De nada le ha servido al país haber elevado onerosamente el presupuesto ordinario de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, para crear oficinas y mecanismos encargados de vigilar la buena aplicación de los recursos públicos y promover la aplicación de medidas disciplinarias cuando se detectan desvíos.
El quebranto financiero público en el gobierno federal y en los gobiernos locales se ha vuelto más sofisticado y de mayores volúmenes de recursos desviados por los funcionarios, como lo demuestra la operación de empresas fantasmas (o fachada), como las usadas por el prófugo Javier Duarte de Ochoa, en que están involucrados varios exfuncionarios de su gobierno.
Este miércoles, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dado a conocer el informe de resultados de la Cuenta Pública 2015 donde prevalecen las irregularidades en el gasto federalizado que reciben estados y municipios. De 2011 a la fecha, los gobiernos locales acumulan la fabulosa cantidad de 215 mil 456 millones de pesos pendientes de solventar, sin que hasta el momento los gobernadores, funcionarios públicos y alcaldes señalados estén en prisión.
De hecho, se ha revelado que en los últimos 18 años, desde que se creó la ASF, sólo se ha consignado a 19 funcionarios menores haciendo prevalecer la impunidad, lo que da pauta a los gobernantes y funcionarios públicos para robar y saquear las arcas públicas.
El propio titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez dijo que “la impunidad genera reclamos de mayor dureza; la percepción de que las sanciones no son oportunas o no existen alimenta la frustración social”.
Y es que de poco ha servido la meticulosidad con que este órgano de vigilancia del Congreso de la Unión, que vela por la buena aplicación de los recursos federales, ha elaborado sus informes de las cuentas públicas, señalando con pelos y señales los montos y los causantes del quebranto, porque ni la Procuraduría General de la República ni el Poder Judicial han hecho lo suficiente para castigar a los corruptos.
Y Del Portal deja su cargo en diciembre próximo, lo que hace prever la posibilidad de que quien sea nombrado para un periodo de ocho años (2018-2026) no realice las tareas fiscalizadoras con la veracidad con que éste ha llevado este trabajo.
Portal informó que hasta ahora se han logrado recuperaciones de 2 mil 871 millones de pesos por las observaciones hechas a la Cuenta Pública 2015, monto que se incrementará conforme se atiendan las observaciones de la auditoría, e informó que entre 2001 y 2014, la entidad fiscalizadora ha logrado una recuperación de 108 mil 888 millones.
¿Cuáles son las áreas de riesgo identificadas por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública? Según Portal son cuatro: el gasto de infraestructura, debido a que las observaciones en este rubro han sido recurrentes cada año; contrataciones entre dependencias, pues las irregularidades son reiteradas y el problema ha tenido un costo entre 2012 y 2015 de más de 3 mil 175 millones de pesos; los padrones de beneficiarios, y el sistema de evaluación del desempeño.
Portal Martínez expuso a los diputados que la auditoría revisó una muestra equivalente a 63 por ciento del gasto federalizado para 2015, esto es, de 683 mil millones sobre el total de más de un billón de pesos. El monto de observaciones sobre irregularidades en ese gasto asciende a 65 mil millones de pesos, que si bien es menor a lo detectado en 2013 y 2014, tiene un impacto en el agregado histórico, que hasta 2014 ascendía a 175 mil millones de pesos.
La diputada Araceli Damián (Morena) cuestionó que la Cámara de Diputados no ha dictaminado diversas cuentas públicas de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, ni las tres primeras de la administración de Enrique Peña Nieto. “Los diputados deben dejar de venir a hablar que están muy preocupados por la corrupción, porque a la hora de votar levantan el dedo para tapar las corruptelas”.
Por su parte, la diputada del PAN, Minerva Hernández Ramos, afirmó que si las autoridades encargadas en la impartición de justicia hicieran su trabajo, la ASF estaría en posibilidad de recuperar 221 mil 187.5 millones de pesos que se desviaron en las entidades federativas, de los cuales 35 mil millones corresponden a Veracruz.
