Veracruz, dinero tirado en las urnas

Los veracruzanos no hemos tenido descanso en materia de confrontaciones electorales desde 2010, año fatídico en que la magia electoral de Fidel Herrera Beltrán y el uso delictivo de enormes sumas de dinero de la hacienda pública para la compra de votos hicieron posible el entronamiento de Javier Duarte de Ochoa, un ignorante e inexperto político hoy prófugo de la justicia, cocinado al vapor por su mecenas, y quien a la postre se convertiría –sin ninguna competencia seria– en el mayor ladrón de recursos públicos en la historia de México, pese a que le había precedido la mejor muestra de la corrupción.

Contando la de 2010 (en que se eligió a Gobernador del Estado, 50 diputados del Congreso local y 212 presidentes municipales), con excepción de 2011 hemos debido soportar el ruido de los partidos políticos nacionales y estatales prácticamente cada año, y aún nos restan las elecciones para la renovación de los 212 ayuntamientos este año y los súpercomicios de 2018 en que elegiremos Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, Gobernador del Estado y Diputados Locales.

En efecto, luego de la elección ganada por Duarte y de un año de relativo descanso, en 2012 enfrentamos la elección federal para Presidente de la República, ganada por Enrique Peña Nieto (una pesadilla a punto de culminar), además de la renovación de las cámaras del Congreso de la Unión, en una de las cuales, la de Senadores, salieron electos tres Yunes (los priistas José Francisco y Héctor, este último recientemente derrotado en las urnas en su intento por lograr el Palacio de Gobierno, y el panista Fernando, hijo del actual gobernador y seguro candidato a la alcaldía del Puerto de Veracruz). Además, se eligieron diputados por el principio de mayoría relativa en los 21 distritos federales electorales.

Fue el regreso del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos, y con ello, las acusaciones del gobierno federal panista, hoy comprobadas, de que hubo millonarios flujos de recursos públicos a la campaña de Enrique Peña Nieto, cuyo triunfo significó que prácticamente todas las arcas públicas en los estados gobernados por el PRI quedaran secas, absolutamente secas, a cambio de lo cual, el mexiquense prodigó patentes de corso a sus cómplices, a quienes catalogó como los gobernadores que conformarían la nueva camada de priistas jóvenes que habrían de marcar el futuro de México. Y vaya que la marcaron, aunque de manera negativa.

Fue famosa la detención, la noche del 27 de enero de 2012 en el aeropuerto de Toluca, de dos empleados del gobierno de Veracruz por transportar en una aeronave oficial, con matrícula XC-CTL, dos maletas con 25 millones de pesos en efectivo. Desde esa fecha se hizo famoso en el país el hoy diputado local Vicente Benítez González, encargado del envío que días después trataron de justificar aduciendo que era pagar a la empresa Industria 3, SA de CV, con sede en la Ciudad de México, por su participación con artistas en la Feria de la Candelaria, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín. La versión más difundida es que esos recursos iban al Partido Verde para financiar las acciones políticas en el marco de la campaña presidencial de Peña Nieto que, por cierto, no fueron los únicos.

Una elección cada año, a cada veracruzano te dio

Tras las trompicadas elecciones federales, al año siguiente, 2013, Veracruz vivió un nuevo proceso electoral, ahora local, el más explosivo, para la elección de 212 presidentes municipales y sus respectivos síndicos y regidores que, por primera vez, gobernarían por un periodo de cuatro años. Una fuerte inyección de recursos públicos a favor del PRI permitió un escenario que difícilmente se repetirá este año: el PRI y sus aliados ganaron 93 alcaldías, en tanto que el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo 45 y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 33. Las demás alcaldías se repartieron de la siguiente forma: 17 para Movimiento Ciudadano (MC), 16 para Alternativa Veracruzana, 5 para el Partido del Trabajo, hoy sin registro, y 3 para el Partido Cardenista, también expulsado del paraíso de las prerrogativas.

