La incidencia delictiva en Veracruz, que se ha mantenido en niveles crecientes, pese al trabajo de maquillaje entre 2014 y 2016 aplicado por el ex Fiscal General Luis Ángel Bravo Contreras, no es un problema de percepción, es un problema real al que la población enfrenta prácticamente sin ayuda del gobierno veracruzano.

Si bien el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares quiso minimizar el impacto de la delincuencia específicamente en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río (municipio este último gobernado por uno de sus hijos), y en el intento incurrió en la misma actitud que su predecesor, como ya lo ha documentado la prensa estatal y nacional, lo cierto es que la cosa está que arde en Veracruz.

Todos sabemos que el actual gobernador es un político muy preocupado por atacar el problema de la inseguridad y que, en breve, tendrá mayores herramientas para contribuir a mejorar no la percepción sino la seguridad pública misma. Sin embargo, en el primer mes de su gobierno, la propia dinámica de las organizaciones delictivas parecía indicar que se estaba aprovechando el descontrol de las nuevas autoridades policiacas para hacer entre ellas sus ajustes de cuentas.

Ya sabemos, porque varios analistas y comentaristas de café lo establecieron, que también en el ámbito criminal se estaba operando una especie de sucesión, por decirlo de alguna manera, y que una organización de Jalisco trataba de plantar cara al cártel con que operaron tanto Fidel Herrera como Javier Duarte de Ochoa. Pero no pasa de ser una hipótesis un poco literaria, a falta de elementos que nos lo corroboren.

Durante su campaña electoral, Miguel Ángel Yunes Linares habló de disponer de todas las herramientas tecnológicas para investigar y atacar al crimen organizado y al crimen común, y hasta se refirió a la utilización de drones, como los que aparentemente se aplicaron para la aprehensión de más de 30 delincuentes de la región norte del estado, que estaban en posesión de armas, droga y una persona privada ilegalmente de su libertad.

Pese a espectaculares acciones, que nos hacen recordar el acribillamiento de más de 20 presuntos delincuentes en el municipio de Jesús Carranza antes de que se cumplieran seis días del nuevo gobierno,  todavía no es visible a plenitud un trabajo de reforzamiento de la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y por otra parte, apenas la Legislatura local ha decidido nombrar a Jorge Winckler Ortiz, un hombre muy cercano al gobernador, como nuevo Fiscal General del Estado, aunque su mayor proeza ha sido despedir a decenas de trabajadores.

El legado criminal de Javier Duarte

Lo que dejó sembrado el prófugo Javier Duarte por todo Veracruz es espeluznante. De entrada, una de las acciones que agradeceríamos a Yunes Linares es la aclaración de buena parte de los miles de crímenes que quedaron impunes, y que favorecieron el florecimiento del negocio negro del robo, el homicidio y el secuestro.

Por todo su territorio, Veracruz está plagado de fosas clandestinas, donde es posible encontrar a miles de desaparecidos de los últimos años, que esperan ser rescatados por sus familiares para ser inhumados legalmente. Aunque el Gobernador se ha comprometido con las organizaciones de familiares de desaparecidos, lo cierto es que no han encontrado la mínima sensibilidad de parte del Fiscal General de Justicia, lo que hace pensar que no se hará un mayor esfuerzo para cerrar uno de los capítulos más oscuros de la justicia en el país.

Y es que precede al inicio de este gobierno uno de los meses más violentos en Veracruz, tanto en el número de robos y homicidios, como en secuestros.

Cuadro 1. Número de delitos cometidos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (Diciembre de 2010-Noviembre de 2016)


Desde el mes de diciembre de 2010 en que comenzó la trágica andadura del góber prófugo hasta noviembre de este fatídico año, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registra el asesinato de 9 mil 370 paisanos, 4 mil 965 de los cuales cayeron por homicidios dolosos, gracias a un siniestro andamiaje que unió a las fuerzas de seguridad pública con el crimen organizado.El de Javier Duarte de Ochoa no solo debe ser recordado como el gobierno estatal en que se cometió el mayor latrocinio contra los veracruzanos, haciendo palidecer a su predecesor y mentor Fidel Herrera Beltrán. Lo más grave es que se convirtió en el sexenio que más sangre de veracruzanos permitió que se derramara, dejando en entredicho millonarias sumas supuestamente invertidas en seguridad pública.

La cifra negra, sin embargo, es mucho mayor. Cientos de desaparecidos que no se contabilizan ni como víctimas mortales ni como secuestrados, pueblan cientos de fosas clandestinas que solo son investigadas por asociaciones de familiares de desaparecidos, con el cínico desdén de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tan solo en la zona norte del Puerto de Veracruz, el Colectivo Solecito Veracruzano había localizado hasta principios de octubre 100 fosas clandestinas, pero el territorio estatal está sembrado de cadáveres inhumados sin identificar en fosas secretas que deberían sumarse a las cifras reconocidas por la FGE.

Para colmo, ocupando uno de los tres primeros lugares nacionales, Veracruz concluyó el sexenio siniestro de Duarte con 617 personas secuestradas, lo que hace pensar que, en realidad, más de 6 mil veracruzanos sufrieron este crimen de alto impacto.

Ya iremos conociendo cómo nos va con el actual gobierno, siempre que se respete la promesa de ser lo suficientemente transparentes como para evitar las mentiras evidentes en que incurrió el anterior fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, quien desde su asunción en 2014 hizo descender las cifras de incidencia delictiva de manera frenética, para ocultar el verdadero martirologio que vivíamos los jarochos. ¿Se resistirá a esto el joven Winckler?

 

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