La integrante de la Comisión de Gobernación del Congreso local, María Josefina Gamboa Torales, amagó con “intentar” presentar denuncias penales contra los titulares de la Secretaria de Gobierno y Comunicación Social, Genaro Mejía de la Merced e Irma Chesty Viveros, por “faltar a la verdad” durante su comparecencia.

Aseguró que la medida se presentará antes de que concluya el presente mes, pues se busca dejar un precedente para que los secretarios de despacho eviten mentir antes los legisladores locales.

En el caso concreto de la titular de Comunicación Social afirmó que la funcionaria aceptó el cargo y debe responder por la asignación de contratos millonarios a empresas fantasmas, a las que se les vincula.

“No estamos hablando de licuadoras y plantas, estamos hablando de recursos para la gente más vulnerable hacia funcionarios públicos, dinero que terminó en sus bolsillo y eso no lo digo yo, lo dice el SAT”.

Comentó que en su presentación ante los legisladores Irma Chesty incurrió en contradicciones en sus respuestas a los diversos cuestionamientos, lo que se puede tomar como mentiras ante diputados locales.

Hay que mencionar que como parte de las comparecencias se ha hecho mención que aquellos funcionarios que faltan a la verdad serán denunciados penalmente, por lo que se podrían hacer acreedores a multas de hasta ocho años de cárcel.

Cuestionada sobre la viabilidad de presentar las denuncias la legisladora comentó: “Yo considero que hay elementos, lo voy a intentar, pero necesitamos (reunir) varios requisitos, pero que va a pasar de lo mediático a lo formal, lo vamos a hacer”.

Minimizó las críticas por su protagonismo durante las comparecencias, al señalar que se está buscando conocer la verdad de la pasada administración y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.

“Estoy segura que se pueda hacer, me tocó la comparecencia contra Irma Chesty y me tocó la del Secretario de Gobierno”.

El artículo 333 establece que a quien falte a la verdad en una promoción o declaración ante autoridad competente se le impondrá de tres a ocho años de prisión y multa de cien a quinientos salarios.

 

 

 

 

 

Isabel Ortega