De muy bajo perfil están resultando los procesos judiciales iniciados contra dos de los más cercanos colaboradores de Javier Duarte, el extitular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y el exsecretario del Trabajo, Gabriel Deantes.
Lo que hasta ahora han dejado en claro es que los verdaderos saqueadores ni siquiera estaban en la nómina estatal.
Los casos son tan menores, que incluso la PGR decidió no atraerlos.
Este jueves ambos exfuncionarios tuvieron audiencia en las salas de juicios orales de Pacho Viejo, pero era tal el caos que se vivía en Xalapa, que pocos les prestaron atención.
El de Bermúdez Zurita va más avanzado. En esta ocasión la juez Estrella Iglesias Gutiérrez le notificó que le fue decretada la «vinculación a proceso», por el delito de abuso de autoridad. También está acusado por tráfico de influencias.
Ninguno de estos delitos es considerado grave, por lo que el inculpado podrá seguir el proceso en libertad, con el pago de una fianza.
Tanto Arturo Bermúdez como los otros dos imputados (Alejandro Contreras, ex titular administrativo de la SSP, y Roberto Esquivel, empresario) tienen la posibilidad de impugnar la determinación de la juez, en un plazo de tres días.
La Fiscalía General del Estado (FGE), pidió que la carpeta de investigación contra Bermúdez Zurita continúe abierta para presentar más pruebas y adelantó que habrá de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria información de contratos.
La próxima audiencia se podría llevar a cabo el próximo hasta el mes de mayo de 2017. La única restricción que les impusieron a Arturo Bermúdez y al resto de los imputados es que no pueden salir del país.
En el caso de Gabriel Deantes el caso va más despacio. Este jueves tuvo apenas su primera audiencia, con el juez de control, quien le informó que es acusado de enriquecimiento ilícito, pues la Fiscalía encontró discrepancias entre sus declaraciones patrimoniales y los ingresos que habría tenido como servidor público.
Lo curioso del caso es que la Contraloría del Estado envió el expediente de Deantes señalando que las diferencias entre sus posesiones y sus ingresos era de más de 40 millones de pesos, pero al momento de llevar el caso ante el Poder Judicial, la Fiscalía encontró discrepancias por apenas 10 millones.
La cifra suena francamente ridícula, si se compara con los señalamientos en contra de Javier Duarte y sus operadores financieros, quienes habrían desviado ¡miles de millones de pesos!
Frente a ostentosos ranchos y lujosas mansiones que han sido localizadas en Estados Unidos y Europa, palidece la tristemente célebre «Villa Meona», como fue bautizada la residencia que se construyó Deantes en Xalapa.
Una vez que escuchó la imputación en su contra, Gabriel Deantes cuenta con 72 horas (término del que puede pedir sea duplicado) para presentar las pruebas de descargo que considere pertinentes. Una vez que las evalúe el juez, se decidirá si el caso se desecha o se le vincula a proceso.
Aún incluso si se le llega a vincular a proceso, como en el caso de Bermúdez, Gabriel Deantes seguirá el juicio en libertad.
Lo realmente importante será cuando sean llevados a juicio el propio Javier Duarte y personajes como Jaime Porres, Moisés Mansur, Franky García y Jose Antonio Bandín. Entonces sí se hablará de muchos miles de millones de pesos.
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