Enfrascados en el show cómico musical de la detención de Duarte, los veracruzanos parecen olvidar que el saqueo a las arcas estatales inició mucho antes, cuando en la plenitud del pinche poder –traducido como la convicción de que el estado de Veracruz constituía una propiedad personal-, el gobernador Fidel Herrera dispuso a su perverso antojo del patrimonio estatal.

Uno de los casos emblemáticos fue el Agro Centro Siglo XXI (mejor conocido por su forma arquitectónica como “el armadillo”), ubicado a un costado de la autopista Xalapa-Veracruz, en el municipio de Puente Nacional.

Planeaba y ejecutada durante el gobierno de Miguel Alemán, su construcción tuvo un costo de más de 90 millones de pesos. Esta obra, en su proyecto inicial, se dijo que serviría para capacitación y conferencias, así como “para hacer negocios extra fronteras”, sin embargo, eso nunca sucedió.

La idea no sonaba mal para el sector agrícola. Se trataba de apuntalar un polo de desarrollo agropecuario y comercial, en que confluirían estudio e investigación tecnológica. Pero con el paso del tiempo sólo resultó en un elefante blanco, al que Fidel Herrera encontró una utilidad económica en la recta final de su administración, donde muchos negocios florecieron.

La historia de la “enajenación a título gratuito” se tejió en apenas en diez días. Con un Congreso cómplice, el mandatario regaló impunemente –o se agenció para sí- el patrimonio de los veracruzanos, bajo el falaz argumento de promover la inversión y generar empleo para la región. No pasó ninguna de las dos cosas, pero se logró hacer un negocio redondo.

El 13 de octubre de 2009, el gobernador Fidel Herrera solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso local, Leopoldo Torres García, su autorización para enajenar el inmueble, terreno y construcción, a fin de transferirlo a la entidad mercantil operadora del “Proyecto de Desarrollo Industrial Automotriz”, cuyos nombres comerciales eran la empresa china Fotón Lovol Internacional y la Automotive Trucks S.A. de C.V.

En la solicitud se justificaba la oportunidad de “impulsar un proyecto de desarrollo industrial para el establecimiento de plantas automotrices”, por ello, la enajenación sería gratuita ya que resultaba “en contraprestación a lo comprometido en materia de inversión y creación de empleos”.

Esta contraprestación se refería a la creación de más de 13 mil empleos -2 mil directos y más de 11 mil indirectos- en sus tres etapas, para lograr alcanzar una producción de 50 mil unidades por año, tanto de maquinaria agrícola, tractores, camiones y vehículos ligeros. En total, según se dio a conocer por el gobierno estatal entonces, la inversión privada para este proyecto sería superior a los 2 mil millones de dólares. Pero todo resultó un gran timo.

Con una inusitada celeridad, tres días después de la solicitud del mandatario, la Comisión Permanente de Hacienda del Estado aprobó el 16 de octubre el dictamen con proyecto de acuerdo para autorizar la enajenación a título gratuito del Agrocentro, del predio “La Calera”. Los argumentos fueron, literalmente, los mismos expuestos en la solicitud del gobernador.

Sólo para despejar cualquier sospecha, basta decir que el entonces presidente de esa comisión legislativa era ni más ni menos que Erick Lagos Hernández.

Con el dictamen listo, lo demás sólo fue un mero trámite administrativo. El día 20 de octubre del mismo año, la Comisión Permanente tomó el acuerdo de autorizar la citada enajenación, también recitando de manera textual el dictamen de la Comisión de Hacienda del Estado, según consta en la Gaceta Legislativa No. 147. Dato curioso es que el Acuerdo de la Comisión Permanente sólo fue firmado por su Presidente, Leopoldo Torres García, y el secretario Hugo Alberto Vásquez Zárate.

Conforme al Acuerdo, éste fue notificado al gobernador Fidel Herrera, quien ni tardo mi perezoso lo publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 23 de octubre –diez días después de haber presentado la solicitud- con el número extraordinario de 330, en el que sólo se agregó el Reglamento Interior de la Comisión de Agua y Saneamiento de Coatepec, cómo para disimular la urgencia e interés en el tema del Agrocentro.

Esta historia, hasta la fecha se había mantenido en secreto. En octubre del año pasado, el diario El Universal publicó que el gobierno de Fidel Herrera habría vendido el inmueble en 200 millones de pesos. Los documentos oficiales demuestran que no fue así, sino que se trató de un generoso obsequio.

Actualmente se desconoce la propiedad legal del inmueble que hoy sirve de una inmensa bodega, y en cuyo estacionamiento se guardan carros a medio armar, según se logra ver desde la autopista. La inversión nunca se hizo, los empleos tampoco llegaron y todo resultó una triquiñuela para hacerse del inmueble de una forma aparentemente legal.

También Fidel Herrera Beltrán se valió de muchos personajes para birlar los recursos y el patrimonio de Veracruz. Al paso de los años hemos ido olvidando sus nombres, pero muchos documentos que dan testimonio ahí están, aguardando incorporarse a una investigación. Del ex gobernador nada se sabe.

Insistir en que Veracruz fue saqueado en sólo seis años es una mentira.

Las del estribo…

  1. Hasta ahora, Tarek Abdalá y Juan Manuel del Castillo siguen aferrados con uñas y dientes a sus curules. Suponen que ahí están más seguros que andar de pelada, pero el círculo se cierra y sus opciones se agotan.
  2. Odebrecht empieza a convertirse en un fantasma que ronda las más altas esferas políticas del país. El anterior gobierno federal y el de Veracruz, panista y priista respectivamente, tendrán que explicar en su momento la forma en que la empresa brasileña logró hacerse de contratos y concesiones estratégicas, a pesar de su largo historial de corrupción.