Hace poco más de un año, el empresario Emilio Gidi Blanchet, de GB Plus e Intermercado, denunció una práctica irregular en el manejo de la nómina de los burócratas estatales.

El representante de dicha empresa, que otorga financiamiento a trabajadores, se quejó debido a que la administración de la entidad realizó descuentos a sus burócratas, pero no entregó el dinero correspondiente.

Debido a esa irregularidad, y a la sospecha de que el gobierno estatal jineteó indefinidamente ese recurso, unos tres mil 300 burócratas fueron enviados al buró de crédito.

El problema podría resumirse de la siguiente manera: 3 mil 500 trabajadores contrataron financiamiento con Intermercado para adquirir bienes muebles, enseres domésticos y hasta artículos de electrónica; la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno estatal aplicó los descuentos pero no trasladó el dinero a la empresa, que determinó iniciar acciones legales contra los burócratas y contra la administración estatal.

Hace casi un año, en noviembre de 2015, el empresario Emilio Gidi reveló que la deuda acumulada ya alcanzaba los 127 millones de pesos; de esa cifra, 53 millones ya se encontraban en mora, por lo que sus deudores pasaron a buró de crédito, que es una sociedad de información crediticia en que se basan las empresas privadas para determinar a quién le otorgan créditos.

Lo que llama la atención es que los retrasos en los pagos a la empresa financiera datan de 2012 y a esa fecha se remonta la batalla legal de Intermercado contra el gobierno estatal. Incluso, de forma reciente, Iván Gidi, director de convenios de Intermercado, informó que las demandas incluyen a Juan Manuel del Castillo, ex subsecretario de Finanzas del gobierno estatal; Manuel Arellano, ex secretario general de la Sección 56 del SNTE; Luis Ángela Soto, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud; Ricardo Sandoval, director administrativo de la Secretaría de Salud; y Vicente Benítez, ex oficial mayor de la SEV, entre otros.

Habría que comentar que en respuesta a las demandas y a los señalamientos públicos de los representantes de Intermercado, que llegaron a los medios y acapararon reflectores en la más importante cadena de televisión nacional, el gobierno estatal informó, en mayo pasado, que ese esquema de financiamiento fue cancelado porque era perjudicial para los trabajadores.

Y en efecto, fue cancelado, pero el dinero retenido a los trabajadores no fue cubierto a la empresa y eso tiene a más de 3 mil burócratas en el buró de crédito.

No se trata de una información nueva; el problema tiene al menos cuatro años en litigio y recientemente, en agosto pasado, un juez federal concedió un amparo a la empresa Intermercado, que se quejó porque el gobierno estatal pretendía desconocer el adeudo.

El ayuntamiento de Silva en Tuxpan, otro caso

Sin embargo, el gobierno estatal no es la única instancia que recurre a la retención de dinero a la nómina de los trabajadores para luego no trasladar esos recursos a las empresas financieras.

Algo muy parecido ocurrió en el municipio de Tuxpan, al norte de la entidad, de acuerdo con la información que difundió, este jueves, el Diario de Xalapa, en cuya portada aparece la nota “Deudas por más de $500 millones y 200 demandas, herencia de Silva”.

En dicho trabajo, el síndico del ayuntamiento de Tuxpan, Javier Benítez Ponce, a quien se recuerda por sus vínculos en el sector educativo y por haber sido presidente municipal del lugar, expuso una serie de problemas que enfrenta ese gobierno, y que son producto de la herencia que dejó a la presente administración el ex alcalde Alberto Silva Ramos, diputado federal con licencia y actual coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado.

El edil reveló que cientos de trabajadores al servicio del ayuntamiento tuxpeño contrataron créditos y financiamiento con la Famsa; el gobierno municipal encabezado por Silva descontó el dinero de la nómina pero no lo entregó a la citada empresa, que inició un procedimiento jurídico contra la administración municipal y contra los propios trabajadores.

Explica el síndico en la información mencionada: “durante la pasada administración les descontaron a los trabajadores de sus nóminas, pero no se le depositó el dinero a la compañía que les había entregado los bienes… como consecuencia, la compañía demandó al ayuntamiento el pago del adeudo; el gobierno municipal se defendió y la autoridad judicial que resolvió le dio la razón al ayuntamiento, que no se ve obligado a pagar”.

¿Dónde está el dinero?

Ahora, Famsa pretende que los empleados municipales de Tuxpan vuelvan a pagar sus deudas, porque de inicio, a la empresa no le llegó el dinero; la deuda sigue.

La gente se preguntará –dice el síndico– ¿dónde está el dinero?, porque el ayuntamiento tendría la obligación moral de devolverlo… la compañía demandó por la vía civil; y por eso, muchos empleados del ayuntamiento de Tuxpan están en buró de crédito.

En Tuxpan, al igual que en el caso del gobierno estatal y los burócratas de la SEV y Salud, nadie sabe dónde quedó el dinero descontado a los trabajadores; lo que sí saben los empleados del gobierno municipal es que difícilmente podrán solicitar préstamos o créditos, en virtud de que la mayoría se encuentra en buró. @luisromero85