los casos y que por ello los Colectivos colaboran para poder darle identidad a quienes la autoridad no ha podido.

Cabe destacar que en la campaña participan los Colectivos: Familiares Enlaces Xalapa, Colectivo Poza Rica, Buscando a nuestros desaparecidos, Madres en búsqueda Coatzacoalcos, Familiares en Búsqueda «María Herrera» Xalapa, Colectivo Solecito y Red de Madres.

Retraso de búsqueda en predio de La Gallera es un pretexto

En otro tema, señalaron que el Gobierno federal no debe usar como excusa la identificación de cuerpos tras los sismos de septiembre pasado para retrasar la entrada a puntos donde han sido localizadas fosas clandestinas.

En su intervención, Aracely Salcedo Jiménez, reprochó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, haya justificado el retraso en la intervención de la Policía Científica en el rancho La Gallera en Tihuatlán, con el argumento de la emergencia provocada por el sismo.

«Debe haber comisiones y las hay como en el caso de desastres naturales y no pueden mezclar ambas cosas. No nos pueden poner en contra, yo no estoy en contra de que a esas familias se les dé identidad porque también lo merecen, pero también nosotros merecemos lo mismo. Son dos temas muy diferentes, que no los quieran mezclar uno con otro».

Dijo que si bien las familias de personas que quedaron atrapadas en estructuras tras los terremotos merecen la identificación de los cuerpos de sus familiares, es también cierto que los familiares de desaparecidos tienen años esperando por lo mismo.

«Esas personas también merecen ser identificadas, me sumo al dolor de las familias que los están buscando y no los han encontrado, pero de manera indolente tenemos casos de nuestros hijos de larga data, qué va a pasar con ese rezago, no podemos seguir esperando».

Por ello, consideró que se deben implementar diversos grupos de trabajo para atender ambas emergencias, que el Gobierno federal debe evitar intentar poner en contra a los ciudadanos con este tema.

Exigió que se aplique la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares, que se etiqueten los recursos necesarios y se opere en la identificación de restos para que se trate de dos trabajos diferentes.

«Una cosa son los desastres naturales y otra cosa es la violencia que vivimos en todo el país. Imagínate lo que siente una madre con una hija desaparecida cuando le dicen que van a esperar o a retrasar (trabajos de búsqueda) porque están en otro tema».

Además, recordó que aún existen otros puntos en donde el Gobierno federal debe intervenir, como en el caso de las cuatro fosas clandestinas halladas en Moyoapan, Ixtaczoquitlán y en el rancho El Limón.