En el Altiplano comienzan a ventilarse problemas en la integración de los expedientes relacionados con las denuncias contra funcionarios de la pasada administración estatal.

En su edición del pasado día 5 del presente, el periódico El Financiero retoma un estudio realizado por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que alerta sobre una supuesta ineficiencia por parte de la Fiscalía General del Estado, particularmente en la integración de los expedientes.

El problema es que esa presunta actuación ineficiente de la autoridad responsable de procurar justicia en la entidad veracruzana podría implicar que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa libre “los cargos y delitos del fuero común de los que se le acusa”, señala dicha información.

El mencionado medio informativo, especializado en economía y finanzas, maneja en dicha nota que el estudio de la Sección Instructora apunta que si el fiscal veracruzano “continúa operando y tomando decisiones con ilegalidades, se le puede caer todo el caso y el expediente con el que se pretende sancionar al ex gobernador por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, y por los que ya se libraron dos órdenes de aprehensión”.

No es un asunto menor porque esa presunta ineficiencia de la Fiscalía podría representar que ese y otros casos se vengan abajo; es decir, que los señalados por actos de corrupción terminen librando los cargos ante los tribunales.

Incluso, se menciona que esas probables ineficiencias son por errores o por una actuación deliberada, más vinculada a fines mediáticos.

El punto es que de confirmarse esas versiones; es decir, en el caso de que Duarte de Ochoa libre las acusaciones de la Fiscalía General del Estado, las del fuero común, tanto el titular de dicha dependencia del Poder Ejecutivo veracruzano, Jorge Winckler Ortiz, como toda la administración que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares podrían quedar mal parados y exponerse a la crítica, al ridículo y al escarnio público nacional.

En esos casos, el gobierno estatal no puede darse el lujo de convertirse en el hazmerreír del país, al propiciar, por omisiones o ineficiencias, que en el caso del ex gobernador Duarte prevalezca la impunidad.

Licitan carretera Banderilla-Misantla

Finalmente, tras años de abandono, parece que la reconstrucción del tramo carretero Banderilla-Misantla será un hecho.

Este seis de julio fue licitada la obra, que implica la reconstrucción de dicha vía de comunicación, desde el kilómetro 3+150 al 23+000; del 45+700 al 55+700; y del 58+700 al 72+100; son casi 44 kilómetros de carretera que actualmente están destruidos y cuyos trabajos se espera que queden terminados el último mes del año.

En 149 días, la empresa constructora que gane la licitación pública del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, tendrá que terminar esos trabajos, que beneficiarán a los municipios de Banderilla, Jilotepec, Naolinco, Landero y Coss, Chiconquiaco, Acatlán, Misantla, Colipa, Yecuatla y Juchique de Ferrer, entre otros.

Esa carretera está convertida actualmente en un camino de herradura, lo que contribuye a incrementar los niveles de marginación de la población de esos lugares.

Acusado por corrupción tiene nuevo cargo en Oaxaca

Serafín Hernández Sagaón, un gris y cuestionado personaje que fue señalado por un presunto desvío de recursos a su paso por la Legislatura del Estado de Veracruz, fue nombrado, casi a escondidas, como nuevo director de Administración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

Hernández Sagaón fue tesorero de la Legislatura veracruzana; al terminar ese cargo fue señalado por un presunto desvío que superaría los 75 millones de pesos.

A pesar de esos antecedentes y del predecible rechazo de la poderosa Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el ex funcionario de la pasada legislatura del Estado recibió dicho nombramiento. @luisromero85