No hay más que remitirse a los recientes resultados electorales para identificar la tendencia del voto en la capital veracruzana y el creciente rechazo que enfrenta el Partido Revolucionario Institucional.

Si bien en los recientes procesos municipales, el PRI prácticamente no ha tenido mayores problemas para ganar Xalapa, el crecimiento de la marca Morena y el reciente triunfo de la alianza PAN-PRD en la elección estatal son factores que complicarán, por decir lo menos, el escenario para los priistas.

Ante dicho escenario, cada día es mayor la probabilidad de que el tricolor no logre hilar su quinto triunfo consecutivo en la capital de la entidad, sobre todo porque el PRI, por años, basó su fuerza en el control que ejercía desde el poder estatal.

Fuera de Palacio de Gobierno, se antoja muy complicado que el Revolucionario Institucional alcance buenos resultados en los municipios más densamente poblados, como Xalapa por ejemplo, donde el Movimiento de Regeneración Nacional crece de forma considerable; tanto, que las dos curules que corresponden a este municipio en el próximo Congreso del Estado serán de Morena, como lo es actualmente la federal, que está en manos de Cuitláhuac García Jiménez.

Es un hecho que el PAN mantendrá su alianza con el PRD y que la candidatura se asigne a un rostro conocido en el ámbito empresarial. Hay quien ha mencionado como posibilidad a algún ex priista, como los ex alcaldes David Velasco y Ricardo Ahued, aunque los propios dirigentes panistas se han encargado de desestimar dicha posibilidad; otras voces apuntan a Justo Fernández Ávila, filántropo y respetado empresario, y a la próxima diputada local, Cinthya Lobato Calderón, quien, se anticipa, tendrá un papel protagónico en la siguiente Legislatura del Estado.

En Morena, mientras tanto, más que los nombres cuenta la marca y la figura de Andrés Manuel López Obrador, que está muy posicionada en el ámbito nacional y particularmente en estados como Veracruz.

El PRI, en el siguiente proceso municipal, enfrentará el peor de sus escenarios posibles: el desprestigio generado por la enorme corrupción detectada a la actual administración estatal; el crecimiento de sus adversarios políticos; y la falta de cuadros propios, personajes que despunten en términos de opinión pública.

Los probables aspirantes priistas simplemente no crecen; tenemos el ejemplo del actual delegado del ISSSTE en la entidad, Renato Alarcón Guevara, quien busca, sin demasiados argumentos, suceder a Zúñiga Martínez en el gobierno municipal.

El problema para el ex secretario del ayuntamiento es que ante los nombres que manejan en el PAN y ante el importante crecimiento de Morena, Alarcón Guevara llevaría al PRI a un tercer lugar, si es que no sale un candidato independiente de peso que lo mande a la cuarta posición.

La denuncia de los Ayuntamientos

No se trata únicamente de un tema político y partidista; uno pensaría que la obligación de los actuales alcaldes de los municipios a los que les retuvieron los recursos federales es denunciar dicha situación, porque no hacerlo podría constituir un delito, el incumplimiento de un deber legal.

Probablemente por ello y sobre todo por el hecho de que los municipios están asfixiados en términos financieros, algunos presidentes municipales se apresuraron a interponer denuncias; Xalapa es un caso, el gobierno municipal recurrió a la Procuraduría General de la República para demandar la transferencia de 262 millones de pesos que corresponden a los fondos Metropolitano y de Bursatilización, a recursos del Fortamun, FISM, Fortaseg, el ISR participable de CMAS y del municipio, Fortafin, Prodere y Ramo 028.

Coatzacoalcos, otro ejemplo, presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para requerir el pago de las participaciones retenidas por el gobierno estatal, 160 millones de pesos, que corresponden a dos meses del Fondo de Infraestructura Social Municipal; un mes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal; así como los recursos de la bursatilización y del Fondo Metropolitano.

El problema consiste en que esos recursos ya fueron cubiertos por la Federación, que no volverá a pagar lo que ya fue depositado.

La administración estatal dispuso del dinero de los municipios para cualquier otro fin; sin embargo, el ejecutivo de la entidad no puede, de ninguna manera, disponer de forma unilateral de las participaciones que corresponden a los ayuntamientos.

Evidentemente, durante los últimos cinco años, el gobernador utilizó a su antojo de los recursos públicos, dando por descontado el silencio y la resignación de los alcaldes, que terminaron por rebelarse  ante una situación que era ya insostenible.

Por cierto, el ayuntamiento de Xico fue uno de los que recurrieron, por ese mismo tema, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio la razón a las autoridades municipales y determinó obligar a Sefiplan a liberar los recursos.

Así las cosas, lo predecible es que la SCJN asuma el mismo criterio y falle a favor de los municipios que denuncian el incumplimiento del gobierno del estado en la transferencia de las participaciones.

La pregunta es qué pasará con aquellos alcaldes que, por una malentendida actitud institucional, prefirieron guardar silencio ante la retención indebida de las participaciones federales por parte del gobierno estatal. luisromero85

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