Hace poco más de un año, en octubre de 2015, el presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez (Movimiento Ciudadano), quien acababa de llegar al cargo, destapó algunas irregularidades en el manejo de los recursos públicos de su antecesor, el priista Ramiro Hernández García.

El edil de la capital de Jalisco se refirió al tema de la asignación de policías por parte de ese ayuntamiento, para que cuidaran a políticos, empresarios, ex alcaldes y líderes sindicales y religiosos. En pocas palabras, los elementos de la corporación municipal eran comisionados para que prestaran servicio de seguridad privada, con cargo al erario público.

En total, 681 policías municipales fueron asignados, en el periodo de 2012 a 2015, a la protección de diversos personajes. Incluso, se dijo que algunos elementos estaban comisionados a otros estados del país.

No sólo eso; esa fuerza, los 681 policías, representan más del 30 por ciento del total de los elementos de la policía municipal de Guadalajara, cuya Comisaría de Seguridad Pública reportó en su momento que existían mil 833 efectivos, aunque en nómina había 2 mil 514.

En Veracruz, el tema de la discrecionalidad en el uso de los recursos humanos de los cuerpos policiacos fue abordado este miércoles por el secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, Jaime Téllez Marié, quien compareció ante los diputados locales, que lo habían citado desde hace una semana para abordar el tema relacionado con la delincuencia en la entidad, así como los casos de las diputadas Daniela Griego y Janeth García Cruz, cuyos domicilios fueron atacados (en el segundo caso también hubo amenazas), así como el del legislador por Misantla, Ernesto Cuevas, quien se dijo víctima de persecución e intimidación por parte de elementos de la policía estatal.

En ese contexto, el secretario de Seguridad Pública hizo puntualizaciones que resultan importantes:

Primero, que no habrá seguridad personal; es decir, guaruras para políticos y empresarios, de lo que se desprende que quien pretenda contar con protección especial tendrá que pagarla. Agregó: “he ordenado que se retiren los custodios a algunos empresarios y políticos, porque no se puede distraer la seguridad cuando hay 8 millones de veracruzanos que también han padecido”.

Segundo, que los diputados, políticos y funcionarios recibirán el mismo trato que cualquier ciudadano, porque la seguridad no puede dirigirse a unos cuantos. En ese sentido, Téllez Marié apuntó que los casos de las diputadas que fueron víctimas de la delincuencia fueron atendidos prácticamente de inmediato.

Tercero, que la depuración policiaca continuará en Veracruz, dado que hay 470 elementos que no aprobaron los exámenes de confianza, pero continúan en activo.

Y cuarto, que al llegar a la Secretaría encontró una dependencia donde lo común eran las irregularidades, como la duplicidad de funciones, la falta de estructura, el desvío de recursos y, en síntesis, el saqueo.

Sobre dichas declaraciones, bien valdría la pena comentar que, en efecto, usar a los elementos de seguridad pública para cuidar a particulares, aunque se trate de políticos encumbrados o empresarios prominentes, es un insulto para los 8 millones de veracruzanos y en particular, para las víctimas de los casi 40 mil delitos que, sólo de enero a noviembre del presente año, se han registrado en la entidad.

En pocas palabras, la ley de nuestro país no contempla diferencia alguna entre las personas; no hay ciudadanos de primera y de segunda, por lo que el uso de recursos públicos, en este caso la nómina de la policía, para brindar protección a particulares es un tema que las autoridades hacen bien en evitar.

Causas del avance de la delincuencia

A propósito, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública se refirió al incuestionable avance de la delincuencia en los años recientes; subrayó que el problema se agudizó en Veracruz debido a los abusos, la corrupción y las omisiones de la pasada administración estatal.

Como dato la dimensión de la inseguridad en territorio veracruzano, de acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Secretaría de Gobernación), los casi 40 mil delitos registrados en Veracruz durante los primeros once meses del presente año se suman a los más de 74 mil de 2011; a los 78 mil de 2012; a los 72 mil de 2013; a los 48 mil 500 de 2014; y a los 45 mil 500 de 2015.

En total, la cifra de los ilícitos denunciados ante la Procuraduría-Fiscalía del Estado durante la etapa de Javier Duarte en el gobierno de la entidad, y en el efímero paso de Flavino Ríos por el Poder Ejecutivo, se ubica en más de 358 mil; lo peor es que esos números incluyen casi 4 mil 950 homicidios dolosos y 627 secuestros; a ese nivel llegó la inseguridad en Veracruz en los seis años anteriores. @luisromero85