Las cifras lo dicen. Gran parte de la violencia que se vive actualmente es el resultado de una mala estrategia durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.

Uno de los varios errores fue declararle la guerra al crimen organizado, según afirma Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Desde su oficina en Constituyentes, en la Ciudad de México, el comisionado comenta que durante la administración pasada casi se triplicó la cifra de homicidios por cada 100 mil habitantes y asegura que actualmente se trabaja para disminuirla, pero la percepción de la población sobre la inseguridad ha aumentado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario federal pone el dedo sobre la llaga: el control del crimen organizado está en el interior de algunas prisiones estatales, desde donde se orquestan secuestros, extorsiones y muchos otros delitos.

Sales Heredia toca otro punto importante para la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que es la dignificación de la policía y el respeto a sus derechos humanos. Por eso llama a que se reforme el artículo 123 de la Constitución mexicana y se deje de discriminar a los operadores del sistema de justicia penal.

Sobre la actuación de las policías en operativos, urge a concretar la ley general del uso de la fuerza y saluda que se norme para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acompañe en operativos y sea un observador y determine si se violan o no los derechos de civiles.

Puntualiza que el organismo que ahora encabeza Luis Raúl González Pérez no puede sentenciar a los policías porque eso corresponde a otra instancia. No obstante, advierte que si alguno de los policías federales infringe la ley deberá ser sancionado, como ha ocurrido con los aproximadamente 300 que han enfrentado castigos.

La percepción de la población es que la violencia y la inseguridad se mantienen o van en aumento. ¿Qué está pasando?

—La percepción de inseguridad ha crecido, pero, hay que decirlo con toda claridad, uno es el delito y otro el miedo al delito. Son cosas diferentes.

La Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) nos dice que la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en 2015 fue de 35 mil 497, cifra estadísticamente inferior a lo estimado en 2014, que fue de 41 mil 655, y en 2013, de 41 mil 663.

Tenemos que lograr correspondencia entre la realidad y la percepción, y reconocer que ha habido incremento en algunas entidades federativas en homicidios dolosos, pero también disminución en otras.

Hay que ver con claridad cómo estábamos, en dónde nos encontrábamos al inicio de la administración, y en dónde se encontraba el país al inicio de la administración anterior.

En el año 2007 teníamos 8.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el año 2012, 22.2 por cada 100 mil; ahora estamos en 17 por cada 100 mil. Se dio un incremento entre 2014 y 2015 del 16.7 al 17.

Esta es la cifra, no estamos comparando otra cosa, como alguien señalaba. No estamos comparando peras con manzanas, es la curva que maneja el Inegi.

Tendríamos que preguntarnos qué fue lo que pasó de 2007 a 2012, cómo fue posible que de estar de ocho por cada 100 mil habitantes nos moviéramos a 22 en menos de cinco años.

¿La percepción de inseguridad sí aumentó?

—Sí, y por eso hay que trabajar. Estamos actuando con inteligencia operativa. Hacemos el análisis de a quién hay que capturar primero y dónde, para generar menos violencia.

¿Qué cárteles están operando en el país?

—Nosotros no hablamos de cárteles. Parte de la nueva estrategia, de la narrativa, es no mencionarlos, no hacerlos ver como si fueran entidades al nivel del Estado. Son personas que cometen delitos que hay que investigar, capturar, procesar y sancionar. No son enemigos.

Uno de los grandes errores, a mi juicio, de estrategias pasadas es considerar que los delincuentes son enemigos, es darles rango de beligerancia. Son simples y vulgares delincuentes.

Hay que enviar un mensaje muy claro a la sociedad de que quien delinque será sancionado. Esa es la finalidad de la pena en los Estados democráticos de derecho.

¿Entonces esa frase de “guerra contra el narcotráfico” fue mal empleada?

—Muy mal empleada, y generó, en buena parte, consecuencias como las que ya vimos.

¿Pero sí tienen una gran estructura las organizaciones criminales?

—Son estructuras golpeadas que se atomizan. Por supuesto que tienen armas de alto poder, hay que tener extremo cuidado en los operativos. Hay que ser capaces de capturarlos con toda la coordinación del gabinete de seguridad.

Uso de la fuerza

¿Qué hacer cuando las fuerzas armadas y de seguridad se enfrentan a los criminales con armamento superior y ustedes no pueden emplear ese tipo de armas?

—Hay niveles para el uso de la fuerza. Se puede hacer uso de la fuerza letal cuando no hay otra solución, cuando no hay otra vía. Hay que utilizar el principio de proporcionalidad y racionalidad, pero el Estado puede actuar en legítima defensa de las personas y de los intereses de la comunidad.

