Con la incorporación del diputado federal Alberto Silva Ramos en la lista de los políticos investigados por dependencias federales por la posible comisión de delitos de servidores públicos, parece cerrarse la pinza sobre la mayoría de los miembros de la banda de la Fidelidad, fundada por el actual Cónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, y continuada por Javier Duarte de Ochoa, prófugo junto con su esposa Karime Macías de la justicia mexicana, y convertido en el mayor escándalo de corrupción en la administración pública del país.

Las revelaciones publicadas por el portal Eje Central el viernes pasado sobre la utilización de 18 empresas fantasma para el desvío de recursos por un monto de 502 millones de pesos por gastos relacionados con supuestos servicios de promoción y publicidad, tan solo en 2014, en que fungía como Coordinador General de Comunicación Social el actual diputado federal por Tuxpan, son investigadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y podrían poner al Cisne (alias con el que se le conoce) en la ruta de un juicio de procedencia para despojarlo del fuero y llevarlo a tribunales.

La información ya ha sido corroborada por la actual encargada de Comunicación Social con Flavino Ríos Alvarado, Irma Chesty Viveros, durante su comparecencia ante comisiones de la Legislatura; ahí dijo que el SAT ya le requirió información sobre las empresas fachada que recibieron contratos del gobierno estatal.

Silva Ramos se suma a una larga lista de funcionarios y exfuncionarios que operaron los multimillonarios desvíos de recursos durante el gobierno que concluye el próximo 31 de noviembre, aunque muchos alargan sus tentáculos hasta la gestión de Fidel Herrera Beltrán, hasta el momento sin ninguna acusación federal en su contra y, en cambio, beneficiario de un exilio de lujo como representante del gobierno de Enrique Peña Nieto en Barcelona.

La lista de funcionarios y exfuncionarios públicos la encabeza, por supuesto, Javier Duarte de Ochoa, el pez más gordo de los que forman parte de la banda de la Fidelidad, quien luego de pedir licencia definitiva del puesto y de anunciar que se dedicaría de tiempo completo a su defensa jurídica, huyó el sábado 15 de octubre en un helicóptero facilitado por el actual gobernador Flavino Ríos Alvarado, pese a que en ese momento Duarte era ya un simple ciudadano.

Tres días antes, el 12 de octubre, Duarte había anunciado en el noticiero de Carlos Loret de Mola que pediría licencia al cargo de Gobernador para enfrentar las acusaciones en su contra. Pero todo fue una escaramuza delictiva para ocultar su huída junto con su esposa Karime Macías, un personaje siniestro que pese a ser señalada como el cerebro de múltiples operaciones financieras con dinero público de y para los veracruzanos, hasta el momento no ha sido requerida por la PGR, como sí ocurrió con Duarte, a quien un juez le giró el fin de semana en que escapaba una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los miembros de la banda

Además de Alberto Silva Ramos, cuya espiral de acusaciones apenas ha comenzado, quien ya ha sido imputado por la PGR e inhabilitado por la Contraloría General del Estado para ocupar un puesto público en los siguientes 10 años, es el todavía diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad.

En efecto, el 4 de noviembre pasado la Contraloría anunció que había procedido a inhabilitarlo por conductas indebidas y daño patrimonial durante su desempeño como Tesorero de la Sefiplan. Abdalá Saad no entregó los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por un monto de 300 millones de pesos, además de que en el proceso no entregó documentación comprobatoria de sus actos y proceder como funcionario público. El propio exfuncionario reconoció en entrevista a medios nacionales que más de 300 millones de pesos de un subsidio federal de salud se canalizaron para otras “prioridades” de la administración estatal, aunque sostuvo que con ello solo cumplía con una política de gasto establecida por el gobernador Javier Duarte.

El 13 de noviembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) inició por lo menos 6 investigaciones en contra de Antonio Tarek Abdalá, por delitos de servidores públicos. Las pesquisas las realiza la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales (SEIDF) de la PGR, la misma que consignó el expediente por el que se libró la aprehensión contra el gobernador con licencia. Todas derivan de denuncias que presentó en 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el actual legislador, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la SEIDF. Se trata de averiguaciones previas iniciadas bajo el anterior sistema de justicia penal mixto, en el que aún está previsto un catálogo de delitos graves más amplio que en el régimen jurídico oral acusatorio.

Sin embargo, Silva y Abdalá no son los únicos miembros del círculo de la Fidelidad sobre los que podría caer el peso de la justicia. Se habla de que varias operaciones realizadas con empresas fantasma podrían llevar a tribunales al exsecretario de Educación, Adolfo Mota Hernández, así como a la exsecretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes, ambos diputados federales, y ya deben estar cocinándose investigaciones en contra de funcionarios de segundo nivel que sirvieron en la administración pública estatal, varios de ellos durante los dos últimos sexenios.

En el caso de la Legislatura local se habla de indagatorias en contra de los diputados locales Vicente Benítez González, exoficial Mayor de la SEV, a quien se ha señalado como prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, además de haber amasado una enorme fortuna; en la misma circunstancia se encuentra el diputado Juan Manuel del Castillo González, señalado operador financiero de Duarte cuando se desempeñaba como funcionario de Sefiplan. Sobre este personaje, el portal Formato Siete publicó en febrero pasado lo siguiente:

“Mucho se habla del saqueo en que se ha incurrido en la actual administración a las arcas del erario estatal, con la complacencia del gobernador Javier Duarte de Ochoa pero ¿quiénes son los encargados de operar los desvíos de recursos a cuentas privadas y domicilios particulares?

“Encabezados por Juan Manuel del Castillo González, Subsecretario de Sefiplan, se menciona a Alejandro Limón Luengas, quien hace un tiempo fue separado de sus funciones en la Sefiplan por un faltante aún sin comprobar de 5 millones de pesos y que, no obstante el hecho, fue premiado y arropado por Juan Manuel del Castillo desde los tiempos en que despachaba como Secretario Particular del Gobernador Javier Duarte.

“Limón Luengas opera en complicidad con el tesorero Arnulfo García Fragoso desde una de sus guaridas secretas, ubicada en una discreta casa blanca en el número 3348 de la avenida Ruiz Cortines. A ese domicilio transportan millonarias cantidades de dinero en efectivo a bordo de una Toyota blanco, un Aveo blanco, un Jeep plata y una Honda CRV plata desde la Sefiplan, dinero que se usa, entre otras cosas, para apoyar tanto las pasadas campañas electorales de los ahora diputados Tarek Abdalá, Érik Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Alberto Silva y demás secuaces, como para enriquecer a todos los participantes de ese círculo de traidores al pueblo veracruzano y, por supuesto, ir haciendo el guardadito para la campaña de Juan Manuel Del Castillo, quien si no la logra se quedará con lo robado. Total, no hay para pagar compromisos oficiales pero sí para seguir saqueando.”

Esta historia continuará…

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