La exvocera del Gobierno duartista, María Gina Domínguez Colío, adjudicó los pagos millonarios a medios de comunicación, empresas «fantasma» y de amigos y familiares de Javier Duarte de Ochoa, a por lo menos 16 dependencias del Gobierno.

Al no poder comprobar estos gastos desde la entonces Dirección General de Comunicación Social (DGCS), la ex funcionaria ordenó distribuirlos entre los gastos de difusión de las dependencias en el periodo de 2011 a 2012.

Según el fiscal Abraham Cerón Palafox, en ese periodo el Gobierno de Javier Duarte pagó casi mil millones de pesos a diversas empresas, a través de secretarías como Salud, Sedarpa, SEV, Sedesol, la entonces Procuraduría de Justicia, Contraloría, Secretaría de Comunicaciones, entre otras.

El mayor gasto fue erogado por la Secretaría de Gobierno, que en ese periodo reportó convenios por 72 millones 404 mil 239 pesos; la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), 71 millones 627 mil 550 pesos e incluso la misma Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), encabezada por Tomás Ruiz y cuyo tesorero era Tarek Abdalá Saad, actual diputado federal, reportó 71 millones 92 mil 621 pesos como gasto.

Ese año, Duarte de Ochoa lanzó la campaña «Hablemos y actuemos bien por Veracruz», y de la mano con empresarios, prometió impulsar el desarrollo económico de la entidad.

Mientras, la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), encabezada por Erik Porres Blesa, actual delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), gastó 70 millones 623 pesos en la difusión de actividades.

El secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, reportó «convenios» de difusión del orden de 69 millones 293 mil pesos; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), manejada por Manuel Martínez de Leo, gastó 68 millones 979 mil 243 pesos en la promoción de sus actividades; la Secretaría de Turismo (Sector), a cargo de Harry Grappa, 68 millones 643 mil 308 pesos.

En ese periodo, las empresas y medios de comunicación «facturaban» los convenios publicitarios a cargo de las dependencias del Gobierno, a pesar de negociarlos directamente en las oficinas de la entonces Coordinadora de Comunicación Social.

Otra dependencia que reportó gastos millonarios en este rubro fue la Secretaría de Salud, en ese tiempo encabezada por Pablo Anaya Rivera, actual candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la alcaldía de Poza Rica, ya que reportó gastos por 68 millones 94 mil 678 pesos.

Al presentar en 2011 el Plan Veracruzano de Desarrollo, Duarte de Ochoa aseguró que su Gobierno actuaría con orden, calidad en la gestión pública, responsabilidad en las finanzas y que promovería la estabilidad económica.

Avalaron convenios millonarios con empresas fantasma

Mientras tanto, desde la Dirección General de Comunicación Social, Gina Domínguez y otros funcionarios avalaron convenios millonarios con empresas inexistentes y otras ligadas a estos personajes.

Así, en el periodo de 2011-2012, cuando se recortó el gasto a Comunicación Social y quedó en 50 millones de pesos, Gina Domínguez pidió reportar ante Sefiplan gastos por 66 millones 625 mil 672 pesos.

La entonces Secretaría de Comunicaciones (Secom), a cargo de Raúl Zarrabal Ferat, informó a la Sefiplan que debía pagar 66 millones 625 mil 672 pesos.

Felipe Amadeo Flores Espinosa, entonces procurador de Justicia en el estado, reportó a la Sefiplan la erogación de 66 millones 13 mil 381 pesos por convenios de difusión con empresas de medios de comunicación.

La Secretaría de Protección Civil (SPC), cuya titular era Noemí Guzmán Lagunes, actual diputada federal, dijo haber facturado 65 millones 740 mil 268 pesos.

La Contraloría General del estado, encargada de promover el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos, también participó en esta forma de operar del Gobierno duartista, ya que reportó el gasto de 59 millones 170 mil 102 pesos.

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), encabezada por Víctor Joaquín Alvarado Martínez, generó convenios por 63 millones 954 mil 949 pesos; la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP), 396 mil 523 pesos y extrañamente, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a cargo de Marcelo Montiel Montiel, solo pagó 70 mil 640 pesos por este rubro.

Cabe destacar que estas cantidades corresponden únicamente al periodo 2011-2012; es decir, durante los primeros dos años de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, ya que la Fiscalía aseguró que los gastos por convenios con medios de comunicación fueron de 5 mil millones de pesos durante todo el sexenio.

De esta forma, reportó el fiscal Abraham Cerón Palafox, se ocultaron los «convenios» de la coordinadora de Comunicación Social que no contaban con el respaldo contractual y sin haber antes solicitado la disponibilidad presupuestaria a la Sefiplan para poder sustentar los pagos.

En ese tiempo, el entonces jefe de la Unidad Administrativa de la DGCS, Luis Manuel Salgado González, firmó una auditoría a esta área (OFF/2400/06/2012) en la que señaló que no se celebraron contratos o convenios con medios de comunicación.

A la salida de Gina Domínguez de la ya entonces Coordinación y la llegada de Alberto Silva Ramos, se siguió con los pagos millonarios a medios de comunicación y empresas «fantasma», que no entregaban facturas ni testigos del servicio prestado, según obra en la declaración del testigo protegido número dos de la Fiscalía General del estado.

Cabe destacar que Gina Domínguez enfrenta un proceso penal por los delitos de abuso de poder, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del servicio público, por haber realizado acuerdos con medios de comunicación sin contrato y de los cuales no obran facturas.

Incluso, de haber beneficiado a empresas «fantasma» como Centro de Recursos de Negocios (Cerene) y Morgarvert, así como otras seis empresas que actualmente son investigadas: G-Man Smart Bussines, Cordocon, Montmartre, Corporativo Ribello SA de CV, Newville Nueva Imagen Visual y Comercializadora Maza de Córdoba.Perla Sandoval

Perla Sandoval/Avc