El 7 de abril de 2005, recién iniciada la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán, fue ejecutado Raúl Gibb Guerrero, propietario del diario “La Opinión” de Poza Rica.

El crimen del editor del diario más influyente de la zona norte del estado nunca fue esclarecido pese a la promesa que en su momento hizo Herrera Beltrán a los familiares de la víctima, uno de los cuales, Julio Domínguez, esposo de una sobrina de Gibb y dueño del periódico pozarricense “El Noreste”, edita la revista “Newsweek Veracruz”, en cuya edición del 13 de septiembre de 2014 señaló al empresario Francisco “Pancho” Colorado Cessa, procesado en Texas por lavado de dinero de Los Zetas, como autor intelectual de dicho homicidio.

Tampoco el gobernador Javier Duarte mostró mucha voluntad para resolver este caso, no obstante que una hermana del occiso, Norma Gibb, formó parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), y que una sobrina del editor ultimado, Gabriela Arango Gibb, integró como diputada local la Comisión para la Protección de Periodistas en la LXIII Legislatura  de Veracruz.

Es más, para lograr esclarecer este crimen ni siquiera pesó la estrecha amistad que Raúl Gibb mantenía con el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien por ese entonces se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública federal en la administración del presidente Vicente Fox.

Por eso es que ahora cunde la duda sobre si Yunes podrá dar con el paradero de los agresores del periodista Armando Arrieta Granados, jefe de información del diario de Gibb  y académico de la Universidad Veracruzana, quien la madrugada de este miércoles 29 fue baleado en Poza Rica, ciudad asolada por el crimen organizado.

Precisamente a finales de junio de 2015, en una reunión en Poza Rica, Duarte de Ochoa expuso que tres semanas antes, con la derrota del PRI en la elección de diputado federal por ese distrito, “la gente me expresó y me lo dijo con el resultado (…): gobernador ya estamos hasta la madre, ya queremos que actúe”, por lo que anunció que las instituciones de seguridad reforzarían sus operativos para debilitar a las organizaciones delictivas de la zona norte, sin importar que de ellas también formen parte funcionarios, notarios públicos, policías, empresarios e incluso trabajadores de los medios de comunicación. “Sobre advertencia no hay engaño”, sentenció entonces el mandatario priista, quien anticipó que “vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas”, ante lo cual llamó a los comunicadores presentes a “portarse bien”, a permanecer alejados de la delincuencia organizada y a romper vínculos con ella si acaso los tuvieran.

Al día siguiente, Yunes, quien estaba por asumir funciones como diputado federal plurinominal, consideró sumamente graves las declaraciones de Duarte y, a través de un comunicado, lo emplazó a proceder conforme lo dispone el artículo 193 del Código Penal Federal que expresamente señala que “toda persona que tiene conocimiento de la comisión de un hecho que la ley señale como delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía”.

Pero la misma exigencia habría que hacérsela hoy a él, pues hace ocho días, al reunirse en el puerto de Veracruz con el sacerdote Alejandro Solalinde y los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, Yunes volvió a acusar al exgobernador Fidel Herrera de haberle abierto las puertas al crimen organizado en el estado, pues reiteró que el priista recibió del Cártel del Golfo 12 millones de dólares para su campaña electoral en 2004.