Cuando se judicializa la política, tarde o temprano se cae en el riesgo de politizar la justicia. En Veracruz, el poder camina en el filo de esa navaja, siempre con la posibilidad de un resbalón vergonzoso.

Uno de los casos más patéticos ha sido la detención del dirigente (reconocido oficialmente, si bien, corrupto y criminal) de los trabajadores de TAMSA, Pascual Lagunes Ochoa, acusado de dos homicidios ocurridos al calor de la lucha por el poder sindical, y que está a punto de salir libre, por la presión social… y empresarial.

Miguel Ángel Yunes Linares ha debido echar atrás la acción ordenada a la Fiscalía General del Estado para la detención del líder obrero. Su discurso engolado de que en Veracruz se acabó la impunidad, solo porque llevó a la cárcel a Pascual, está a punto de zozobrar. Si lo libera pese a ser culpable de los homicidios, la impunidad será más evidente que nunca. Si lo mantiene en el Penalito del Puerto de Veracruz y deja que cierre la planta Tenaris-TAMSA, habrá tirado una las grandes fuentes de empleo de la zona conurbada e importante fuente de divisas para el país.

Nadie en su sano juicio debió creerle que con ese acto desmedido, en cuyas entrañas latía la convicción de que buscaba socavar el apoyo político priista y, con ello, allanarle el camino a su hijo Fernando para que ganara la alcaldía porteña, se podía cantar victoria sobre la impunidad.

En la Fiscalía General, atribulada por fundamentar los expedientes contra los duartistas corruptos en el más breve tiempo para aprovecharlos electoralmente, se acumulan cientos de expedientes de nuevos homicidios ocurridos en la entidad. Nadie de se ocupa de ellos, menos por encontrar los miles de cuerpos de los desaparecidos, cuya labor titánica realizan colectivos civiles. El Fiscal Jorge Winckler sigue sin siquiera reunirse con ellos.

Se preocupan ahí con más precisión, al igual que legisladores como Marijose Gamboa, en echar sobre las espaldas de los padres dolientes la enorme responsabilidad de armar los expedientes. La diputada panista, ella misma víctima de la justicia, está más interesada en que los colectivos le echen la caballada al anterior Fiscal, el mismo que cometió en su caso el más terrible abuso de poder y que dejó libre su gobernador con tal de dejar libre el paso al ineficiente Jorge Winckler. Venganza, no justicia, parece la máxima del yunismo rampante.

No hay un trabajo que permita combatir la impunidad en Veracruz. Ni siquiera para esclarecer el homicidio del periodista Ricardo Monlui, pese a que Miguel Ángel Yunes acudió al evento de Enrique Peña Nieto en que, como una mascarada, anunció que combatiría la violencia contra los periodistas y abatiría la impunidad de casi el 100 por ciento en los casos ocurridos durante su gobierno. Nadie mueve un solo dedo contra la impunidad.

¿Y si cerraran TAMSA, qué?

Tres días de paro de brazos caídos en la producción de tubos de acero sin costura que Tenaris-TAMSA produce en su planta de Veracruz para comercializar entre las potencias petroleras del mundo bastaron para ablandar la enjundia discursiva de Yunes Linares.

La noche del martes se reanudaron las operaciones. Para ello, debió venir personalmente Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, propietario de Tenaris-Tamsa, para establecer que el dirigente reconocido legalmente era Pascual Lagunes, por lo que logró, en negociación directa con el Ejecutivo estatal, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dejara sin efectos la toma de nota otorgada a dirigente opositor a Lagunes, José Carlos Guevara Moreno y su comité ejecutivo.

En un comunicado oficial, TenarisTamsa agradeció el apoyo del Gobierno del Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los trabajadores y sus representantes sindicales, por haber contribuido a resolver este conflicto para bien de todos los que laboramos en la empresa, clientes, proveedores, familias y la comunidad veracruzana.

Por la mañana, Yunes Linares señaló que se encontraban en negociación con un grupo de trabajadores que tienen la representación de todos los demás, para solucionar el conflicto que mantenía fuera de operación a la empresa.

Pero no solo se trata de un error de la Secretaría del Trabajo federal “al dar una toma de nota a un grupo que no celebró ni siquiera una asamblea”, del que se derivaron enfrentamientos verbales, físicos y lo subsecuente [la muerte de dos trabajadores], sino que también ha estado en la mesa la liberación de Pascual Lagunes, aunque Yunes diga que el asunto penal no está sujeto a negociación.

De lo que se trata es de salvar una de las pocas grandes empresas de la industria de la transformación que están en territorio veracruzano, que ofrece trabajo a miles de paisanos y constituye de las pocas llaves que permiten una importante derrama económica en el estado.

Paolo Rocca fue muy claro ante Yunes y ante la prensa: de haber seguido el paro se corría el riesgo de incumplir los contratos. El martes por la mañana dijo ante los medios: “La empresa está parada desde el viernes; no hay actividad productiva ni de los obreros ni de los contratistas, obviamente estamos muy preocupados por esto, se tiene riesgo de hacer un daño irreparable también al futuro de Tamsa y de Tenaris y también un daño que sería muy duro para Veracruz y para México”. Y es que el 90 por ciento de la producción de la planta en Veracruz es para exportación, principalmente a Estados Unidos.

Detener al líder obrero y darle apoyo al comité opositor, con la vista puesta en desactivar las redes de apoyo del sindicato de la empresa metalúrgica al PRI y, con ello, fortalecer la alianza PAN-PRD que lleva como candidato a su hijo, le ha costado mucho a la de por sí demeritada imagen legal de Veracruz; le ha costado mucho dinero a la empresa, con el riesgo de que se llevaran la planta a otro estado o país, y ha significado otra estruendosa derrota jurídica para un gobierno que, al parecer, solo en eso y en cuestiones electorales se entretiene.

No, si para vergüenzas no paramos.

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