Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre el fracaso en materia de seguridad del Gobierno federal en los últimos meses.

Entre julio y septiembre la violencia se expandió en el país, al grado que agosto fue el mes con mayor número de muertes con armas de fuego desde el inicio de los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1997.

“10 años después de haber empezado una llamada Guerra contra el narco seguimos careciendo de una estrategia. Parece que es el crimen quien controla el territorio”, dijo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

En septiembre hubo mil 974 carpetas de investigación por homicidios dolosos, las cuales abarcan el fallecimiento de 2 mil 187 personas, es decir, una parte de las tragedias se trató de asesinatos múltiples.

Las organizaciones civiles apuntaron que hubo un aumento en los homicidios dolosos en 22 entidades.

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) resaltó el caso de Baja California, que en algún momento fue un ejemplo de éxito, pero que ahora supera la tasa de delitos nacional en al menos en los siete delitos de mayor impacto. En especial, los homicidios dolosos en 54 por ciento.

“No ha habido un compromiso de los Gobiernos estatales, me parece muy grave que estemos tirando el dinero a la basura”, dijo María Elena Morera, directora de la organización Causa en Común.

El especialista Alejandro Hope destacó que el motor del alza de homicidios es la impunidad que hay en el país; la que deriva en que la violencia le pegue en especial a los estratos más pobres de la sociedad.

“Vamos a alcanzar 25 mil homicidios para finales del año, esto es 50 por ciento más que Estados Unidos en absoluto, y eso que tiene tres veces más población, y también son más homicidios que todos los registrados en los países europeos juntos”, dijo Hope.

De acuerdo con el experto en sociedad, del 2000 a la fecha han sido asesinadas alrededor de 280 mil personas; lo que supone que para cuando acabe el sexenio habrá un promedio de 330 mil.

En este marco las organizaciones civiles rechazaron la propuesta existente en el Senado, por el Senador Jorge Luis Preciado del Partido Acción Nacional, de extender los permisos de portación de armas, hasta ahora para domicilios, a vehículos y negocios.

“Nos parece extremadamente irresponsable claudicar y darle la oportunidad a los ciudadanos de que se defiendan por sí mismos, y por otra no entendemos que más armas producen más violencia”, dijo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

En septiembre se iniciaron 6 mil 509 carpetas de investigación por robos a negocios. Mas armar a los locatorios no parece ser la solución ante los ojos de las organizaciones civiles.

“El trámite toma 10 minutos, y pagas 45 pesos, si se aprueba esas personas podrían portarlas en vehículos y negocios”, dijo Paulina Arriaga, directora de la organización Desarma.

SECUESTROS

Septiembre también registró 142 personas que fueron víctimas de secuestro, de acuerdo con el ONC. Un cuatro casos de secuestro por día. Las entidades más afectadas fueron Tamaulipas, Zacatecas y Tabasco.

“Nos preocupa que el secretario de gobernación prometió que iba a llevar los secuestros a su mínima expresión, y lo que estamos viendo es que estaos muy lejos”, dijo Morera.

Por su parte, las extorsiones sumaron 428 averiguaciones previas en septiembre, de acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las organizaciones cuestionaron las respuestas del Gobierno federal ante estos delitos. El 30 de agosto el Presidente Enrique Peña Nieto anuncio una estrategia para priorizar la seguridad en 50 municipios.

“Parece un poco más de lo mismo, ya que eran municipios receptores de recursos federales, donde no se vieron resultados antes”, dijo Rivas.

Con información de Sin Embargo