Suponiendo, quizá, que los veracruzanos no tienen memoria, la semana pasada el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se placeó por el céntrico parque Juárez y en los pasillos de Palacio de Gobierno con Jesús Villalobos López, un ex funcionario federal que fue inhabilitado diez años por actos de corrupción durante su corto desempeño como director de Pronósticos Deportivos a finales del sexenio del presidente Felipe Calderón, y a quien en 2010, cuando fue postulado por primera vez por el PAN a la gubernatura de Veracruz, Yunes dejó como sucesor en el ISSSTE, lo que motivó el disgusto y rompimiento de la lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, con su ex pupilo.
¿A qué vino Villalobos a Xalapa? ¿Se incorporará formalmente al gabinete de Yunes Linares, será un ministro sin cartera, un asesor financiero externo o quizá un prestanombres como los que llevaron a la ruina política al ex gobernador prófugo Javier Duarte de Ochoa?
Y es que en junio de 2011, Gordillo reconoció que ella había recomendado a Yunes con Calderón pero se deslindó de los “malos manejos” en el ISSSTE y demandó por “razones éticas, morales y políticas” practicar una auditoría a la gestión del veracruzano sobre los 58 mil millones de pesos que le fueron destinados al Instituto entre los años 2008 y 2010.
¿De qué tamaño serán, pues, las complicidades entre Villalobos y Yunes que a éste no le importó provocar este matricidio político?
Villalobos es un funcionario muy afín a Miguel Ángel, pues a finales del sexenio del presidente Vicente Fox fue director administrativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuando Yunes era secretario ejecutivo del SNSP. Y en diciembre de 2006 lo promovió como director de Finanzas del ISSSTE para que en febrero de 2010 –de acuerdo con los estatutos del organismo– lo sustituyera automáticamente en la Dirección General al formalizarse su precandidatura al gobierno de Veracruz.
Yunes necesitaba dejar a un incondicional en su lugar, pues con Villalobos había fraguado sospechosas licitaciones de contratos multimillonarios. Uno de ellos fue el contrato plurianual celebrado con Bestel, empresa filial de Grupo Televisa, por la prestación de servicios a su red nacional de telecomunicaciones. La licitación de este contrato, que ascendía a 2 mil 79 millones 976 mil 209 pesos, fue encaminada por Yunes antes de que fuera nominado a la gubernatura de Veracruz.
El caso de Bestel es un asunto que atizó aún más el enfrentamiento entre los dos magnates de las telecomunicaciones en México: Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, y Carlos Slim, de Telmex, cuyo contrato había vencido el 28 de febrero de ese año. Pero la empresa de Slim argumentó que la licitación 00637173/005/10, convocada el año anterior por el área administrativa del ISSSTE aún a cargo de Villalobos, le fue sospechosamente asignado a la compañía de Azcárraga pese a sus limitaciones tecnológicas y a que su oferta fue 26% mayor que la presentada por Telmex, que ascendía a sólo mil 661 millones de pesos.
Pero en marzo de 2009, el ISSSTE bajo la dirección de Yunes también fue protagonista de otro escándalo similar por un contrato superior a los 5 mil millones de pesos asignado mediante una cuestionada licitación pública al corporativo Fármacos Especializados, el cual debía asegurar el suministro total de medicamentos al Instituto durante los últimos cuatro años de la administración del presidente Calderón.
Por el monto, se trataba del mayor contrato habido en México para suministro de medicamentos e insumos al sector público. La empresa favorecida era de por sí la principal proveedora de medicamentos para el gobierno federal: 31% del total de ventas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En una amplia investigación periodística, el diario capitalino El Universal evidenció que las bases de la licitación 00637173-001-09, relativas “a la prestación del servicio integral de administración y operación de la cadena de suministro de medicamentos y material de curación para los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012”, provocaron que otras siete empresas del ramo farmacéutico desistieran de participar, en virtud de que un requisito fijado por el ISSSTE en su convocatoria se habría hecho con aparente dedicatoria para el corporativo beneficiado.
Y es que según la convocatoria pública, el requisito controvertido –en el numeral 5.5.1– exigía haber obtenido al menos dos contratos previos de dependencias de la administración pública “cuyo monto mínimo (en total) sea de $600, 000, 000.00 (seiscientos millones de pesos) durante un año, que estén vigentes, o que en su caso se hayan realizado durante los últimos tres años inmediatos anteriores”; condicionamiento que solamente cumplía Fármacos Especializados.
A mediados de junio de 2011, en una inserción periodística pagada por la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, ligada también a la profesora Gordillo, los representantes de esta burocracia federal denunciaron que el ISSSTE “registra un grave desfalco financiero y serios problemas en su operación”, consistentes en “déficit de médicos y enfermeras, desabasto de medicamentos, falta de equipo y desatención en clínicas y hospitales”, todo ello oculto por una “administración opaca y corrupta que no rinde cuentas”, como la del prófugo ex gobernador Javier Duarte.