Qué difícil hablar de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) sin que le cuelguen a uno etiquetas o se interprete desde la perspectiva de los intereses que suponen representa quien lo escribe. Curioso además, que vilipendiada como lo ha sido, hoy haya un inusitado interés por formar parte de ella.

Pocos gremios son tan complejos como el periodístico. Aquí hay diferencias de todo y por todo: entre quienes lo son por profesión y quienes lo son de oficio; aquéllos que son directivos o dueños y quienes no lo son; los que tienen una buena relación con políticos y quienes se asumen como corrientes críticas de libre pensamiento –como si esto fuera excluyente.

Pero también hay notorias diferencias entre quienes trabajan en Xalapa o Veracruz y el resto del estado; quienes se dedican a los medios electrónicos y quienes lo hacen en los medios impresos; quienes tienen mucho tiempo en el gremio y quienes están en sus primeros años; hasta entre quienes son columnistas y aquéllos que son la tropa de calle. Siempre hay prejuicios.

¿Es posible entonces encontrar un consenso sobre la naturaleza y estructura de una institución que tenga como propósito velar por sus intereses y su seguridad? No lo creo.

Hasta hoy, todas las iniciativas institucionales o surgidas de los propios medios han naufragado porque nadie quiere ceder en sus intereses; todos quieren imponer los propios, alegando experiencia y prestigio; entre nosotros mismos nos vemos con un alto sentido discriminatorio porque asumimos que hasta entre las combis hay rutas.

Ejemplos: las asociaciones de periodistas se multiplican y se dividen en lugar de sumarse; en muchos casos, sus dirigentes se asumen como interlocutores válidos con el poder, lo que va minando la fortaleza y legitimidad entre sus integrantes. Otro caso: el Colegio de Periodistas, esfuerzo que fracasó entre la burocracia y la desconfianza del gremio. Ahora toca el turno a la CEAPP.

¿Debe seguir? En mi opinión sí, pero necesita al menos dos condiciones: debe dejar de ser un apéndice oficial y no estar integrada por periodistas. Explicaré porqué, buscando amainar el enojo que pueda causar entre algunos de mis amigos que podrían formar parte de ella.

Y ahora… ¿Quién podrá defendernos? La Comisión no puede defender a los periodistas frente al Estado si forma parte del Estado. Hasta hoy ese ha sido su Talón de Aquiles: es una dependencia marginal que depende del gobierno y, en consecuencia, debe actuar en su misma lógica.

Por eso creo que debe ser autónoma, que tenga recursos propios aportados por las propias empresas de medios y convertirse en una ONG legitimada por su actuación y no por su estructura burocrática. O en todo caso, crear la figura del ombudsman, con todo lo que ello implica.

¿Por qué no debe estar integrada por periodistas? Porque la función de la Comisión no es hacer periodismo, sino garantizar derechos y libertades de los periodistas. Y esto lo puede hacer mejor un abogado, por ejemplo, que no tenga la marca de empresa, grupo o corriente dentro del medio que marchite su legitimidad. Hay doctores que saben sanar un corazón pero no administrar un hospital.

Coincido plenamente con que la vida de la Comisión es necesaria, pero no del modo en que lo está ahora. Si tenía un propósito cuando se creó, este ya no existe, y por tanto, su naturaleza ha perdido todo el sentido. Cambiar de nombres no necesariamente va a mejorar las cosas, por muchas buenas intenciones que muevan a los aspirantes. En principio, debe haber claridad en su ámbito de responsabilidad.

Mucho se criticó a la Comisión por lo poco que hizo para prevenir el fatal desenlace de algunos compañeros reporteros. Sin embargo, esa no es –y no debe ser- su función; cuidar la integridad de los periodistas, como de cualquier ciudadano, es responsabilidad de la policía, aunque bien sabemos que durante la pasada administración, en muchos casos, el cuidador resultó ser el verdugo.

Por las chambas que me tocó desempeñar, conocí el trabajo de la Comisión. Sé que hubo honestidad y empeño en representar al gremio y ejercer las facultades para otorgar mínimas garantías en el desempeño de su trabajo. Se dio atención a las familias de los periodistas fallecidos y se brindó protección preventiva a quien lo solicitó.

Sólo que algo pasó que nadie lo vio así. Nunca hubo empatía entre la Comisión y los periodistas. Y si los comunicadores -a quienes está dirigida esta función del gobierno-, no se sienten protegidos y carecen de garantías para trabajar, entonces la propia Comisión no puede pelearse con la realidad. Por ello su descrédito.

Este lunes, el Gobernador Miguel Ángel Yunes habría enviado la propuesta de los nuevos integrantes de la Comisión. Todos ellos periodistas, todos de carne y hueso, todos con historias personales como las nuestras; por ello, todos blanco de críticas, unas justas y otras mal intencionadas, que poco abonarán a la famélica credibilidad del organismo.

Insisto, una Comisión fuerte y robusta sólo se encontrará en la medida en que su vínculo legal y financiero con el gobierno sea nulo; que pueda actuar con independencia, que ponga en jaque al gobierno cuando de alguna forma socave los derechos del periodista; y que sus integrantes entiendan y ejerzan su función… aunque no sean periodistas.

La del estribo…

Que el nuevo Fiscal General estará en el cargo por nueve años y no por el tiempo que le faltaba a Luis Ángel Bravo. ¡Ah, qué diputados tan jocosos! Sólo estará por el tiempo político de su jefe y mentor. El Congreso lo elegirá por nueve y el Gobernador en turno decidirá cuando deba de irse, como sucedió con el Fisculín.