Algunos dirán que el senador Héctor Yunes habló de puro ardor, que respiró por la herida, pero no es así. Los datos que dio a conocer el jueves anterior son reales y no los sacó de la chistera.
Dijo que las cifras de criminalidad se han disparado en este gobierno y “son peores” que en los momentos más álgidos del sexenio de Duarte. Las violaciones aumentaron en un 280 por ciento; los secuestros en 142 por ciento; los homicidios en 113 por ciento y los robos en 84 por ciento.
Todo esto en apenas tres meses.
Quienes lo conocen pensaron que en contestación, Miguel Ángel Yunes le soltaría a su primo hermano una andanada de epítetos de esos que acostumbra. Pero nada, el gobernador guardó silencio.
Un día antes, el miércoles 1 de marzo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer que tan sólo en enero de este año se registraron 102 asesinatos en Veracruz, esto es, 22 más que los registrados en enero del 2016 donde hubo 80.
Por su parte, la feminista y académica universitaria Estela Casados, denunció que de diciembre a la fecha se han registrado 55 asesinatos de mujeres en la entidad y que muchos podrían tipificarse como feminicidios. Agregó que en enero se registró en promedio la muerte de una mujer cada dos días y en febrero fueron 24 las asesinadas.
Yunes Linares no ha desmentido ninguno de estos señalamientos. Es un contestatario que esta vez no contestó.
Sí, qué bueno que llegó la Gendarmería que tiene como misión bajar los índices de criminalidad. El problema es que no será eterna; ¿qué va a pasar cuando se vayan sus elementos?
Yunes Linares carece de un plan para contrarrestar la pandemia de la inseguridad y está apostando a lo que hagan los policías federales junto con los soldados y marinos. Pero no se ve por dónde pueda organizar una fuerza de acción y reacción con los policías estatales y municipales, que hagan frente a los delincuentes cuando la Gendarmería diga adiós.
Vamos, el gobernador no se ha preocupado siquiera por depurar a la policía. En Veracruz existen 1,559 elementos que no han aprobado los sistemas de control y calidad… y siguen trabajando.
El señor está más ocupado en convencer al PAN nacional sobre las bondades de apoyar a uno de sus hijos como candidato a gobernador en 2018, que en la tranquilidad que tanto anhelan los veracruzanos y que prometió devolverles en seis meses.
Seguridad y tranquilidad, es todo lo que pide la raza jarocha.
Repito, seguridad y tranquilidad, señor gobernador. ¿Será posible que las lleguemos a respirar en su bienio?
¿Lo sabrá Anilú Ingram?
La semana anterior el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la nueva terminal portuaria de Tuxpan, y en el evento estuvo como invitado el diputado federal y ex alcalde tuxpeño Alberto Silva Ramos, que no se paraba por ahí desde hace meses.
Para no pasar desapercibido ya que no está en su naturaleza, antes del evento con el presidente, Alberto se reunió con mujeres promotoras del programa Prospera (dependiente de la Sedesol) con quienes desayunó, se tomó la foto y les soltó unos de sus acostumbrados choros.
El ágape fue organizado por María Elena Monroy, jefa en el distrito de Tuxpan de dicho programa. Pero nos comentaron que todas las mujeres fueron obligadas a ir bajo amenaza de perder los beneficios si no asistían.
Si eso es cierto, María Elena Monroy (Marianela, pa los cuates) estaría cometiendo un delito al condicionar los apoyos federales y gastar recursos, también federales, en una reunión que nada tuvo que ver con la Sedesol.
Y es que al parecer no es la primera vez que lo hace.
Ojalá lo sepa la delegada de esa dependencia, Anilú Ingram Vallines y tome cartas en el asunto. Por menos que eso han despedido a otros funcionarios.
Pero lo anterior me hizo recordar una historia que leí por ahí. Cuando Antonio López de Santa Anna estaba viejo, enfermo y abandonado, su esposa pagaba a sujetos para que fueran a levantarle el ánimo a su marido diciéndole que el pueblo lo necesitaba. ¿Será que algún día María Elena Monroy tenga que pagar para que le echen porras a Alberto?
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