Basado en las cifras de periodistas asesinados en los últimos tres sexenios, Roberto Campa Cifrián -Subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos-, hizo ayer una afirmación temeraria y falaz: “no es el peor momento para los periodistas en México”. Está viendo el vaso medio lleno.
El escenario de violencia y persecución que viven infinidad de medios y periodistas en todo el país, no se reduce al número de esquelas que se publican. Tiene que ver con su entorno y las garantías que ofrecen el Estado y sus empresas para ejercer libremente su profesión. Para realizarla sin censuras ni amenazas, sin ser vigilados por los intereses de la delincuencia ni por el propio gobierno, que sigue utilizando al espionaje como forma de control político.
Si consideramos estos elementos, está claro que los periodistas sí pasan por su peor momento. Violentados y agredidos por un lado; censurados y vigilados por el otro; se encuentran a fuego cruzado, sin ningún aliado.
Campa Cifrián es un político preparado. Un funcionario público que ha entregado buenas cuentas por donde ha pasado. Últimamente ha hecho de Veracruz una especie de oficina alterna para atender a las decenas de familiares de personas desaparecidas que mantienen su lucha y su búsqueda. Generalmente sabe muy bien de lo que habla, sin embargo, esta vez sus razonamientos suenan más a una excusa muy forzada del gobierno para el que trabaja.
Dijo, por ejemplo, que la violencia contra el gremio aumentó desde la administración de Vicente Fox y encontró su punto más álgido con Felipe Calderón. Según la OMS, actualmente seguimos en una situación de “epidemia de la violencia”, es decir, cuando se registran más de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero el tema se pone aún más grave cuando se señala que el 99.8% de los casos se encuentran impunes. Así, ni la protección ni la justicia funcionan para los periodistas.
Pero eso a los gobiernos estatales les interesa poco. Los gobernadores que no se sienten cómodos con los medios, hacen lo posible por cooptarlos, perseguirlos o simplemente desaparecerlos, como sucede en Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas. En el peor de los casos, generan las condiciones para que la delincuencia organizada actúe en total impunidad cuando se trata de agredirlos.
Pero resulta que casi al mismo tiempo que el funcionario federal hablaba de que no estamos tan mal, el prestigiado diario The New York Times (NYT), publicó ayer –vaya usted a entender eso de las casualidades-, que defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción han sido vigilados por un programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano.
Según la nota divulgada por El Financiero, «desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje», dice citando al NYT.
Se trata del software conocido como Pegasus, el cual se «infiltra en los smartphones y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto», según el reportaje del NYT reproducido este lunes por distintos medios.
Entre los señalados están periodistas y activistas mexicanos como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas, Carlos Loret de Mola, y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). “Somos los nuevos enemigos del Estado”, respondió Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3.
Es decir, a estos personajes no sólo no se les protege, sino que se les vigila con herramientas de vanguardia. Y resulta muy difícil de creer que una inversión de millones de dólares sirva para indagar la vida personal y profesional de apenas unos cuántos. La lista debe ser mucho más larga y delicada de lo que supone el periódico estadunidense.
Aunque el programa sólo debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas, el fabricante del software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que sólo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles de droga. Evidentemente en México no lo hicieron así.
Tal vez Campa sabía que se haría público el espionaje que ejerce el gobierno mexicano y quiso ganar la nota. Lo que dijo no falta a la verdad, son las cifras oficiales de periodistas asesinados. Es una forma de medir, es cierto, pero está claro que apenas es un referente sesgado de la verdadera situación que prevalece respecto al trabajo de los periodistas en México.
La del estribo…
- La corriente crítica del PRI. Al calor de la Asamblea Nacional y la inminente selección del candidato a la Presidencia, muchas corrientes se formarán al interior del PRI; aquí y en el centro del país. Todas las voces que actúen en contra de cualquier imposición cuentan mucho. No son políticos de café. Todos han tenido oportunidad y circunstancia para hacer política de alto nivel.
- ¿Y el experto en seguridad? Si cancelan los días francos, sólo tendremos corporaciones policiacas mental y físicamente agotadas, sin capacidad de respuesta, desmotivadas ante el exceso de responsabilidad y la escasez de paga. Seguimos esperando lo prometido: la tecnología, los drones, a un Secretario de formación militar… y el sentido común.