En un ambiente ciertamente crítico, no solo por los coletazos de los acontecimientos nacionales, en particular el alza descomunal en los precios de los combustibles y la instigación sospechosa de saqueos muy bien organizados, este viernes el PRI y su renacida organización agraria, la CNC, harán una demostración de músculo político en el Puerto de Veracruz.
Y lo harán justo en la ciudad en que todavía este miércoles ocurrieron saqueos a comercios, a uno de los cuales acudió personalmente el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para tratar de convencerlos de que evitaran la violencia y disuadirlos de incurrir en delitos que los pueden hacer acreedores de al menos 10 años de prisión, como les espera a 143 personas que ya están detenidas por los saqueos de los días previos.
Y es que todo parece indicar que al gobernador Yunes Linares le están haciendo la travesura de encenderle diversos focos de rebelión social, con el ánimo de minar su ascendente político y obligarlo a reaccionar de manera impulsiva a ciertas circunstancias. Como este jueves, cuando trató de calmar a los saqueadores que se aprestaban a invadir Plaza Las Brisas, ofreciéndoles despensas de 500 pesos.
En diversas conferencias de prensa, el Gobernador y sus funcionarios de política interna, seguridad pública y justicia ofrecieron un panorama sobre los acontecimientos ocurridos en Veracruz, Coatzacoalcos, Tierra Blanca y Xalapa, entre otros sitios, donde hubo saqueos muy bien orquestados por grupos criminales y, como en otras entidades del país, huestes identificadas con el PRI, que buscaron generar pánico, desmovilizar a la población para evitar que proteste contra el alza en combustibles y establecer las condiciones para justificar actos de represión.
Que el gobierno federal está involucrado en esos actos lo corrobora el hecho de que las autoridades policiacas federales evitaron que la policía estatal desalojara a grupos que se habían posesionado de casetas de cobro en la zona de Córdoba, por lo que se les permitió afectar a decenas de miles de automovilistas y transportistas.
Pero si los saqueos que se realizan con un número impresionante de personas muy bien organizadas (y no como producto de una respuesta espontánea de la población) ya significan una afectación impresionante a la economía de las empresas afectadas, de la seguridad de los veracruzanos y de la actuación del gobierno estatal, el jueves se abrió otro frente: el cierre de válvulas de la presa Yuribia en el municipio de Tatahuicapan, por parte de campesinos identificados con Morena, que este viernes empezará a afectar a más de medio millón de habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y otras poblaciones.
Impunidad, divino tesoro
Para el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, para él mismo, ningún delito debe quedar impune. Ya hemos vivido décadas en que tanto el gobierno federal como el estatal convirtieron a la impunidad en el pasaporte ideal para el crecimiento de la delincuencia y la violencia. Lo demuestra el hecho de que decenas de miles de homicidios producto de la guerra contra la delincuencia organizada ni siquiera han merecido el trabajo de abrir un expediente, y lo mismo sucede con miles de desaparecidos cuyos cuerpos ni siquiera se buscan. De todos ellos, sus familiares reclaman justicia, pero nadie está dispuesto a brindársela.
Por eso, en las diversas actuaciones del actual gobierno, en todas las cuales ha salido a dar la cara el mismísimo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares ha insistido en que se castigarán los delitos que se cometan, aun cuando en estos hayan incurrido personas en aras de una causa social.
Ocurrió con los bloqueos a carreteras federales como la de Xalapa, frente a la SEV, y en la caseta de Fortín, cuyos instigadores fueron detenidos en flagrancia, aunque en lo personal no conozca su situación jurídica. Ya hemos dicho que, derivado de los saqueos, hasta este jueves se hubiera detenido a 143 personas, que serán sometidos a juicio por los delitos de asociación delictuosa, privación de la libertad, lesiones, daños, incitación a la violencia, robo agravado, terrorismo y motín, entre otros que, por su naturaleza y forma de ejecución, no otorgan derecho a la libertad durante el proceso.
Pero el hecho grave de negarle a cientos de miles de sureños el derecho al agua también merecerá una acción penal rigurosa, según lo ha señalado el propio Yunes Linares. Se trata de un acto reiterado de los ejidatarios, liderado por Lino González Bautista que, con el gobierno de Javier Duarte, disfrutó de extrañas prerrogativas: la recepción de 2.5 millones de pesos mensuales que, en conjunto, representaron una sangría de 60 millones del erario, que no recibieron municipios completos.
La batalla que sigue entre el gobierno estatal y este grupo campesino respaldado por Morena se antoja prolongado tanto en acciones de confrontación como en tribunales, y ya veremos quién vence al final. Lo cierto es que Yunes tiene razones jurídicas para proceder.
El PRI buscará abrir más la herida
En ese contexto difícil, este viernes el dirigente estatal de la CNC, Juan Carlos Molina, tiene prevista la asistencia de unos 15 mil campesinos al evento de conmemoración del 102 aniversario de la promulgación de la primera ley agraria por parte del entonces presidente Venustiano Carranza.
A este acto, que tiene la característica de ser la plataforma de lanzamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz rumbo a los comicios municipales, acudirá el dirigente nacional priista Enrique Ochoa Reza, quien enfrenta, en el ámbito nacional, una ofensiva intensa por parte de la vieja guardia, encabezada por el exdirigente priista Manlio Fabio Beltrones, quienes no solo se han ido contra él sino también contra Enrique Peña Nieto, por el gasolinazo.
Y es que el PRI ha sido entreguista, mientras sus sectores y organizaciones, de transportistas, taxistas e, incluso, agricultores adheridos a la CNC y otras agrupaciones priistas, han protagonizado manifestaciones y bloqueos por estar en contra del aumento desmedido en los precios de las gasolinas.
También está prevista la presencia del senador Manuel Cota Jiménez, dirigente nacional de la CNC, quien ha señalado que hoy los retos en materia agraria están orientados a aumentar los índices de productividad, calidad y sanidad; a llevar servicios de organización agropecuaria, forestal y pesquera, más recursos financieros y tecnológicos, extensionismo y capacitación, además del fomento a la comercialización y exportación de productos del campo.
Por eso se prevé que en el acto de este viernes 6 de enero, Cota Jiménez haga un exhorto a los cenecistas del país a mantener el ritmo de producción de alimentos e, incluso, incrementarlo, para disminuir las importaciones, en un contexto internacional negativo como el que caracterizará la relación con Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump a la Presidencia del país vecino.
El dirigente campesino Juan Carlos Molina, por cierto, se enfila poderosamente hacia una de las candidaturas del PRI al Senado de la República en 2018, año en que Veracruz se convertirá en un verdadero infierno porque, además de los comicios para elegir al Presidente de la República y renovar las cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, se elegirá Gobernador del Estado y Diputados locales.
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