¿Derechos laborales? ¿Cómo se comen?

El gobierno estatal arrastra un creciente pasivo laboral que amenaza con poner en serios aprietos las propias finanzas estatales de la próxima administración, una vez que decenas de trabajadores despedidos injustificadamente avancen y obtengan laudos positivos de las autoridades laborales, sea para su reinstalación o para el pago de sus correspondientes liquidaciones como marca la ley. Pero no solo es eso.

Con el paro de labores decretado ayer por trabajadores del Colegio de Bachilleres (Cobaev) en los 71 planteles que funcionan en la entidad, afiliados al sindicato que comanda la senadora suplente y exdirigente estatal priista Érika Ayala Ríos, no solo se pone de relieve el malestar de los burócratas con el estilo irrespetuoso de los derechos laborales con que se ha manejado el panista Miguel Ángel Yunes Linares desde que comenzó su gestión.

También pone en la lupa la incapacidad para cumplir con el pago de las prestaciones pactadas por la institución pública, pese a los enormes ahorros que habría logrado el gobierno estatal con el despido de miles de burócratas que no tenían base ni sindicato que los protegiera, a no ser que dichos despidos no tuvieran como propósito disminuir el déficit público (calculado en 20 mil millones de pesos anuales) sino, como varias voces lo han denunciado, abrir espacios para miles de chambones identificados con el blanquiazul, cuyo propósito –según las malas lenguas– sería comenzar a preparar la campaña del cachorro rumbo a 2018.

Y justamente es en la Secretaría de Educación (SEV), donde las voces críticas señalan la consolidación del grupo de los Boqueños, bajo el liderazgo delegado en Enrique Pérez Rodríguez, titular de esa dependencia, una versión que se fortalece cuando observamos que el secretario nada hace por el tema educativo.

El paro de brazos caídos decretado este lunes por el Suitcobaev responde a la molestia de los trabajadores porque el gobierno yunista se había comprometido a liquidar las prestaciones a más tardar el fin de semana pasado, lo que debió ocurrir desde diciembre. ¿A qué pagos se refieren? A cuestiones derivadas de violaciones al contrato colectivo de trabajo, prima vacacional, retroactivo de sueldos, estímulos a la productividad y compensaciones.

Y no son los únicos. Es cierto que muchos de los adeudos vienen de la administración anterior. Pero los trabajadores qué culpa tienen. No fueron contratados por Fidel o Javier sino por el Gobierno del estado a través de una de sus dependencias. Ayer mismo maestros de primaria se manifestaron en la SEV por falta de pago de su sueldo desde hace más de un año. Forman parte de la primera generación de directores idóneos, quienes no han recibido su sueldo. En realidad ya van 14 meses de que no les pagan por su función a unos 90 profesores.

Los maestros lamentan que no haya respuesta de las autoridades. Llegaron con Duarte a bloquear la carretera frente a la SEV pero la dependencia no está interesada en reconocer ese compromiso. Pero si con Duarte no hubo respuesta, con Yunes Linares, menos.

Abogados laboristas, con mucho trabajo

Si los maestros sindicalizados están en ese predicamento, en el que ni sus sindicatos quieren hacer nada para redimirlos, ya se imaginarán qué ocurre con el personal de contrato o por compensación, o aquellos que siendo de base no pertenecen a un sindicato porque sus funciones son de confianza. Por doquier, el clamor de los burócratas ha ido creciendo de volumen, aunque por su historia laboral están enfrentando la batalla cada uno por su lado.

Los abogados laboristas se relamen los bigotes. Prácticamente todos los casos que están enfrentando tienen dos denominadores comunes: muchos años de servicios comprobables y despido injustificado. Pueden tranquilamente multiplicar las demandas con el mismo texto, solo cambiando el nombre, los años de servicios y la dependencia de la que fueron despedidos sin ninguna oferta de liquidación como lo marcan las leyes laborales.

Tras iniciar el litigio y aportar pruebas, cumplir diligencias y acompañar a los demandantes a audiencias con la parte demandada, lo que seguirá será esperar. Puede ser un proceso hasta de dos años, lo que dure el actual gobernador en el cargo, pero en algún momento el gobierno del estado tendrá que afrontar una responsabilidad de no se deroga solo por el hecho de que quien encabeza el Poder Ejecutivo es de otro partido ni porque Miguel Ángel Yunes ponga cara de malo y diga que los ha despedido porque eran cómplices de Fidel o de Duarte; muchos de ellos promovieron el voto por el cambio porque se dieron cuenta del enorme robo que estaban cometiendo tanto el gobernador en turno como sus secuaces.

¡Detengan la impunidad, @SCJN debe atraer caso #Porkys de Veracruz!

Con este título, se ha subido esta petición en la plataforma Change, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haga cargo de juzgar al grupo de los Porkys, una vez que el juez de distrito amparóo, con argumentos ridículos, a uno de ellos. Hasta la tarde de ayer había reunido cerca de 300 mil firmas (faltaban unas 2 mil para llegar a esa cifra). A continuación el texto de la petición iniciada por María Elena Morera:

“Esta semana el juez de distrito, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo, liso y llano, a Diego Cruz Alonso, uno de llamados #Porkys de Veracruz, para que sea liberado.

“Todas y todos nos indignamos al conocer las “razones” de su fallo entre las que reconoce que ¡¡sí la toca íntimamente, pero que no tenía la intención de llegar más!! Increíble.

“La sentencia está basada en prejuicios y argumentos discriminatorios, además de dejar de lado los estándares en materia de derechos humanos de las mujeres y de la niñez, y no incorporar la perspectiva de género, elementos que resultan de obligatoria aplicación en este tipo de casos, de acuerdo a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

“La Fiscalía General de Estado y la representación legal de Daphné presentarán un recurso de revisión, para impugnar la decisión del Juez Tercero de Distrito, el cual deberá ser resuelto en principio por un Tribunal Colegiado de Circuito.

“Sin embargo, dada la trascendencia del caso, es fundamental que este asunto sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, haciendo uso de los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de la niñez, así como de la perspectiva de género, determine cuáles deben ser los elementos que deben acreditarse en caso de violencia sexual.

“Además, pedimos que la Fiscalía de Veracruz detenga a Jorge Cotaita, otro de los #Porkys que sigue prófugo de la justicia.

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