Javier Duarte hundió a Veracruz e hizo escuela
El portal Animal Político puso en evidencia, el lunes 13 de febrero, que la red de empresas fantasma creada por el prófugo Javier Duarte de Ochoa no solo funcionó en Veracruz para el desvío de miles de millones de pesos, sino que operó en el estado de Chiapas, durante el gobierno de Juan Sabines, premiado como Fidel Herrera por el presidente Enrique Peña Nieto, con un exilio de lujo, en esta caso como cónsul de México en Orlando, Florida.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha revelado que tres compañías ligadas a la red fantasma de Veracruz obtuvieron contratos por 118 millones de pesos entre 2010 y 2012, para realizar labores de outsourcing en el Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla (SITUTSA), en el que el gobierno chiapaneco tiene participación accionaria del 51 por ciento.
Expriista que obtuvo la gubernatura gracias a una coalición del PRD, PT y Convergencia (actual Movimiento Ciudadano), Jaime Sabines creó durante su gobierno el Conejobus, en sociedad con los transportistas, con una aportación de más de 120 millones de pesos, para la compra de 90 vehículos.
Desde que inició operaciones en 2010, se contrató a una red de tres empresas veracruzanas para que realizaran labores de outsourcing, gracias a lo cual estas empresas fachada suministraban personal para el sistema de transporte y ofrecían servicios de asesoría contable y administración.
¿Cuáles son estas empresas? Según la investigación de la organización, las empresas son RAVSAN Servicios Múltiples, que cobró en Chiapas más de 68 millones 600 mil pesos; Comercializadora Pagoli, que recibió 27 millones 850 mil, y Corporativo Lizgar, con 22 millones 736 mil pesos. Además, LG Asesores Corporativos SC, uno de cuyos colaboradores gestionó el registro legal de la marca Conejobús. Los contratos estarían vigentes hasta 2013, pero una serie de irregularidades detectadas aquel año en una auditoria, según señala Animal Político, forzaron a su terminación anticipada. La prensa chiapaneca dio fe de esas irregularidades.
El despacho señala que RAVSAN, que fue la que cobró el mayor contrato, aportó como domicilio fiscal una humilde vivienda de un piso en la calle Guadalupe 1599, de la colonia Virgilio Uribe, en Veracruz. Su dueño es Luciano Sánchez Díaz, también socio de Comercializadora Dagú y de Mextic Traffic International SA de CV, dos empresas fantasma de Veracruz que, juntas, obtuvieron contratos en el gobierno de Javier Duarte por 24.5 millones de pesos. El otro socio es Eduardo Ravelo López.
Corporativo Lizgar tiene como socia a Areli Sulema Galloc, también dueña de Bloques 2DM, una empresa fantasma que recibió contratos por 38 millones de pesos en el gobierno duartista. Otro socio de este corporativo es Efraín Infanzón Malpica quien, según la investigación, es accionista en otras 10 empresas, también fantasma, dos de las cuales obtuvieron contratos por 36.5 millones con el gobierno del prófugo de lujo.
Comercializadora Pagoli SA de CV recibió contratos tanto del Gobierno de Chiapas (27.8 millones de pesos) como del que encabezó Duarte (5.7 millones).
Una cuarta empresa veracruzana que operó el Conejobús en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es LG Asesores Corporativos SC, que dirige Víctor Manuel López Gachuz; el domicilio fiscal de esta empresa es Sahagún 123, en el fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, misma dirección que aportó Mauricio Bayron González, apoderado legal del SITUTSA, empresa cuyo accionista mayoritario es el Gobierno de Chiapas.
¡Cómo la ve! En temas de corrupción, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa tenía para dar y repartir. Hay que recordar que el hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, Javier Herrera Borunda, fue hace poco un funcionario de alto nivel ligado al actual gobernador de Chiapas, emergido del PVEM.
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