Miguel Ángel Yunes Linares no es nuevo en materia de política y administración pública. Sabía, mucho antes de buscar una vez más la candidatura al Gobierno de Veracruz, que las finanzas en esta entidad no marchaban bien, y que el período de dos años que había elegido para administrar el estado sería insuficiente para corregir sus graves rezagos.

Aún así se lanzó al ruedo.

Hoy, sin embargo, tiene un panorama más claro del infierno al que deberá enfrentarse.

Uno de los rubros en los que el próximo Gobernador tendrá serios problemas, es en el del sistema de pensiones del Estado.

En días recientes el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) entregó a la Comisión de Vigilancia del Congreso local un anexo técnico acerca de los temas «pendientes» entre el Gobierno de Veracruz y el Instituto de Pensiones del Estado.

De dicho informe resulta que la administración estatal tiene una deuda con el organismo pensionario por más de 11 mil millones de pesos. La mayor parte de esas cuentas por pagar, corresponden a subsidios que no ha entregado y que ascienden a 6 mil 800 millones de pesos, y cerca de 5 mil millones de pesos que el gobierno estatal dispuso de la reserva técnica del IPE y que no los ha reintegrado.

Algo que es bien sabido es que desde hace un buen rato las aportaciones de empleados y patrones no son suficientes para sostener a los pensionados, por lo que el gobierno estatal contempla año con año, en su presupuesto de egresos, una cantidad adicional por el concepto de «subsidio» para completar el pago de las pensiones.

Hasta el año 2015, en números redondos, las cuotas de los trabajadores y las aportaciones patronales sumaban cerca de 200 millones de pesos mensuales, mientras que lo que se tenía que pagar por concepto de pensiones rondaba los 380 millones de pesos al mes. La diferencia la tiene que cubrir el Gobierno del Estado y no siempre puede hacerlo.

Pero el tema no es sólo de números. Esta insolvencia del Instituto de Pensiones del Estado le pega a los más desprotegidos, a personas de la tercera edad que sobreviven con su reducida pensión y que sufren cada mes porque les retrasan el pago.

Este no es un problema que sólo se presente en Veracruz. En general, los sistemas de pensiones están pasando por su peor momento.

En sus Criterios de Política Económica para el 2017, el Gobierno Federal advierte que el pago de pensiones es una presión creciente para las finanzas públicas de los próximos dos sexenios.

Calculan que para el 2017 el Gobierno federal pagará 720 mil 100 millones de pesos por pensiones del IMSS, ISSSTE, Pemex y otros compromisos de seguridad social. Ese monto significa 88 mil 600 millones más de lo gastado este año y equivale a un incremento real de 14 por ciento.

El gasto en pensiones y jubilaciones será equivalente al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2017 y aumentará cada año paulatinamente hasta alcanzar 4.4 por ciento en el 2022.

Enrique Díaz-Infante, director del programa del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias (CEEY), indicó que la presión es mayor porque no se han considerado los pasivos pensionarios de Gobiernos locales que no han reformado sus sistemas de pensiones, ni universidades públicas. Dijo que urge hacer un inventario con todos los sistemas de pensiones y conocer el nivel de fondeo que tienen.

Sin embargo, eso tampoco es sencillo.

La Fundación de Estudios Financieros (Fundef) dio a conocer que en México «es difícil» contabilizar los pasivos pensionarios reales de los estados porque no existe una regla contable específica para calcularlos.

El estudio plantea que la estructura y los conceptos que se incluyen en el Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental son bastante estándar en materia contable general y no establecen principios de contabilidad específicos para las pensiones.

No hay una normatividad específica para cuantificar y revelar los pasivos pensionarios en México, lo que permite a los Estados tener la discrecionalidad y el margen de maniobra respecto de lo que se puede hacer o dejar de hacer en contabilidad de pensiones.

Antes de que acabe el presente año, Miguel Ángel Yunes tendrá en su escritorio una tarjeta informativa en la que se le informe la millonaria cantidad que su gobierno tiene que erogar para cumplir con las obligaciones con pensionados y jubilados.

Sus recursos estarán limitados, pues también debe considerar el pago de salarios y aguinaldo de la plantilla burocrática de Veracruz.

Al margen de esas obligaciones, en la Secretaría de Finanzas del Estado tendrá una fila interminable de acreedores.

Al principio le echará la culpa a Javier Duarte. Más adelante se quejará de la falta de apoyo de la Federación.

Lo cierto es que en algún momento tendrá que hacer frente a estas y muchas otras obligaciones.

Ojalá pueda con todas ellas.

filivargas@nullgmail.com