La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer, el pasado 30 de junio, el Sistema de Alertas de las entidades federativas, que contiene información que se relaciona con la observación que dicha instancia mantendrá sobre el nivel de la deuda de diez entidades del país: Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

El Sistema de Alertas de la SHCP ubicó a esos estados en semáforo amarillo en el asunto de la deuda pública, lo que significa que debido a las presiones financieras que tienen, les será imposible contratar deudas que sobrepasen el cinco por ciento de sus ingresos disponibles.

De todos los estados evaluados, sólo Coahuila fue ubicado en foco rojo, lo que indica que dicha entidad, gobernada por el priista Rubén Moreira Valdés, no podrá endeudarse más; llegó al límite porque el tamaño de su deuda equivale al 205 por ciento de sus ingresos disponibles.

Dicha herramienta de la citada dependencia, que tiene como titular a José Antonio Meade, utiliza básicamente tres indicadores como variables: primero, la relación entre la deuda y los ingresos estatales. En el caso de Veracruz, la deuda pública equivale a 125.7 por ciento de los ingresos del estado, por lo que la entidad fue colocada en la casilla del foco amarillo, con endeudamiento limitado y en observación. En el mencionado rubro, la entidad fue ubicada como la cuarta con los peores números.

El segundo indicador es el costo del servicio de la deuda con relación a los ingresos; en ese rubro, Veracruz aparece muy mal ubicado, también el cuarto peor del país, debido a que de sus ingresos disponibles, el estado debe ocupar 12.1 por ciento para cubrir los intereses de sus pasivos.

El tercer factor para determinar el nivel de observación por parte de la Secretaría de Hacienda se relaciona con las obligaciones a corto plazo y los compromisos con proveedores y contratistas y su proporción con los ingresos totales. Sobra decir que debido a la deuda acumulada y aumentada de forma exponencial por las dos anteriores administraciones, Veracruz también registra números lamentables.

El 4.8 por ciento de los ingresos totales de la entidad gobernada por Miguel Ángel Yunes deberá destinarse para cubrir sus obligaciones de corto plazo, de tal forma que ese indicador, sumado al costo del servicio de la deuda (intereses), representa para Veracruz el 16.9 por ciento de sus ingresos.

Por otro lado, de los ingresos totales de la entidad habría que restar no sólo los compromisos de corto plazo y el servicio de la deuda, sino también la transferencia de recursos que corresponden por ley a los municipios. El resultado será, de forma inevitable, una reducción significativa en el dinero de que dispondrá el gobierno estatal para gasto corriente, nómina, obras y programas.

Para la entidad veracruzana, la crisis parece no tener fin; lo que estamos observando es el resultado del endeudamiento irresponsable y desproporcionado; la corrupción gubernamental y el saqueo de los recursos públicos. Tras doce años de borrachera, Veracruz enfrenta una fuerte resaca que podría prolongarse por al menos una década.

Entre los más corruptos

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Inegi, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, correspondiente a 2016.

El estudio mencionado indica que la entidad del país en la que los empresarios perciben el mayor problema de corrupción es Tabasco, seguida por Veracruz y la Ciudad de México.

En Tabasco, 92,7 por ciento de los empresarios considera que los actos de corrupción en esa entidad son frecuentes. En Veracruz, que ocupa el segundo lugar nacional, la cifra llegó a 92.1; en tanto que la Ciudad de México se ubicó en tercero, con 91.5.

Por cierto, 93 de cada 100 empresarios veracruzanos afirma que el principal problema es la inseguridad. @luisromero85