El irresponsable “yo por qué” de Yunes

A 10 meses de gestión, el observador aguzado sabe que quien gobierna Veracruz ha buscado deshacerse de compromisos y responsabilidades. No solo negó, desde que asumió el poder, el pago a empresarios que tuvieron contratos para hacer obra o proporcionar bienes y servicios, y ha postergado ad libitum el pago de la deuda con la Universidad Veracruzana. También ha salpicado a otros gobiernos para que le hagan la chamba.

Primero, con el escalamiento de la ola de violencia en la entidad, provocado por la llegada de más organizaciones delictivas que aprovecharon el desconcierto de un nuevo gobierno carente de cuadros capacitados en el tema de seguridad; posteriormente, ante los enormes daños causados por huracanes y el primer sismo, y ahora, con los efectos del segundo terremoto, el Gobierno de Veracruz ha sido reiterativo en derivar responsabilidades a otros niveles de gobierno e, incluso, a funcionarios menores y sociedad civil.

Ya desde que golpeó a Veracruz el huracán Franklin, el 10 de agosto, se observó la tacañería insólita del gobernador Miguel Ángel Yunes.

Aunque ha aprovechado todos los desastres naturales para aparecer, con ánimo proselitista, mañana, tarde y noche en las redes sociales, dando reportes sobre daños, lo cierto es que ha depositado en la espalda de los ayuntamientos la responsabilidad de atender a los damnificados y, por supuesto, ha validado reportes para que la Secretaría de Gobernación afloje recursos federales del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), al viejo estilo de la Fidelidad.

Que lo resuelvan la Federación y los ayuntamientos, mientras yo aparezco en los medios como el paladín de los damnificados, aunque no ordene a la Sefiplan ni un centavo para ayudarlos.

No me corresponde

Las protestas de pobladores del sur de Veracruz que vieron agrietar sus viviendas y, en muchos casos, colapsar, tras el sismo del 9 de septiembre, y a quienes ni siquiera se les brindó una miserable despensa o, al menos, la visita del mandatario para escucharle su melodiosa voz llena de tajantes (aunque incumplibles) promesas, son apenas la manifestación de lo que ocurre en la entidad.

Para los damnificados, la vía es esperar la ayuda de sus autoridades municipales, que están a punto de salir y que están endeudadas hasta las cachas, entre otras cosas, por la desviación de recursos etiquetados por parte del anterior gobierno estatal, que el actual se niega a compensar para evitar que haya graves daños al edificio financiero de los ayuntamientos.

Lo de la violencia ya es una vieja cantaleta: debe ser el gobierno federal el que venga a calmarla porque, según la visión del mandatario estatal, la están generando bandas delictivas que tienen dominio en varios territorios del país, cometiendo delitos federales, pese a que las sucursales o franquicias que operan en la entidad están alimentadas por veracruzanos y sus víctimas viven en la entidad.

Cuando se desataron los robos bancarios y los asaltos a cuentahabientes tanto dentro como fuera de las sucursales bancarias, lo que hizo Miguel Ángel Yunes fue amenazar a los bancos con suspenderles el servicio (ya lo ha hecho) si no colocaban cámaras y no contrataban policías para cuidarse.

Lo mismo hizo con las tiendas de conveniencia a quienes dijo que su gobierno no cuidaría porque dan servicio después de las 10 de la noche y venden alcohol, aunque muchos de los robos violentos sufridos por esas tiendas suceden a plena luz del día.

Que escuelas se rasquen con sus propias manos

Pero algo más condenable sucedió esta semana, tras los efectos del huracán y los últimos terremotos.

Mientras que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunciaba la suspensión de clases este miércoles 20 en las escuelas de varios estados, entre ellos, Veracruz, para dar tiempo a las autoridades educativas y de protección civil a que hicieran dictámenes sobre la situación de los inmuebles educativos y se cercioraran de que no habría riesgo de derrumbe, Miguel Ángel Yunes decidió ignorarlo.

Dijo que sí habría clases, y dejó en las manos de los directivos escolares y las sociedades de padres de familia tomar la decisión de suspender las actividades en caso de que, tras hacer una ‘evaluación’, concluyeran que los planteles presentan daños (cuarteaduras, por ejemplo) que significaran riesgo de derrumbe y, por ende, pusieran en peligro a alumnos y docentes.

Desde el paso del huracán Franklin, la Secretaría de Educación de Veracruz, a cargo de Enrique Pérez Rodríguez, ha mostrado una preocupante negligencia al no cerciorarse del estado de las instalaciones físicas de los planteles educativos y, con ello, dejar abierta la puerta a una desgracia que seguramente ocultarán, como siempre, atribuyéndola a los dos últimos gobiernos priistas.

Varios directivos decidieron suspender clases en planteles de Xalapa. Tuvieron la fortuna de contar con personal de Protección Civil municipal para tomar una opinión profesional, pero miles de planteles en la entidad, ubicados en zonas rurales, pasarán por alto condiciones de riesgo porque no tienen apoyo profesional sobre el tema. Hemos visto cómo en la Ciudad de México, a raíz del colapso del edificio de la escuela privada Enrique Rébsamen, los planteles son visitados por ingenieros estructuristas, contratados por la SEP, para tomar la decisión.

¿Apoyarán a las escuelas que presenten daño? Absolutamente, no. No es el estilo del actual gobernante.

Y mientras en Veracruz no hay apoyo para quienes han perdido su casa o para las escuelas que presentan daño, personal de Protección Civil del Gobierno del Estado comenzó desde este miércoles labores de rescate en la Ciudad de México, en la Delegación Benito Juárez.