Prefacio.
El 13 de marzo del presente año, el llamado “Grupo de Coordinación Veracruz” dio a conocer que a partir de ese día (lunes) se había reforzado el operativo de seguridad en la zona de Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Jaltipan: “La Base de Operaciones Mixtas integrada por Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Policía Federal, Policía Naval, Fuerza Civil, Policía Estatal y Policía Ministerial, realizan puestos de inspección y recorridos en puntos estratégicos de la zona conurbada”, anunciaron. *** Tres meses después, el 21 de junio, se informó que Elementos del Ejército Mexicano, realizaron recorridos “por todas las calles de Coatzacoalcos” para prevenir algún hecho delictivo “debido a los últimos acontecimientos violentos registrados en este puerto”. *** Treinta días después, el 27 julio, decenas de policías estatales, soldados y marinos arribaron al municipio de Coatzacoalcos, para montar un nuevo operativo de seguridad, que incluía la revisión de vehículos y abordar a quienes deambularan por las calles “en forma sospechosa”. Para coordinar este operativo fue enviado a Coatzacoalcos al subsecretario de Seguridad Pública Narciso Peña. *** Estamos en la recta final del mes de septiembre y nada ha funcionado para frenar la creciente ola de violencia e inseguridad en el sur de la entidad. *** Este miércoles, el “especialista” en temas de seguridad, Jaime Téllez Marié, anunció la puesta en marcha de un “plan emergente” para Coatzacoalcos, donde habrán de incrementar la presencia de personal de todas las corporaciones. *** Se agradece el empeño, pero… ¿Y si en lugar de atiborrar ese municipio con gente armada, le meten algo de inteligencia? *** Quizá alguien que sepa de combate a la delincuencia podría hacerse cargo.
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En virtud de que su jefe, el gobernador de Veracruz, tacha a los periodistas críticos de “ignorantes”, el “autónomo” Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, asume que, si con dificultad escribimos, entonces también tenemos problemas para leer.
En esa misma lógica, el Presidente del Club de Fans del Gobernador da por hecho que los periodistas nunca nos hemos acercado -¡ni de chiste!- al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
“¿Si has leído el código nacional de procedimientos penales para saber en qué casos se puede detener una persona y cuándo no?”, le pregunta, visiblemente ofendido el Fiscal, al reportero que ¡se atrevió! a comparar ese caso con el de la fundación Yunete.
A pesar de que el reportero le respondió que sí ha leído dicho código, el Fiscal se dio tiempo para brindarle un curso intensivo y le aclaró que, a diferencia de aquel caso, en esta ocasión los elementos de la Policía Ministerial actuaron frente a un caso de “flagrancia”.
Se equivoca el Fiscal de forma rotunda.
En virtud de las interminables pifias en las que incurre él mismo o sus colaboradores, nos hemos tenido que documentar muy bien respecto al nuevo sistema penal. Por ese lado, es algo que debemos agradecerle.
Y gracias a que hemos tenido que recurrir con mucha frecuencia a ese nuevo ordenamiento jurídico, sabemos que se rige por una serie de principios rectores, uno de los cuales, es el de la presunción de inocencia.
El Artículo 13 de ese Código que Winckler supone que nunca hemos leído, establece que “toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional”.
También sabemos que en el Artículo 146 se definen los supuestos casos de flagrancia mediante los cuales se podrá detener a una persona sin orden judicial. Ese ordenamiento señala que “se entiende que hay flagrancia cuando: (I) La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o (II) Inmediatamente después de cometerlo es detenida.
Todo lo relativo a los casos de flagrancia está plasmado en los Artículos 146, 147, 148 y 149. En ninguno de ellos -¡en ninguno!- se plantea que la policía puede detener a alguien porque “supone” que está cometiendo un delito. Esto es, no se le puede detener “para ver si está cometiendo un delito”.
Así como un policía no puede detener a un sujeto cuando lo ve por la calle cargando una pantalla de TV, sólo porque asuma que se trata de un objeto robado, cuando en realidad lo que está haciendo es moviendo un bien de un sitio a otro; así, tampoco puede detener a un grupo de personas que están cargando camionetas con despensas, suponiendo que se trata de otra estratagema grotesca como la que realizara la fundación “Yunete” en Coatzacoalcos.
La actuación de los elementos de la Policía Ministerial (área dependiente de la Fiscalía) es de por sí irregular, pero más aún la del Ministerio Público que tomó conocimiento del caso.
El Artículo 149 dispone que el Ministerio Público “deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este Código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan”.
Nada de eso se hizo en el caso de los miembros del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos de Veracruz, quienes fueron detenidos en forma arbitraria por el simple hecho de haberlos encontrado cargando una camioneta con despensas, las que –según el dicho de los mismos ingenieros- iban con destino a la Cruz Roja, para apoyar a los damnificados por los sismos.
Las mismas circunstancias que se dieron para detener a los ingenieros, se presentaron en el estadio Luis Pirata Fuente, donde los Tiburones Rojos recolectaron productos para enviar a los damnificados por los sismos. Misma labor realizaron en el estadio de béisbol, los integrantes del Águila de Veracruz. Escenas como esa se podían encontrar en múltiples instituciones educativas, donde alumnos, maestros y padres de familia se coordinaron para recolectar los más diversos productos para el apoyo a las zonas afectadas.
¿Cuál fue el criterio para asumir que esas iniciativas sí eran válidas, pero la de los ingenieros representaba un delito?
No hay argumento que valga. Es una demostración más de la prepotencia que caracteriza al actual gobernador, a raíz de la cual lo que ha conseguido es la reacción solidaria del priismo de la entidad, un rival que estaba en la lona y que no conviene al yunismo que se levante.
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Epílogo.
Este jueves habrá sesión extraordinaria del Congreso local. Será ahí donde la bancada panista buscará tomar por asalto el Poder Legislativo, apoderarse de las comisiones más importantes y relegar a los grupos opositores a una función de meros espectadores. ¿Lo van a permitir? *** El senador Pepe Yunes realizó una gira de trabajo por el municipio de Huatusco; recorrió el mercado “Benito Juárez”, la plaza de Santa Cecilia y un plantel de educación preescolar para recibir proyectos de remodelación y mantenimiento y gestionar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año. *** El gobernador de Veracruz informó que se reunió en la ciudad de México con importantes empresarios a los que invitó a invertir en la entidad, especialmente en la zona sur, aprovechando los beneficios fiscales de las llamadas “zonas económicas especiales”. No les habló de los problemas de inseguridad, por supuesto. ¿O acaso el que vende frutas le avisa al cliente que alguna le saldrá podrida?