Los hechos violentos registrados este fin de semana en Veracruz pusieron en evidencia –una vez más, sólo que de manera más descarnada-, el empoderamiento de la delincuencia organizada, la fragilidad institucional de las fuerzas de seguridad federales y estatales, pero lo más lamentable, la polarización social entre quienes buscan en el gobierno, el anterior y el actual, a los culpables de esta tragedia, cuando en realidad siguen siendo los mismos de siempre: los delincuentes.

La muerte de una familia en Coatzacoalcos y del principal mando de la Policía Federal en Veracruz desató toda una guerra de opiniones. Todas con un poco de verdad y un tanto de mentira. Sin embargo, ninguna de ellas refirió una condena directa a los responsables de estos hechos. Tal vez por miedo, tal vez por el interés político, tal vez por ignorancia, lo cierto es que estamos creando el escenario socialmente ideal para que la tragedia, un día cualquiera, toque a nuestra puerta.

La condena debe ser, antes que a nadie, a los delincuentes, a quienes infringieron esta violencia inimaginable. Pero también es cierto, los delincuentes no son los únicos responsables de esta y de otras cientos de muertes en Veracruz en los últimos años. Lo son gobiernos cómplices y omisos que durante una década se entronizaron, y una administración estatal sin una estrategia clara para la solución del problema. Acusar una herencia es justificar una incapacidad.

Y si la herencia es cierta, que actúen en consecuencia. Que metan a la cárcel a los ladrones y no pacten políticamente con ellos; que enfrenten la justicia quienes permitieron que la delincuencia organizada se hiciera de tanto poder e impunidad; que hagan uso de los recursos técnicos y humanos a su alcance y no se enfrasquen en politiquería y discursos sin soluciones.

Por otra parte, el manejo informativo institucional ha sido lamentable. El video del mandatario estatal, grabando en el lugar del homicidio del mando de la policiía, sólo muestra con nitidez lo que ha sido su gobierno: un escenario oscuro e improvisado, con un discurso retórico lleno de lugares comunes, salpicado de muchos adjetivos pero de ninguna solución concreta. El papel del gobierno –el de antes y el de ahora, para evitar críticas por afinidad-, no es sentirse agraviado sino evitar que estas cosas pasen. Ambos han fallado y los hechos así lo demuestran.

Y en el caso del periodismo, este fin de semana hubo acciones verdaderamente lamentables, inhumanas. Hemos extraviado el sentido común y la ética periodística; hemos confundido impunemente nuestro derecho a la información con un morbo que solo alimenta a los buitres.

Realmente ¿abona en algo al ejercicio periodístico, al deber de informar este tipo de acontecimientos, mostrar las imágenes de la familia reunida en torno a un charco de sangre, con las huellas de la brutalidad en los cuerpos inertes de los pequeños? ¿De verdad un lector común necesita la imagen del comandante de la Policía Federal y su subalterno tendidos en el piso, para saber lo que realmente pasó? Mostrados así, ¿qué pensarán las familias de unos y otros?

Entiendo que para cualquier investigador o perito, este tipo de imágenes forman parte de su trabajo y contribuyen a la integración de la carpeta de investigación. Pero ¿en qué tipo de medios nos hemos convertido, que dedicamos nuestras primeras planas a exaltar la violencia sólo para satisfacer el morbo de algunas personas con la desgracia ajena? Pues, ¿en qué forma de sociedad hemos involucionado?

Es cierto, en otros lugares, en otros momentos, la difusión de este tipo de imágenes –como la de Aylan Kurdi, el pequeño sirio de tres años que murió ahogado en su intento por llegar a una isla griega; o la de las personas fallecidas en los recientes atentados en diversas partes de Europa-, alimentan la indignación, y obligan a los gobiernos a tomar medidas drásticas e inmediatas en contra de los responsables.

En nuestro caso, solo contribuyen al propósito del homicidio mismo: la agresión, la venganza, la brutalidad, generando una sensación de inseguridad y temor, de incapacidad de la autoridad, que sólo beneficia a la delincuencia. Esto nos convierte en promotores inconscientes de esta violencia, lo que hace que se multiplique y no se reduzca; luego de este fin de semana, los autores del crimen deben estar satisfechos porque lograron más allá de lo que se proponían.

Habrá voces que no estén de acuerdo. Que aleguen que periodismo está obligado a reflejar los hechos con la misma crudeza con que suceden y que es el papel de la audiencia construir sus propias realidades. Pero es necesario que esto se discuta. Es urgente que encontremos soluciones a la inseguridad y al manejo periodístico que se hace de ella. Ser voceros de esta tragedia no debe ser opción, menos aun si se hace en la ilegalidad.

Es lamentable ver como las redes nos polariza por razones políticas, cuando la indignación tiene el mismo origen. No saldremos de esta situación culpando a Duarte o al Gobernador Yunes. Lo he dicho antes: queremos que el Gobierno de Veracruz tenga éxito, que lo haga bien y que cuente con el respaldo de los ciudadanos para que no vuelva a pasar lo de Cardel ni lo de Coatzacoalcos.

Es necesario también que hagamos un periodismo libre pero que no revictimice a las personas. Porque podemos ocuparnos en echarnos la culpa unos y otros, pero así, no tengo duda, estamos facilitando la tarea de nuestros victimarios.

Concluyo con una reflexión de la doctora Linda Castro, experta en temas de seguridad: Se ha naturalizado la violencia en nuestra sociedad mexicana; forma parte de nuestra cotidianeidad. Pareciera que hemos perdido la batalla ante la omisión de cumplimiento de deberes legales y complacencia de nuestras autoridades y la apatía ciudadana que se ha convertido en testigo cómplice.

La del estribo…

  1. El tema de inseguridad es algo realmente grave. La ingobernabilidad no conviene a nadie, sólo a quien la provoca. Ojalá no caigan en la tentación de sacar otra caja china con videos, reparto de fajos de billetes o aprehensiones de vodevil. Sería un verdadero acto de desesperación.
  2. A todo esto. ¿Dónde está la Fiscalía y sus obligaciones legales? ¿Por qué no se hace el resguardo de la escena del crimen y se garantizan los derechos de las víctimas? ¿Quién está permitiendo que pasen estas cosas?