Ciudad de México.- Ante la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior, defensores y académicos urgieron al Congreso de la Unión a “detener de manera inmediata la aprobación de la Ley, ya que al legalizar el uso de las fuerzas federales, especialmente militares, en tareas de seguridad pública reduce y desincentiva el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiales, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas”.

Once agrupaciones como la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la fundación para la Justicia o el centro de Análisis e Investigación Fundar, explicaron que la Ley de Seguridad Interior representa un «riesgo» para la población y será “poco efectiva” para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en 2006.

Además, si bien aún no es explicita la política exterior que aplicará Donald Trump en materia de seguridad con respecto a México, el presidente de los Estados Unidos ya ha mandado algunas señales poco alentadoras, advierte José Antonio Guevara de la CMDPDH en entrevista con Noticias MVS.

“Lo que  vemos es que los mensajes de Donald Trump fortalecen esta política militarizante, que van a luchar contra las drogas desde una manera bélica, punitiva, lo cual es muy alarmante. Pareciera que esta Ley de Seguridad Interior se alinea con los intereses de esos pequeños mensajes que ha lanzado Donald Trump en materia de seguridad» en las tres semanas que lleva su gestión, señaló Guevara.

“Como mexicanos debemos definir cuál va a ser la relación que queremos tener no solo con Estados Unidos sino con el tema del combate a las drogas. Basados en la evidencia, el camino militar genera más costos en materia de pérdida de derechos y vidas humanas que lo que se quiere combatir. Además, se debe ver el tema de la legalización o la regulación y no seguir caminando por la vía de las armas y los helicópteros”, resaltó el defensor humanitario.

Guevara recordó que desde instrumentos como las organizaciones de las Naciones Unidas o de los Estados Americanos “ya no es buena idea utilizar el poder punitivo del Estado en el combate mundial del narcotráfico, sino que debería hacerse desde la perspectiva de la salud pública y no como aquí le hacemos, con cárceles llenas de consumidores por portar pequeñas dosis de drogas”, apuntó el integrante del Grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

Los expertos y defensores enfatizaron que “legislar en materia de seguridad interior es inconstitucional y contrario al derecho internacional de los derechos humanos”.

“Ninguna ley puede militarizar la seguridad pública ni restringir o suspender ningún derecho para garantizar la seguridad de la ciudadanía salvo que se trate de decretos emitidos en el marco del artículo 29 constitucional”, subrayaron.

“Urgimos al Congreso de la Unión detenga la aprobación de la Ley. Toda Ley o estrategia aprobada en materia de seguridad debe disponer de bases constitucionales que permitan una efectiva rendición de cuentas, protección de los derechos fundamentales y la creación de recursos efectivos en caso de que se presenten abusos y violaciones”, alertaron.

La evidencia hoy disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, y ejecuciones a manos de militares.

Por lo anterior, dichos casos tendrían que ser tomados en cuenta por las y los legisladores para evidenciar la urgencia de adoptar una Ley que regule el uso de la fuerza, restrinja las tareas de inteligencia, obligue a la transparencia y dote de seguridad a las y los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas armadas, antes de aprobar una iniciativa que legalice que el Ejército realice tareas de seguridad pública como son la detención, la prevención e investigación del delito, como pretende la mencionada Ley.

Las organizaciones e integrantes de la academia insistimos en la necesidad latente que las y los legisladores escuchen a las víctimas de la política de seguridad militarizada y realicen un diagnóstico, documentado y debidamente sustentado en evidencia, de los resultados y consecuencias que ha tenido la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública durante los últimos 10 años.

Finalmente, defensores y expertos alertaron que se aprobaría “la sumisión del poder civil al militar de ser aprobada la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior. La propuesta hecha por el PRI, dijeron, brinda al Ejército de facultades hasta ahora exclusivas de las policías del país”.

 

 

 

 

Con información de Noticias MVS