Prefacio.
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha tenido que admitir que no cumplió con uno de sus más importantes compromisos de campaña: Abatir la inseguridad en el estado en los primeros seis meses. *** Lo admitió, pero evadió la responsabilidad. Recurrió a la salida fácil de echarle la culpa a los que se fueron y atribuir la violencia a temas que son del ámbito federal, fuera de su alcance. *** Ezra Shabot, analista del periódico El Financiero, tiene un singular análisis sobre ese tema: “El aumento de los actos criminales reportados en los últimos días pretende ser explicado en parte por la inoperante aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que libera a miles de presos por la falta de pruebas o por procedimientos no apegados a la nueva norma. También, a que el delito de portación de arma sigue siendo considerado como no grave, lo que deja en las calles a personas armadas sin control alguno”. *** “Sin duda estos factores influyen en el crecimiento de los índices delictivos, pero no son suficientes para explicar el aumento de delitos del fuero común y simultáneamente la acción cada vez más violenta y cruel de los sicarios del crimen organizado. En todo caso habría que insistir más en el tema del debilitamiento de los cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente aquellos cuya responsabilidad se ubica en la esfera de los gobernadores, incluyendo la nula existencia de cuerpos profesionales de inteligencia destinados a infiltrar y neutralizar a las bandas criminales”. *** En opinión de este especialista, “suponer que el aparato federal de seguridad, incluida la rama militar con todo su poderío y penetración a nivel nacional, es suficiente para suministrar la información necesaria y al mismo tiempo combatir en el terreno a los ejércitos delincuenciales, es caer en el mismo error que se viene repitiendo desde el sexenio pasado y durante éste, y en donde ante la negligencia y corrupción de los gobernadores, el poder federal trata de tapar los cráteres en materia de saqueo e ineficiencia para evitar la catástrofe en todo sentido”. *** Señor gobernador, le toca hacer su trabajo.
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¡Ah pero qué fácil resulta criticar al gobierno por su “falta de sensibilidad”, por el “trato inhumano” que le da a pensionados y jubilados, hombres y mujeres que dejaron sus vidas en el servicio público y que ahora batallan para subsistir con una pensión que, además de limitada, llega con retraso y en ocasiones incompleta!
¡Qué fácil es opinar de esos temas desde la comodidad del hogar, o saboreando una deliciosa taza de café en el centro de la ciudad, con un grupo de amigos con los que se trata de “arreglar el mundo”!
La mejor forma de ubicar a esos “genios de café” es trasladándoles la responsabilidad de aquello que tanto critican.
Ya se dieron cuenta los nuevos administradores del gobierno estatal que al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no le alcanza con sus ingresos propios, ni con el subsidio previsto en el presupuesto de egresos de Veracruz, para cubrir puntualmente las pensiones.
Las matemáticas son muy simples: Cada vez son más los pensionados (la esperanza de vida es cada vez mayor) y cada vez son menos los empleados que aportan sus cuotas al IPE.
Este jueves se reunieron en el Palacio Legislativo las partes involucradas en este tema. Diputados locales, dirigentes sindicales, representantes de jubilados y pensionados y funcionarios del Instituto de Pensiones del Estado. Dicen que no llegaron los representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, “porque no les dieron permiso”.
Ante la ausencia de la titular de Sefiplan, Clementina Guerrero, y del actual titular del IPE, Hilario Barcelata, diputados y dirigentes sindicales criticaron la falta de interés de las actuales autoridades para dar solución a uno de los problemas más graves en materia de finanzas que enfrenta el gobierno de Veracruz.
El déficit anual del IPE es de cerca de 2 mil 400 millones de pesos (esto es, 200 millones al mes) y el Presupuesto de Egresos del 2017 (ese que aprobó el Congreso local y que Miguel Ángel Yunes Linares decidió ignorar) apenas consideró 750 millones de pesos como “subsidio” para ese organismo.
El Artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado establece que “de darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por los patrones, en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales”. Pero al final del mismo artículo advierte: “El gobierno del Estado será responsable solidario del cumplimiento de esta obligación”.
Así pues, ante el mandato jurídico y en virtud de que un importante segmento de los afiliados al IPE corresponden al gobierno estatal, es menester que la Secretaría de Finanzas asuma su responsabilidad y respaldo a los pensionados en la medida que se requiere, en tanto se analizan opciones para capitalizar al IPE y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
Por allá del 2012 fue presentado un documento firmado por el maestro Rogelio Ladrón de Guevara Domínguez, académico del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, en el que hace una serie de recomendaciones para mejorar el funcionamiento del IPE. A pesar del tiempo transcurrido, tanto el diagnóstico como las recomendaciones ahí plasmadas conservan vigencia.
“Para sanear las finanzas del Instituto y brindarle una nueva vida, se tiene que diseñar una nueva estrategia primero para conservarlo vivo, después para que se mantenga y tercero para que crezcan sus reservas, para que todos sepan y estén seguros de recibir el 100% de su último sueldo como trabajador activo, para ello, los esfuerzos de la dirección actual y las que vengan después, deberán continuar y fortalecer los planes a corto, mediano y largo plazo, porque esta Institución no es una empresa sexenal sino que es una empresa para toda la vida”, apunta el documento.
Plantea, además una “disciplina estricta de cobro”, pues advierte que uno de los grandes males que han tenido todas las administraciones del IPE, es no tener una disciplina de cobro estricta de las cuotas y aportaciones de los organismos obligados a ello.
Algo que también plantea como necesario para que el IPE mejore en su funcionamiento, es cambiar la forma en que se nombra a su Director: “El Instituto, es una verdadera empresa que requiere de un profesionista altamente capacitado para ser su director, debe conocer la manera más eficiente para administrar y proteger los recursos que maneja el Instituto y sobre todo en sus decisiones tener presente las obligaciones que tendrá en el futuro”.
Esas y muchas aportaciones más están haciendo personas interesadas en el fortalecimiento del IPE. Lo que falta es interés de las autoridades y de los representantes populares en el Congreso local, para poner en marcha una profunda revisión y reforma en el funcionamiento de ese organismo.
¿Pensará Miguel Ángel Yunes Linares que resulta más cómodo “patear el bote” y echarle la culpa a los que se fueron?
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Epílogo.
Que el traslado de Javier Duarte a tierras mexicanas podría darse más pronto de lo previsto. Muy pronto habrán de conocerse las verdaderas motivaciones del exgobernador de Veracruz al allanarse a las solicitudes de extradición. Cuentan que una de las primeras gestiones de su defensa será pedir la comparecencia de Miguel Ángel Yunes Linares, quien legalmente no estaría obligado a acudir, pero lo pondría en un serio predicamento. Ya se verá. *** Más policías federales, más soldados del Ejército, más elementos de la Marina, y la violencia no cesa en Veracruz. Menos grilla y más trabajo por parte del gobierno estatal, quizá eso ayude.
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