Ese año, además, se eligieron 50 diputados locales, 30 por el principio de mayoría relativa y 20 por el principio de representación proporcional, para un periodo de tres años. Fue la última elección en que el PRI y sus aliados Partido Verde (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) lograron mayoría en el Congreso local, a diferencia de los comicios de 2016 en que fueron hundidos por la imagen del último gobernador priista. El PRI logró en total 28 escaños, mientras que sus aliados PVEM y Panal lograron 8, lo que le dio a Javier Duarte de Ochoa la posibilidad de imponer todo tipo de iniciativas, muchas de ellas echadas abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener el voto comprado de 36 diputados. El PAN solo obtuvo ocho curules, el PRD 2, mientras que el PT y MC lograron un diputado cada uno.

Al año siguiente, 2014, Veracruz solo vivió elecciones extraordinarias en los municipios de Chumatlán, Las Choapas y Tepetzintla, cuyos resultados fueron recurridos con tan buena fortuna para sus promoventes que el Tribunal Electoral local tomó la decisión de ordenar su repetición. Fue una pequeña tregua en una entidad en que las elecciones constituyen una de sus desgracias, y no precisamente menor.

El año 2015 significó para el duartismo una de las últimas posibilidades de blindar a sus más prestigiosos operadores financieros, los que lograron el mayor fraude a las arcas públicas de Veracruz, mediante su elección como diputados federales, que les ha dado fuero constitucional. Hasta este momento, solo hay amenaza de juicio de procedencia contra el extesorero Antonio Tarek Abdalá Saad, mismo que se celebrará en marzo, de acuerdo al procedimiento adoptado por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Fuera de él, prácticamente todos los más poderosos operadores, los que usaron empresas fantasma para desviar recursos, se hallan protegidos en el Congreso de la Unión. Su arribo a las curules pasó por el desvío de millonarias sumas destinadas a la compra de votos.

Para 2016, ya lo sabemos, la elección de Gobernador del Estado fue ganada por la alianza PAN-PRD, con Miguel Ángel Yunes Linares, mientras que esa misma alianza obtuvo 22 diputados locales. El PRI y sus aliados apenas consiguieron 15 diputados, entre ellos dos de los exfuncionarios duartistas más señalados por actos de corrupción, Vicente Benítez González y Juan Manuel del Castillo González, quienes pasaron por el baño de oro de la Secretaría de Finanzas y Planeación, mientras que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se despachó con 13 escaños, aunque uno de sus diputados de representación proporcional, Sebastián Reyes Arellano, de inmediato se declaró independiente, dejando a la nueva fracción parlamentaria con 12 legisladores, 8 de mayoría relativa y 4 plurinominales. Tanto el Gobernador del Estado como estos diputados locales solo tendrán dos años para su ejercicio, gracias a la maniobra legislativa de Javier Duarte, bajo el pretexto de hacer concurrir elecciones locales con la federal.

En 2017, de nueva cuenta los recursos públicos servirán para alimentar los ocios y los rencores políticos, pues habrán de elegirse los equipos edilicios de los 212 ayuntamientos veracruzanos, en una elección en que por primera vez el PRI verá mermadas sus posibilidades de triunfo, casi sin posibilidades de repetir los 95 municipios que hoy gobierna.

Para colmo de males, el próximo año, 2018, concurrirán cinco elecciones en Veracruz, tres federales y dos locales que, de nueva cuenta, significarán una grave sangría para la desmantelada economía estatal y una nueva batalla en que no solo se elegirá al gobernador que suceda al primero logrado por la alternancia política sino que se renovará el Congreso local. El mismo 3 de junio de 2018 se elegirá también Presidente de la República, 128 Senadores y 500 diputados federales.

Tras esos complejos procesos comiciales, federales y locales, Veracruz descansará hasta 2021 en que nuevamente se elegirán presidentes municipales y diputados federales.

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