Luego de un gran debate público y un fuerte pulso entre grupos políticos antagónicos, este viernes 17 fue aprobada la reestructura de la deuda pública de Veracruz, solicitada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a la LXIV Legislatura del Congreso del Estado y que fuera rechazada días antes tras una acalorada sesión.

Con esta autorización el mandatario cuenta con un respiro a su gobierno al aligerar el asfixiante pago por el servicio de la deuda e iniciar tareas en las dependencias. Ya no habrá justificación para que arranquen programas y acciones que esperan los veracruzanos.

Este episodio, que llevó a un enfrentamiento extremo y a una feria de declaraciones donde se culpaban los unos a los otros de anteponer sus intereses al bienestar de Veracruz, mostró en toda su dimensión los apetitos que mueven a las principales fuerzas representadas en el Congreso de Veracruz, las debilidades e ineficacia de los operadores políticos del gobernador y la necesidad de atemperar los ánimos para alcanzar acuerdos y dar viabilidad al gobierno en turno, habida cuenta la gravedad de la situación de las finanzas públicas estatales tras la catástrofe heredada por la cleptocracia que arrasó con todo en los dos sexenios anteriores.

Se logró sin duda dar una bocanada de oxígeno a la administración estatal, pero ello no augura que en adelante la relación entre los legisladores y el Ejecutivo sea necesariamente tersa y constructiva.

Con un Congreso dividido, sin mayoría absoluta para ninguna fuerza política, con legisladores de bajo perfil atenazados por los intereses político-electorales de sus líderes morales, lo que se veía como un esperanzador futuro de auténticos equilibrios y contrapesos entre los poderes públicos amenaza con convertirse en un periodo de enfrentamientos, desgaste y parálisis gubernamental en la que los platos rotos, como siempre, habrán de pagarlo los veracruzanos.

Los pendientes en la agenda política y de desarrollo estatal, el combate a la impunidad y el castigo a los responsables del descomunal saqueo y de la quiebra de las finanzas públicas, la lucha contra la inseguridad, las respuestas a los múltiples problemas cotidianos de la gente, no pueden esperar a que la clase política se baje del ring.

Es deseable que en adelante los desencuentros, las venganzas y las fobias no sean la coartada para posponer la atención y resolución de las asignaturas que Veracruz arrastra.

Urge fortalecer y recuperar la confianza en las instituciones y reconstruir el tejido social. Como urge garantizar la gobernabilidad, la seguridad y la tranquilidad ciudadanas que le fue arrebatada por quienes hicieron de Veracruz su botín.

No obstante, las instituciones en abstracto no sirven si quienes las conducen o sus principales protagonistas hacen a un lado los valores de la tolerancia y el diálogo.

La gobernabilidad, nos guste o no, tendrá que ser pactada y no podrá ejercerse sólo con la voluntad del gobernador, de su partido y adláteres, ni puede estar sujeta a la revancha o chantajes de quienes perdieron el poder en los comicios del 2016.

Como se observa, la aprobación de asuntos torales que nos involucran a todos, como el de la reestructuración de la deuda, no puede ser más resultado de un planchazo por parte del Poder Ejecutivo al Legislativo ni del chantaje de sus adversarios para hacer tropezar al mandatario.

Lo que no deben perder de vista los contendientes es que hoy por hoy la mayor deuda que tiene la clase política no es con los bancos, es con los veracruzanos a quienes se ha engañado y defraudado una y otra vez.

Por ello, las élites políticas deben tener presente que sus espacios de acción son acotados, que únicamente son depositarios temporales de la representación popular, que no hay resultados electorales que se repitan en automático y que el voto ciudadano no representa en sentido alguno la firma de un cheque en blanco.

Aunque a veces se les olvide.

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