Cuesta trabajo asimilar cómo es que en un gobierno de sólo dos años –de los cuales ya han transcurrido dos meses y medio–, que actualmente enfrenta la peor crisis de inseguridad en la historia del estado (reflejada en el alto índice de ejecuciones, secuestros, asaltos bancarios y robos a comercios y casas-habitación), se designa y sostiene en áreas estratégicas de seguridad pública a funcionarios improvisados e inexpertos o, bien, a otros ciertamente con más experiencia en este ámbito gubernamental pero insensibles y sordos al clamor de algunos sectores productivos.

Por ejemplo, apenas dos meses después de que a la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares le estalló el escándalo mediático por la sospechosa titulación fast track de su secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, ahora el régimen yunista está bajo la mirada crítica de la opinión pública por el cuestionado nombramiento de la ex diputada local y ex secretaria general del CDE del PAN, Ana Cristina Ledezma López, como secretaria ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la cual sustituyó a partir de este lunes al prestigiado abogado porteño José Luis Lagunes López, quien falleció la semana pasada víctima de un cáncer que padecía de años atrás.

La designación de la ex dirigente panista ha sido severamente criticada porque en la Secretaría de Educación Pública no se han hallado registros de sus estudios universitarios.

Sin embargo, entrevistada este miércoles en un noticiero radiofónico de Xalapa, la funcionaria declaró  que sí cuenta con Licenciatura pero que no aparece en el registro oficial de la SEP porque aún está “en trámite” su Cédula Profesional.

Ledezma cayó en contradicciones porque se atrevió a afirmar que sí cumple con todos los requisitos legales para ocupar el cargo que dejó vacante Lagunes López, pero a la vez reconoció que nunca se ha desempeñado en este ramo, cuando la Ley número 310, Del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, que está vigente desde noviembre de 2014, exige en su artículo 31 que la titular de la Secretaría Ejecutiva debe “ser de reconocida capacidad y probidad y contar con, por lo menos, cinco años de experiencia en áreas de seguridad pública”.

Si en la actual administración se cumpliera escrupulosamente con la ley, la ex secretaria general del CDE del PAN debió ser designada en un cargo inferior para que acumulara la suficiente experiencia. El problema es que al régimen de Yunes Linares sólo le restan escasos 21 meses.

¿Ledezma fue sujeta también “a los procesos de evaluación de control de confianza y de certificación”, como lo estipula el artículo 32 de la citada ley? La pregunta se hace porque algunas de las múltiples funciones legales asignadas al Secretario Ejecutivo destacan, paradójicamente, las de “informar al Consejo Estatal y a su Presidente sobre el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, convenios generales o específicos en la materia y las demás disposiciones normativas aplicables, así como de los servidores públicos que incurran en responsabilidad”; “elaborar y someter a la consideración del Consejo Estatal, opinión fundamentada y razonada por la que se recomiende la remoción de los titulares de las instituciones de seguridad pública”; y, entre otras, “presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento a esta ley, acuerdos generales, convenios y demás instrumentos celebrados, así como por el uso ilícito o indebido de los recursos federales y estatales para la seguridad pública…”

Además, al darle formalmente posesión a la ex diputada panista, el gobernador Yunes anunció que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya no ejercería más la facultad de certificar a sus propios elementos policiacos sino que, a partir de ahora, éstos serán evaluados y certificados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública a cargo de Ledezma.

La decisión de quitar la certificación a la SSP se da luego de diversos escándalos y crímenes en los que han estado involucrados los propios elementos de seguridad.  El mandatario estatal informó que, producto de las evaluaciones realizadas con anterioridad, se decidió dar de baja a los policías que no han aprobado los controles, pero de manera paulatina. Esta responsabilidad quedará ahora supuestamente en manos de Ledezma. ¿Alguien les cree?

Pero si el nombramiento de la ex secretaria general del CDE del PAN ha sido cuestionado por su falta de experiencia en materia de seguridad pública, el titular de la SSP, Jaime Téllez Marié, quien sí tiene trayectoria y reconocidos méritos para encabezar esta relevante secretaría de despacho, ha sido puesto en evidencia por su lenta reacción de respuesta.

Este miércoles, por ejemplo, el presidente de la Coparmex-Xalapa, Octavio Jiménez Silva, declaró que siguen esperando que el secretario de Seguridad Pública les confirme la reunión que desde diciembre del año pasado le solicitaron los socios de este organismo patronal para ver cómo pueden coordinarse y apoyar a las autoridades estatales para enfrentar la alarmante inseguridad que se viene dando en la capital veracruzana, donde en los últimos días han sido asaltados 11 expendios de gasolina además de diversas sucursales bancarias, tiendas de autoservicio, casas de empeño e infinidad de viviendas y residencias.

A ver si Téllez Marié les responde antes de 2018.

Sospechosa opacidad en la CGCS

Una comunicadora y académica, que realiza una investigación sobre el gasto publicitario de la pasada administración, ha solicitado desde el inicio del nuevo régimen a los encargados de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) copias fotostáticas de todos los convenios que en esta materia realizó el gobierno duartista con los diversos medios informativos, tanto impresos como electrónicos y digitales.

La solicitud la hizo a través del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), el cual, después de un tedioso juicio, terminó resolviendo a su favor.

A pesar de la resolución de este organismo autónomo que pugna por la transparencia y rendición de cuentas de todos los entes públicos del estado, el sujeto obligado accedió  a mostrarle a la demandante sólo tres o cuatro convenios pero únicamente para que los viera. Luego le dijeron que eran como 500 cajas y que no podían entregarle todos los documentos. Posteriormente le argumentaron que tampoco podían proporcionárselos porque no tenían forma de cubrir el pago que implicaría las miles de fotocopias, por lo que volvió a inconformarse ante el IVAI y entonces determinaron el pago de 1,500 pesos que ella realizó en una institución bancaria.

Este miércoles, la interesada volvió a presentarse en la Coordinación General de Comunicación Social, pero en vez de pretextos ahora recibió insultos y agresiones verbales por parte del personal de la Dirección Jurídica de la CGCS, cuyo titular es José de Jesús Rosales, padre de la secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado, Indira Rosales San Román, ex compañera en el Ayuntamiento panista de Boca del Río de Elías Assad Danini, vocero del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Si la presente administración estatal ha dicho que no ha iniciado ni pactará convenios publicitarios con los medios de comunicación como en el pasado, ¿por qué entonces se resisten a transparentar los que sí se negociaron en la gestión anterior? ¿A quién o a quiénes pretenden encubrir… y por qué?

Vaya manera tan imbécil de generarle problemas y sospechas a su emproblemado patrón.