En el último año del anterior sexenio, en Palacio de Gobierno cualquiera podía observar a ex responsables del manejo de los recursos en la Secretaría de Finanzas y Planeación haciendo antesala en la oficina de la Contraloría.

Por la recepción de la dependencia que tenía como titular a Ricardo García Guzmán desfilaban secretarios de despacho y titulares de diferentes áreas del gobierno estatal, sobre todo aquellos que enfrentaban problemas con el manejo administrativo; sin embargo, dos personajes llamaban la atención por el tiempo que se mantenían a la espera de ser atendidos: el subsecretario de egresos, Carlos Aguirre Morales; y el tesorero de la Sefiplan, Antonio Tarek Abdalá Saad.

Ambos funcionarios, al igual que Carolina Estrada Acosta, ex subdirectora de Operación Financiara de la Sefiplan, tenían algo en común: la Contraloría inició un procedimiento para fincar responsabilidades administrativas, luego de la revisión al ejercicio presupuestal correspondiente a 2014, lo que habría derivado en una denuncia interpuesta ante la fiscalía estatal, misma que hoy tiene contra las cuerdas al dichos ex funcionarios, pero particularmente al ex subsecretario de Egresos, cuya propiedad fue cateada de forma reciente; y al ex tesorero, hoy diputado federal, cuyo desafuero ya se ventila en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Para ellos, el problema derivado de la auditoría al ejercicio 2014 no es menor; se habla de más de 19 mil 840 millones de pesos cuyo destino no está claro, dado que no se tradujeron en obras ni en pagos, ni en inversión pública.

Esos recursos corresponden a diferentes programas estatales y federales.

Por las irregularidades detectadas, la Contraloría General del Estado inició el procedimiento para fincar responsabilidad desde el segundo semestre de 2016, cuando ya se tenía claro el tema de la falta de comprobación de los recursos en la Secretaría de Finanzas y Planeación. Incluso, en el Órgano de Control Interno de la Sefiplan se trabajó de forma previa para turnar el expediente a la Dirección General de Integridad y Ética de Servidores Públicos de la Contraloría.

El enorme saqueo en Veracruz

El tema que hoy tiene en aprietos al ex subsecretario de Egresos y al ex tesorero del Gobierno del Estado inicia con la falta de comprobación sobre el destino del dinero público: la Sefiplan del gobierno estatal recibió durante 2014 recursos federales por más de 53 mil 768 millones de pesos; y realizó pagos por 33 mil 928 millones 343 mil pesos. A la diferencia, 19 mil 840 millones simplemente se le perdió el rastro; en pocas palabras, es dinero que no aparece, al igual que los rendimientos financieros derivados.

Sólo en recursos de los diferentes fondos del Ramo 33, recursos federales, a Veracruz llegaron 40 mil 41 millones de pesos, números redondos, y Sefiplan realizó pagos por 25 mil 467 millones; de la diferencia entre los ingresos y los recursos ejercidos, 14 mil 573 millones de pesos, nadie sabe nada porque los ex funcionarios responsables no explicaron dónde había parado el dinero.

Dentro de los recursos del Ramo 33 que no fueron comprobados hay 267 millones del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; mil 196 millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 5 mil 845 millones de los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal; 3 mil 891 millones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; y 2 mil 53 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, entre otros.

Eso sin considerar los recursos asignados por la Federación en cuanto a Aportaciones, Convenios y Subsidios.

Debido a todas esas irregularidades detectadas en el ejercicio presupuestal de 2014, el Órgano de Control Interno de Sefiplan y la propia Contraloría a cargo de García Guzmán determinaron fincar responsabilidad, porque los ex titulares de la Subsecretaría de Egresos y de la Tesorería del Estado, Carlos Aguirre y Antonio Tarek Abdalá, habrían violado diferentes disposiciones legales, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la de Coordinación Fiscal, la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Esa investigación, que pasó por la Sefiplan y por la Contraloría desde el último tramo del pasado sexenio, se tradujo en acciones legales contra los probables responsables, quienes se encuentran uno en calidad de prófugo de la justicia; y en otro, a punto de perder el fuero para ser juzgado.

Uñas, dijo Alejo

Por cierto, desde 2016 han circulado versiones en el sentido de que Carlos Aguirre tendría importantes nexos en el gobierno federal, mismos que habrían sido determinantes para evitar su captura y su presentación ante la justicia. Esa sombra bajo la que el ex funcionario duartista descansaba de forma despreocupada parece que ya no le cobija más.  

Por otro lado, en la capital veracruzana circula la especie de que al hoy prófugo le habrían alertado sobre la inminente actuación de la justicia en su contra, por lo que de inmediato puso tierra de por medio. Unos días antes del cateo a su propiedad, nos dicen, Aguirre Morales fue visto paseando, aparentemente tranquilo, por las calles de Xalapa. @luisromero85