Por el desastre financiero que estaba por dejar la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, una mayoría relativa del electorado veracruzano decidió darle su confianza al candidato de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, pues su incendiario discurso lo basó en la promesa de que en cuanto asumiera el poder encarcelaría de inmediato al mandatario ex priista y a toda su banda de cómplices, y que recuperaría todo lo que saquearon del erario estatal.

A casi dos meses de haber rendido protesta como gobernador constitucional de Veracruz, Yunes Linares no ha cumplido cabalmente ni con lo uno, ni con lo otro. Duarte sigue prófugo, pero perseguido por la Procuraduría General de la República que le imputa delitos graves del fuero federal –delincuencia organizada y lavado de dinero–, más no por la Fiscalía General del Estado, pese a que el ex mandatario tiene también sendas denuncias penales radicadas en la FGE que el propio panista interpuso en contra de su antecesor.

De toda la banda del gobierno duartista, hasta el momento únicamente ha caído en prisión el doctor Leonel Bustos Solís, ex director general del Seguro Popular, y de lo rescatado oficialmente por Yunes de lo que “les robaron a los veracruzanos” –según lo informó el mismo día de su toma de protesta ante el Congreso local el 1 de diciembre pasado–, el monto asciende a sólo 1,250 millones de pesos, que es una cifra ínfima comparado con la magnitud del desfalco que les atribuyen.

Por eso, ante el fracaso de su fugaz gobierno “justiciero” –al que solamente le restan cerca de 22 meses–, ahora Yunes Linares ha tenido que solicitar a la Legislatura del estado su aprobación para reestructurar o refinanciar la deuda pública que ya no será a un plazo de 30 años como lo había planteado inicialmente, sino a ¡medio siglo!.

Yunes ha pedido a los diputados su aval para que a través de la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Clementina Guerrero, se celebre una o varias operaciones de endeudamiento, en los términos del Libro Quinto del Código Financiero para el Estado, aclarando que los recursos obtenidos por medio de las operaciones autorizadas “será únicamente la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública”.

Lo anterior será posible, según él, mediante el pago anticipado o mediante la modificación de los términos y condiciones de los contratos de crédito o de los títulos que se encuentren vigentes, así como para el pago de proveedores de servicio, la creación de fondos de reserva, el pago de penalidades por pago anticipado y la contratación de títulos o mecanismos de cobertura, entre otros gastos conexos de los financiamientos.

El titular del Ejecutivo veracruzano precisa en su iniciativa que todas las autorizaciones contenidas en el decreto estarán vigentes durante los ejercicios fiscales correspondientes al 2017 y 2018, los que corresponden a su periodo gubernamental.

Para la reestructuración o refinanciamiento por hasta 42 mil millones de pesos, podrán realizarse el número de operaciones que resulten pertinentes por medio de la emisión de títulos o de la suscripción de contratos de crédito con las entidades del sistema financiero mexicano o personas morales mexicanas, monto que no incluye los gastos conexos de los financiamientos, por lo que podrán sumarse al monto autorizado.

El proceso se realizaría en dos etapas: la primera buscará reestructurar los financiamientos para eliminar o modificar cláusulas de penalidades que han sido violentadas o que están a punto de violentarse en los primeros meses de 2017, y, la segunda, se enfocaría a la reestructuración o refinanciamiento de los créditos o emisiones bursátiles que están sobreaforadas o sobregarantizadas o con tasas innecesariamente más altas que las del mercado financiero.

Según Yunes, con ello se podrá mejorar la calificación de crédito del gobierno de Veracruz, lo que permitirá reestructurar o refinanciar los adeudos financieros de manera integral, para mejorar el perfil crediticio de la entidad de manera sostenible.

En su exposición de motivos, el titular del Poder Ejecutivo puntualiza que el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, Veracruz tiene 21 obligaciones financieras constitutivas de deuda pública con un plazo promedio de 226 meses, que hasta el 30 de septiembre del 2016 registraban saldos pendientes cuya suma total ascendía a la cantidad de 41 mil 529 millones 580 mil 201 pesos.

De hecho, como candidato, Yunes afirmó en mayo de 2016 que para atender el tema de la deuda pública del estado buscaría refinanciar y reducir la tasa de interés de los créditos contratados por el gobierno estatal con la banca privada, pues acusó que la administración duartista se llevaba una mochada al contratar créditos con tasa de interés más altos. “Uno de los negocios ilícitos de Duarte es contratar deuda al 9 por ciento anual, y la deuda a los estados garantizada con participaciones federales se contrata máximo al 5.5 por ciento”.

En entrevista, el entonces diputado federal con licencia aseguró que en ese momento se tenía comprometido casi la totalidad de las participaciones federales, por lo que se hacía necesario el poder liberar el flujo de efectivo para los siguientes dos años. “El problema central es la deuda y la corrupción que dio origen a esta deuda. Hoy no se sabe cuánto debe el Gobierno del Estado. Las estimaciones calculan más de 100 mil millones de pesos, lo que sí se sabe es que el 90 por ciento de participaciones están comprometidas”.

A mediados de diciembre pasado, dos semanas después de haber tomado posesión como gobernador, Yunes declaró la “emergencia financiera” y amenazó con la suspensión de pagos a los bancos si no se acordaba una quita y un ajuste a las tasas de interés. Ya veremos si no es otro más de sus embustes.