De los 32 gobernadores que han administrado el país a la par del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, sólo entre los 22 que son priístas han desviado alrededor de 258 mil 829 millones 185 mil pesos de los recursos públicos, de acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Hasta el momento, sólo cinco de ellos han sido detenidos o tienen orden de aprehensión y cuatro han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR). Entre sus señalamientos destacan ropa de lujo, mansiones, un banco o un rancho con lago incluido.

De mayor a menor monto desviado, según lo que se ha documentado, destacan las gestiones del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez (2010-2016), buscado por la Interpol, y la del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), recién detenido en Guatemala.

Pero los Duarte sólo son una parte del desfalco total de los mandatarios emanados del PRI a las entidades del país.

Un juez dictó un auto de formal prisión en contra del chihuahuense a finales de mayo, pero desde que circuló una fotografía del priísta en Texas, Estados Unidos, se desconoce su ubicación.

Entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos, que sumaron 80 mil millones de pesos, de sus propios fondos públicos a la Unión de Crédito Progreso, el banco del que Duarte Jáquez es socio. En un sólo día, el 2 de diciembre de 2013, el Gobierno de Chihuahua depositó al banco mil 208 millones de pesos.

Además, en noviembre pasado, el panista Gustavo Madero denunció al ex Gobernador por el supuesto desvío de al menos 500 millones de pesos a través de empresas fantasma.

La actual administración de Chihuahua ha evidenciado también el desfalco de César Duarte. El Gobernador Javier Corral lo ha acusado de tener una “red de corrupción”; y el Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes, documentó que la deuda del estado creció 284 por ciento durante la gestión del priísta al pasar de 12 mil 547 millones a 55 mil millones de pesos. En relación al Producto Interno Bruto Estatal (PIB), la deuda equivale a 8.3 por ciento, lo que la pone como la más alta en todo el país.

Javier Duarte de Ochoa, también buscado por la Interpol y localizado el 15 de abril en un hotel de Guatemala, es señalado por delincuencia organizada y desvío de recursos tras 186 días de permanecer fugado.

La ASF presentó 54 denuncias penales ante la PGR por irregularidades en el manejo del dinero público en su administración en Veracruz (2010-2016). Documentó un manejo irregular de 35 mil millones de pesos y durante su audiencia en el país sudamericano se le señaló de manejar una red de corrupción.

Por nivel de desfalco le sigue el actual Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez. Este abril, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Coahuila denunció ante la PGR al Gobernador por el desvío de 32 mil millones de pesos durante su administración y la de su hermano, Humberto Moreira.

De acuerdo con información de la cuenta pública y del Sistema Integral de Inversión Pública (SIP), de 2006 a 2011 se declaró esa cantidad como inversión, pero no constan como realizadas en ningún lado. En septiembre de 2016, el Blanquiazul también denunció penalmente a Rubén Moreira por el presunto desvío de 160 millones de pesos a empresas fantasma.

El cuarto lugar es para el priista Aristóteles Sandoval Díaz, quien ha gobernado Jalisco desde 2013. La Auditoría Superior de la Federación llamó a aclarar el uso de 17 mil 500 millones de pesos de 2011 a 2015.

Jalisco figuró entre los estados con más observaciones por parte de la ASF a nivel nacional en sus cuentas públicas 2015, publicadas en febrero de este año. En el ejercicio fiscal de 2015 la entidad fue alertada por 2 mil 290 millones de pesos.

El quinto sitio en cuanto a mayor desvío lo ocupa la gestión del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.

El Informe General de la Cuenta Pública 2015 de la ASF expuso que su Gobierno debe rendir cuentas y aclarar el desvío de 3 mil 603 millones de pesos que recibió a través de fondos y programas federales durante 2015.

De 20 observaciones, el gobierno mexiquense sólo ha aclarado tres.

LOS QUE COMPLETAN EL TOP 10

El erario público de Nuevo León, Tabasco, Michoacán, Quintana Roo y Colima también ha sido víctima del PRI.

Al norte del país, Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador de Nuevo León (2009-2015), estuvo en prisión preventiva en el penal de Topo Chico, en Monterrey el año pasado. Fue acusado por peculado y daño patrimonial al erario público por 3 mil 567 millones 967 mil 469 pesos por incentivos ilegales y exención de impuestos a la automotriz coreana KIA, la cual estableció una planta en el municipio Pesquería.

Sin embargo, el priísta salió libre en menos de un día porque el juez consideró que no había riesgo de fuga, ya que se había presentado a comparecer con anterioridad. Los delitos que se le imputan merecen penas de uno a 12 años de prisión. Medina, no obstante, aseguró que no ha cometido ninguno y acusó el daño a su imagen. El siete de abril acudió a la Fiscalía Anticorrupción estatal a declarar.

En mayo del 2013, el programa “Telereportaje” de la estación de radio XEVT en Villahermosa, Tabasco, difundió un audio en donde al entonces Gobernador Andrés Granier Melo (2007-2012) se le escucha afirmar que tiene 400 pares de zapatos, mil camisas, 400 pantalones y 300 trajes de marca de lujo, los cuales, aseguró, compró en tiendas de Rodeo Drive, en Los Angeles, California, y de Saks, en la Quinta Avenida, en Nueva York. El priista aceptó haberlo dicho por estar “pasado de copas”.

Granier Melo ha estado encarcelado desde 2013 en el penal de Tepepan, en la Ciudad de México, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Procuraduría de Tabasco lo acusó de dañar las finanzas de la entidad sureña al dejar una deuda pública por 20 mil millones de pesos y por la desaparición de 2 mil 604 millones en efectivo de las bóvedas de la Secretaría de Finanzas estatal a finales de su último año de sexenio. En julio de 2016 un juez lo acusó de defraudación fiscal por 224 mil 352 pesos.

El último priista en asumir una guberantura durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto fue Fausto Vallejo Figueroa, ex Gobernador de Michoacán (2012-2014).

La Procuraduría General de Justicia de Michoacán lo investiga por desviar 2 mil 323 millones de pesos. El priista, quien también es señalado por su relación con el crimen organizado, instruyó a su ex Secretaria de Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, a desviar los recursos del erario público.

Al sureste del país, Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo (2011-2016), es señalado por un daño patrimonial al estado por más de 2 mil millones de pesos.

De acuerdo con el coordinador del Eje de Finanzas y Contraloría, Juan Vergara Fernández, el gobierno de Borge no ingresó mil 928 millones a los fideicomisos de promoción turística del Estado. Además, el empresario Carlos Mimenza lo demandó ante la PGR por un supuesto desvío de 200 millones de pesos a través de 26 empresas fantasma.

El décimo lugar, en cuanto a mayor monto desviado, le pertenece a Mario Anguiano Moreno, ex Gobernador de Colima (2009-2015). El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) estatal reportó que su administración desvío más de 2 mil 119 millones de pesos.

El informe, que cubre 2013, 2014 y 2015, detalló que el desvío más grande fue en el rubro de servicios personales, ya que mil 867 millones de pesos originalmente fueron presupuestados para obra pública. También se detectaron gastos en alcohol, viajes y comidas no autorizadas por un monto de 6 millones 578 mil pesos, así como un gasto de 2 millones 632 mil pesos en cursos de capacitación para seguridad pública que nunca se llevaron a cabo.

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