En las circunstancias específicas que lo ameriten, antes hay que tratar de agotar todos los protocolos.

A cada uno de los policías federales, guardias del servicio de protección y custodios les estamos dando una cartilla para el uso de la fuerza, que en el último punto dice: “Podrá hacer uso intencional de armas de fuego cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida y no exista otra alternativa”. Todo se les explica.

De acuerdo con esa tarjeta, ¿en Tanhuato fue ejecución o respondieron a un ataque?

—No me corresponde a mí determinar qué fue lo que pasó, le corresponde a la fiscalía y, en su caso, a la autoridad judicial. Lo que puedo decir es que necesitamos con urgencia una ley general de uso de la fuerza.

No hay una ley que norme a los tres órdenes de gobierno que tienen que actuar concurrentemente. No sabemos hasta qué punto está capacitada alguna entidad o municipio.

No sabemos si nuestro protocolo, a pesar de que se inspira en el código de conducta para funcionarios para hacer cumplir la ley de la Organización de las Naciones Unidas, esté vinculado con las entidades, por eso necesitamos una ley nacional que norme y que nos permita actuar coherentemente.

¿Difícilmente se habla de los derechos de las Fuerzas Armadas y de seguridad?

—Se olvida en muchas ocasiones que los policías son personas que arriesgan cotidianamente la vida en función de otras que protegen.

Lo que decimos es que si vamos a exigirles a nuestros policías que respeten los derechos tenemos que empezar por respetar sus derechos, por considerar que las corporaciones policiacas deben ser dignificadas, valoradas en lo que son.

Es una profesión compleja y muy valiosa. Dignificar implica reconocer que los derechos de los policías son iguales cuando menos que el resto de los servidores públicos.

Tenemos que reformar el artículo 123, apartado B, fracción 13, de la Constitución, que discrimina paradójicamente a los policías, a los fiscales y a los peritos, que son los operadores del sistema de justicia penal.

Insisto, hay que respetar los derechos humanos de los policías, no podemos sentenciar extrajudicialmente o arbitrariamente.

Con el respeto que nos merece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que vemos como una aliada porque nuestra causa tiene que estar vinculada con la suya, ellos no sentencian, ellos no procesan. Quien en su caso puede determinar si hubo abusos que se traducen en delitos es la autoridad judicial y quien acusaría, en su caso, es la fiscalía.

¿Y el Poder Legislativo por qué no le entra?

—Implica una reforma constitucional, es el Congreso de la Unión y los estados; debe entrarle.

Anunció que van a adquirir cámaras para grabar operativos…

—Las adquirimos, están integradas a casos. Las probamos y afortunadamente no hemos tenido que recurrir a ellas en operativos que sean necesarios. Ya las tienen las distintas divisiones de la Policía Federal.

Deriva de un punto de la recomendación de la CNDH.

¿Todavía está la invitación a la CNDH para que los acompañe a los operativos?

—Por supuesto, nosotros invitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que nos acompañe a los operativos. Hay un diputado que propuso que se norme y estaremos totalmente de acuerdo con que validen que estamos actuando conforme a la ley.

El sistema penitenciario

El sistema penitenciario en el país vive una situación delicada, sobre todo las prisiones estatales. ¿Qué hacer?, ¿una certificación?

—Tomar conciencia de que es un eslabón importantísimo en el sistema de justicia penal.

Nosotros nos encargamos en cada reunión con los gobernadores [de indicarles] que su sistema penitenciario es clave. Les insistimos en hacer movimientos de algunos internos que puedan representar riesgos para la población penitenciaria, que dignifiquen los espacios.

No puede ser que algunas cárceles sean todavía controladas por la delincuencia, que desde el interior se extorsione, se orquesten secuestros, robos. Es un tema al que hay que ponerle especial atención.

Tenemos una ley nacional de ejecución penal que plantea la corresponsabilidad de diferentes secretarías de Estado, como Gobernación, Salud, Desarrollo Social, Secretaría del Trabajo.

A nivel federal tenemos cerca de 24 mil internos, a nivel nacional tenemos cerca de 235 mil, las prisiones federales no se encuentran sobrepobladas. Al inicio de la administración teníamos siete con sobrepoblación, a estas fechas ninguna.

¿Conductas fuera de la ley y sus protocolos serán tolerados?

—De ninguna manera. En el interior de la policía tenemos la Unidad de Asuntos Internos y la Inspectoría, que se encarga de revisar conductas. Más de 300 policías han sido sancionados.

Con información de El Universal