Lo que pasa en Veracruz ya es motivo de preocupación internacional. Firmado en Bruselas, la organización Internacional Crisis Group, emitió ayer un reporte sobre América Latina, en el que llama a Veracruz como “el estado mexicano del terror” y asegura que se ha convertido en “sede de crímenes de lesa humanidad.”

Así nos ven en Europa: “Considerada en su momento un eje secundario de la economía criminal de México, Veracruz hoy se enfrenta a las devastadoras verdades de más de una década de violencia y corrupción a gran escala. Se cree que al menos 2 mil 750 personas han desaparecido en un estado cuyo ex gobernador (Javier Duarte) es buscado por numerosos casos de malversación.”

El reporte concluye que “la historia reciente de Veracruz, los espantosos detalles que están comenzando a salir a la luz, subrayan la crisis no de una administración estatal, sino del sistema político mexicano en su conjunto, donde una transición democrática bienintencionada no ha cumplido las expectativas, y ha sido corrompida por el crimen organizado”.

Lo publicado ayer por la organización internacional podría no ser ninguna novedad para quien ha seguido de cerca la descomposición institucional de Veracruz. Tampoco debe serlo para el Gobernador Miguel Ángel Yunes, quien sin embargo, a pesar tener el mismo diagnóstico, no logra encontrar las soluciones más adecuadas. Para resolver este cáncer, el gobierno estatal intenta utilizar como antídoto el mismo veneno que lo provocó.

En su caso, el reporte le concede el beneficio de la duda, al señalar que un nuevo gobernador del opositor Partido Acción Nacional (PAN) –jamás hace referencia alguna al PRD- “ha prometido limpiar el estado y enjuiciar a los malhechores, sembrando esperanzas de restaurar la paz. Dado que la turbulencia económica y la bancarrota se cierne sobre Veracruz, será fundamental un fuerte apoyo internacional para impulsar iniciativas dirigidas a encontrar los cuerpos de los desaparecidos, investigar los crímenes del pasado y transformar la fuerza policial y la fiscalía general del estado.”

El reporte hace al menos cuatro recomendaciones que contrastan con lo que ha sido la propuesta y el ejercicio del gobierno veracruzano durante los tres meses que hoy se cumplen.

Entre estas, menciona honrar la independencia y abstenerse de interferir políticamente con el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en especial en lo relativo a las acusaciones de malversación de fondos públicos contra el nuevo gobernador del estado; y apoyar el establecimiento de un programa de protección de testigos eficaz y un servicio forense independiente.

La segunda es iniciar de forma justa y transparente la remoción de funcionarios corruptos y cómplices del crimen de las instituciones estatales, en particular la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, así como el enjuiciamiento de los funcionarios de alto nivel acusados de colusión con grupos del crimen organizado, y de participar en delitos graves.

Así también, sentar las bases de la reforma policial mediante el apoyo a la profesionalización, la mejora del nivel de vida de los agentes, y la restauración del sentido de dignidad y las condiciones de servicio público. Finalmente, introducir mecanismos eficaces de control financiero, comenzando por la divulgación voluntaria de la asignación y uso de los fondos públicos.

Hasta ahora hemos visto exactamente lo contrario, es decir, el mismo cáncer institucional: la Fiscalía del Estado es una oficina subordinada al mandatario estatal, carente de capacidad operativa e institucional para resolver los principales problemas de impunidad en el estado; se mantienen a los mismos mandos policiacos y de investigación en muchas regiones de Veracruz; y han sido incapaces de llevar a juicio de decenas de funcionarios –no sólo Javier Duarte- que participaron del saqueo histórico del presupuesto estatal.

La reforma policial fracasó. Las desapariciones forzadas siguen sin ser castigadas. El gobernador Yunes –reconocido por su experiencia en materia de seguridad- tuvo que aceptar que no puede con el problema de inseguridad, y ayer mismo trajo al Secretario de Gobernación para garantizar la entrada de más elementos del ejército y la gendarmería.

Tampoco hemos sabido sobre los nuevos criterios sobre la asignación de los recursos públicos; se desconoce el origen y destino de los nuevos créditos y tampoco se ha dicho en qué consiste la reestructuración de la deuda, así como la forma en que se pagará a los Ayuntamientos, si es que aún piensan hacerlo.

Por último, el reporte augura un sombrío futuro para Veracruz: “en su conjunto, las arcas vacías del estado, el breve mandato del gobernador, la puja por las elecciones presidenciales y la amenaza que parece presentar un gobierno estadounidense poco ortodoxo, representan una serie de obstáculos y distracciones que no se debería permitir que impidan a Veracruz salir del silencio y el terror.” Eso es lo que hoy somos para el resto del mundo.

Las del estribo…

  1. La deuda política o complicidad personal con Ricardo García Guzmán debe ser grande. Lo que vimos profusamente en los videos de ayer será la tónica de la campaña en Pánuco… y el resto del estado.
  2. ¿De verdad esperaban que votarían a favor de una reestructuración de deuda que no consideraba saldar deudas con Ayuntamientos? ¿En qué estaban pensando?
  3. “Venimos a dejar en claro que MAYL tendrá todo el respaldo del Gobierno de la República”. ¿Hablaban de lo político o sólo lo policiaco?