Las cárceles en México suelen ser un infierno o un cómodo resort donde lo único que no se tiene es la libertad. Todo depende del reo. Por supuesto, no son un lugar común para la gente con poder político y económico; pero si por alguna inevitable razón llegan a caer ahí, hay forma de salvar el pellejo.

Ahora que todo mundo corre apuestas sobre cuál será el destino de nuestro villano favorito, vuelve la discusión sobre lo que hoy representan las cárceles, un lugar que el nuevo sistema de justicia penal difícilmente alcanzará. Los centros de reclusión son un Estado dentro de otro: tienen su propio gobierno, sus propias leyes y formas de organización social, aunque eso sí, es el dinero quien sigue estableciendo los estratos de poder.

Por décadas, con la complacencia de las autoridades, las cárceles en México se han convertido sitios llenos de corrupción y violencia. Han suplantado su modelo como lugares de reintegración y adaptación de reos para convertirse en grandes negocios de las autoridades y escuelas del crimen de la delincuencia.

En México, el 65 por ciento de las cárceles padecen autogobierno, están sobrepobladas y no existe una política penitenciaria adecuada para enfrentar la problemática que las define, afirmó hace algún tiempo Elena Azaola Garrido, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), que pertenece al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Pero la situación ha empeorado.

Como dijimos, el sistema penitenciario es un país paralelo. Basta conocer las cifras. En México hay 418 centros penitenciarios en los que están recluidas más de 240 mil personas; de ellas, alrededor del 44%, es decir, 105 mil  600, se encuentran a la espera de que se les dicte sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, bajo el esquema del anterior sistema de justicia.

Los países con mayor población penitenciaria en el mundo, en números absolutos, son Estados Unidos (con más de 2 millones de presos), China, Rusia e India, resultado relacionado al tamaño de su población. México es el sexto país en el mundo en cuanto a número de población penitenciaria, con 260 mil internos a inicios de 2015, de los cuales 95 por ciento son hombres y sólo el cinco por ciento mujeres.

En efecto, explica el especialista Mario Luis Fuentes, en prácticamente todas las prisiones que existen en el territorio nacional se da una sistemática violación de los derechos humanos.

De las 418 cárceles, 306 son de operación y responsabilidad estatal; 90 están adscritos a la autoridad municipal; mientras que 12 lo están a la Federación; y uno al Distrito Federal, en los cuales, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enfrentan una severa crisis de incumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

De acuerdo con el Diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hay una larga lista de problemáticas no atendidas por las autoridades, las cuales se pueden resumir en el hecho de que actualmente las prisiones con frecuencia “propician abusos de poder, dadas las características de encierro y de vulnerabilidad en que por lo mismo, se encuentran las personas recluidas”.

Tales problemáticas, explica la CNDH, se reconocen principalmente en el deficiente control en el ejercicio eficiente de las funciones de autoridad; en 65 de los 101 centros visitados por la CNDH se encontró autogobierno o cogobierno; prevalece el hacinamiento y sobrepoblación, y no existe una adecuada separación entre las áreas destinadas a hombres y mujeres.

La situación es tan grave que el tema ya ha sido observado por instancias internacionales, pues en sus Observaciones al Estado Mexicano, el Comité contra la Tortura de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos, dice: “El Comité sigue preocupado por los informes que describen situaciones de hacinamiento, violencia entre reclusos y autogobierno en los centros penitenciarios del Estado parte, así como casos de extorsión a los familiares de los reclusos…

Según la investigadora, en México 65 por ciento de las prisiones padecen autogobierno, “lo cual es otro problema gravísimo porque la autoridad no está ejerciendo el control y son bandas las que lo tienen, y a veces someten de manera cruel y violenta”. Entre 2009 y 2013 más de mil internos se fugaron de las prisiones en México, y alrededor de 600 perdieron la vida, agregó la especialista.

Así que nuestro ínclito ex gobernador aquí no tendrá que preocuparse porque le haga falta un colchón, un ventilador y una lámpara. Volverá a los lujos de antaño; sólo le hará falta la libertad… y eso, quién sabe.

Las del estribo…

  1. Una vez más, el gobierno está utilizando las culpas ajenas para expiar las propias. Ayer el secretario de seguridad pública acusó a Fidel Herrera y a Javier Duarte de pactar con la delincuencia, lo que generó el clima de violencia que hoy vivimos. Eso ha sido vox populi, pero cuando lo dice la autoridad, está obligado a probar y castigar. Este gobierno sólo es de alharacas.
  2. Sara Ladrón de Guevara debe extrañar a Duarte ahora que ha conocido al verdadero Miguel Ángel Yunes. Primero la utilizó en campaña, luego como gobernador, desconoció el adeudo con la Universidad e intenta negarle su autonomía financiera. Hoy se prepara para arrebatarle la Rectoría. ¿Qué hará Sara? ¿Volverán a salir a las calles? No lo creo. A este régimen si le temen.