Aunque durante sus incursiones en la administración pública el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha adquirido una experiencia importante en materia de combate a la delincuencia, el legado duartista le ha alcanzado en los primeros meses de su administración y, pese a su afán de fortalecer la acción conjunta con las fuerzas federales, los datos duros señalan que la violencia no cede en Veracruz.
Este lunes, él mismo reconoció ante la prensa que en el tema de seguridad el problema se mantiene y que es difícil de frenar la inercia que viene desde el 2015 y 2016, donde la tasa de homicidios repuntó hasta 102 por ciento. “Hemos ido dando golpes, pero el problema se mantiene, es un problema complicado, pero que estamos enfrentando con la verdad”. Y dijo algo grave: que luego de reunirse con presidentes municipales de la zona centro, hubo un ataque armado en el mismo municipio donde había estado.
En efecto, la semana pasada tres policías municipales (dos hombres y una mujer) fueron privados de su libertad cuando transitaban por la carretera Las Choapas-Cuichapa y sus cuerpos aparecieron degollados en la comunidad de Huimanguillo, Tabasco. Las autoridades estatales informaron que en estos hechos está involucrada la delincuencia organizada y serán las autoridades de la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República (PGR) los encargados de investigar.
Eso puede derivar de dos posibles causas, o de las dos: que la inseguridad en esa región se ha agudizado o que los grupos delictivos están provocando al nuevo gobierno para medir su capacidad de respuesta o para imponerle condiciones y volver al paraíso de la Fidelidad, cuando las bandas criminales fueron protegidas en los sucesivos gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte.
En diciembre crecieron homicidio y secuestro
Y es que, pese a que en diciembre de 2016 (primer mes de su gobierno), el número total de delitos del fuero común disminuyó de 4 mil 011 en noviembre a 3 mil 380, en delitos de alto impacto, en particular, homicidio y secuestro, las cifras se elevaron, sobre todo en este último. En efecto, entre ambos meses (último de Duarte y primero del actual gobierno) los homicidios subieron de 192 a 196 y, lo más grave, los secuestros se dispararon casi al 100 por ciento, al pasar de 9 a 17 casos.
En este mismo espacio habíamos predicho que con la entrada del nuevo gobierno habría un ajuste al alza en el número de delitos del orden común reportados al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), siempre que el nuevo Fiscal General del Estado no cayera en actos de simulación y ocultamiento de información como en los que incurrió el último Fiscal de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo Contreras, quien desde su asunción en 2014 hizo descender las cifras de incidencia delictiva de manera frenética, para ocultar el verdadero martirologio que vivíamos los jarochos.
De entrada, el gobierno actual ha estado realizando una búsqueda sistemática de los elementos y mandos policiacos, estatales y municipales, que han sido cooptados por el crimen organizado. Yunes Linares informó que se realizan cambios de mandos y se está investigando a elementos policiacos y funcionarios municipales, pues se ha detectado que directores del área de gobernación y de seguridad están vinculados a la delincuencia.
Aunque no ha habido una manifestación detallada de cómo recibió el área de seguridad pública, como sí lo ha hecho en materia de salud, es muy posible que el legado de Javier Duarte de Ochoa acuse graves deficiencias en la formación y confiabilidad de los elementos policiacos, aunque se hizo mucho alarde de cómo se destinaron fuertes presupuestos a ello, que seguramente se quedaron en los bolsillos de los funcionarios. Además, problemas de coordinación, falta de recursos para la operación tanto de las policías estatales como de las fuerzas federales que han trabajado en coordinación con las autoridades locales.
Lo más peligroso es la incorporación de elementos policiacos y de unidades enteras de la policía estatal a las filas del crimen organizado; en algunas regiones se habla, incluso, de la formación de organizaciones delictivas conformadas por elementos policiacos, que han operado impunemente, con recursos públicos como patrullas, combustibles, fornituras, armamento y municiones, sin contar la cobertura que les proporcionan las insignias oficiales en sus uniformes.
El lastre, por supuesto, es sumamente pesado. Para ejemplificar, el gobernador Yunes dijo que el director de Gobernación del ayuntamiento de Ciudad Mendoza es hijo de un delincuente de alta peligrosidad condenado a prisión y recluido en el Penal de Pacho Viejo, quien había sido director de la policía municipal. Nada más para que veamos en manos de quiénes estamos.
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