Pacho Viejo, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que la vocera del gobierno duartista, Gina Domínguez Colío, habría beneficiado a empresas «fantasma», empresas de conocidos y familiares del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y empresas propias, con pagos millonarios con recursos públicos, incluso del rubro de provisiones salariales y económicas del Gobierno del Estado.

En la audiencia de vinculación realizada en la sala de juicios orales, el fiscal Julio Rodríguez Hernández precisó que durante el sexenio duartista se pagaron cinco mil millones de pesos por convenios con medios de comunicación y que durante el paso de Gina Domínguez el daño al Gobierno del Estado habría sido de 105 millones 937 mil pesos.

Entre las empresas beneficiadas con pagos millonarios derivadas de acuerdos verbales y no contratos, figuran dos empresas «fantasma»: Centro de Recursos de Negocios (Cerebro) y Morgavert, a quiénes Gina Domínguez ordenó el pago de 11 millones 688 mil pesos y 12 millones de pesos, respectivamente.

Además a otras empresas como Monmart le fue pagado 30 millones de pesos; a G-Man Smart business, 17 millones de pesos y Cordocan, presumiblemente propiedad de Gina Domínguez, el gobierno habría pagado 4 millones 822 mil pesos.

A Corporativo Rivelo cinco millones de pesos; a Comercializadora Maza de Córdoba, 17 millones 250 mil pesos; a New Villegas Nueva Imagen, 7 millones 675 mil pesos.

Además, la Fiscal argumentó que durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se habría beneficiado a medios de comunicación propiedad de la familia Sánchez Macías con 300 millones de pesos y Othón González con 200 millones de pesos.

Lo anterior sin que mediara un contrato o convenio para la prestación del servicio y que según la fiscalía en muchas ocasiones eran pagos a medios que sólo imprimir una hoja que se regalaba como en el caso del periódico Centinela.

Otros medios señalados como vinculados a Gina Domínguez son: Águila de Veracruz y Radio Capital, que fueron señalados por testigos de la fiscalía como empresas beneficiadas con contratos millonarios.

Tras más de cuatro horas de audiencia la fiscalía general solicitó la vinculación a proceso de Gina Domínguez por los delitos de abuso de poder y cumplimiento de un deber legal y cuál y Sion en agravio del servicio público

Esto debido a que presuntamente ordenó ilegalmente a sus subalternos Mario Rafael Villegas Rivadeneyra y Luis Manuel Salgado González, hacer el pago a ocho empresas sin haber contrato y sin haber prestado el servicio.

Gina Domínguez culpa a la Sefiplan

Gina Domínguez Colío, ex vocera del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, responsabilizó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de haber hecho pagos a medios de comunicación con rubros distintos a los de la difusión de las tareas del gobierno del estado.

Al intervenir en la audiencia de vinculación que se realiza en la sala de juicios orales número 4 de Pacho Viejo, aseguró que su labor al frente de la Coordinación General de Comunicación Social se limitó a solicitar la suficiencia presupuestaria a Sefiplan para enfrentar los pagos con los medios de comunicación.

En ese sentido, justificó que su área no manejaba los recursos y que si la Sefiplan pago con rubros que no eran los destinados para tal efecto esa ya no era su responsabilidad.

Dijo que a su paso por la Coordinación General de Comunicación Social se sometió al arbitrio de las leyes e insistió en que si las partidas fueron tomadas de rubros diferentes eso ya no es su responsabilidad.

«Nuestros trabajo terminaba al entregar la solicitud de suficiencia presupuestal a la Sefiplan».

La imputada por los delitos de incumplimiento de un deber legal, coalición en contra del servicio público y abuso de poder, justificó no haber realizado contratos de publicidad con los medios de comunicación al señalar que habría sido ilegal ya que no contaba con los recursos presupuestarios.

Precisó que entre las funciones que desempeñaba como coordinadora de Comunicación Social no estaba la elaboración del presupuesto de difusión.

«Lo digo con todo respeto, no es de creerse que se solicitara la disposición presupuestaria sin facturas porque la encargada de Medios es una empleada con 20 años de servicio y que conocía la normatividad, y es una profesional que no se hubiera prestado a cometer alguna irregularidad».

Y agregó que durante los tres años al frente de la Coordinación nunca tuvo una observación ni del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ni de la Contraloría General del Estado.

Aseguró que además ella nunca firmó las órdenes de pago, sino que fueron sus jefes de la Unidad Administrativa; es decir, Mario Rafael Villegas Rivadeneyra y Luis Manuel Salgado González, los que se encargaban de tales acciones.

Aseguró que los dichos de los testigos son «meros señalamientos» que no lograron probar la vinculación de algunas empresas con su persona.

Incluso, alegó que los señalamientos de la fiscalía entorno a la orden de pago a la empresa Centro de Recursos de Negocios (Cerene) fueron hechos cuando ya no estaba en el cargo.

«Los pagos a los que se refiere la Fiscalía se hicieron de junio a noviembre de 2014 y yo ya no estaba en funciones por lo que no puede ser atribuible a mi personas».

Domínguez Colío agregó que muchos pagos además se hicieron directamente por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), tras la gestión de sus dueños ante esta instancia.

«Durante mi gestión me apegué a las leyes y reglamentos, no se violentó ninguna circunstancia de lo que me correspondía, el ejercicio de los recursos públicos no me correspondió».

Y negó que haya proferido amenazas en contra de sus empleados o que hubiera mandado a golpear a su jefe de Unidad Administrativa, Mario Villegas Rivadeneyra.

Asimismo, responsabilizó al Congreso del Estado de no poder dar a conocer la información sobre los pagos a medios de comunicación, al señalar que desde este poder se determinó que esta información era de tipo clasificada.

Perla Sandoval/Avc