“La inmunidad me la da mi trabajo” Ricardo García Guzmán

La vacilada de acuerdo que tomó la Comisión de Justicia Partidaria de suspender sus derechos como militante del PRI al gobernador Javier Duarte fue considerada una burla para los veracruzanos que esperan acciones concretas en contra de la corrupción, el saqueo y el abuso, no sanciones temporales que sueltan un fuerte tufo a tomadura de pelo. Para qué tanto show mediático, para qué tanta estridencia política de un partido político que hoy, por decisión presidencial, dirige una caricatura de grillo, más corrupto que los personajes a los que finge enjuiciar, como lo es Enrique Ochoa Reza “Clavillazo”.

Si con una sanción tan sin importancia, impuesta al Gobernador y seis de sus colaboradores que no figuran en el padrón de afiliados del tricolor, salvo Javier Duarte, pretenden hacer creer al electorado que están cambiando, que ahora sí va en serio el combate a la corrupción, pues qué mal se vieron porque el efecto de la suspensión de derechos crispó más los ánimos ciudadanos cuyos resultados se van a reflejar en la elección para presidentes municipales y luego en el 2018.

Esta es una de las reacciones, la del presidente de la Red Evangélica del estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, quien calificó como una burla la suspensión de los derechos político-electorales que el PRI impuso al gobernador Javier Duarte de Ochoa, a quien se le investiga por posibles actos de corrupción.

El pastor indicó que los veracruzanos reclaman justicia en las denuncias que se presentaron en contra del mandatario estatal, funcionarios y excolaboradores, a quienes se les atribuyen delitos como desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Incluso, opinó que la simple privación de la libertad como castigo a Javier Duarte de Ochoa, funcionarios y excolaboradores resulta insuficiente, por lo que se pronunció porque se congelen sus cuentas bancarias y aseguren sus bienes inmuebles

Mientras tanto, la dirigencia estatal del PAN alertó que el gobernador Javier Duarte de Ochoa estaría preparando su huida del país para evitar la justicia.

El vocero panista José Manuel Siu Vargas explicó que para el partido “es urgente que la PGR acelere sus investigaciones y pueda someterse a juicio porque el riesgo de que huya del país es grave”.

En conferencia de prensa en la sede estatal del blanquiazul, expuso que siempre se ha señalado de manera sistemática la corrupción que hay en el gobierno del estado, “en las posesiones que están documentadas en el SAT, en la opacidad de las cuentas públicas y en el ocultamiento y la falsedad de los funcionarios, además de la enorme deuda contraída”.

En el PAN, dijo Siu Vargas, no “necesitamos más pruebas para saber que Veracruz está al borde del colapso por el robo de sus recursos, y la exigencia para las autoridades federales es actuar con celeridad, con la severidad que merece el caso, porque solo faltan 63 días para que terminen este gobierno”.

Militantes decepcionados opinan

El PRI “tiene que responder por haberle dado a los veracruzanos el peor gobernador de la historia y la única manera de hacerlo es no ser un obstáculo para que se haga justicia a los veracruzanos”.

Debido a la “gravedad en las acusaciones” sobre enriquecimiento ilícito y peculado que enfrenta el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y seis de sus colaboradores, y por la afectación en la imagen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Comisión Nacional de Justicia Partidaria determinó suspenderles sus derechos como militantes de manera temporal, mientras continúa el proceso de investigación contra los inculpados en la Procuraduría General de la República (PGR).

En un hecho inédito, y luego de más de una hora de sesión, los integrantes de dicha instancia partidista dieron a conocer que son procedentes a trámite las denuncias en contra de Javier Duarte, Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez.

115 funcionarios serán notificados

Y si la corrupción practicada al más alto nivel en estos doce años de gobierno, denunciada por infinidad de actores políticos, no fuera suficiente para lamentar nuestra situación, ahora la Contraloría General del Estado anuncia que notificará a 115 funcionarios sobre su responsabilidad administrativa en torno a las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos durante los últimos dos sexenios.

El contralor Ricardo García Guzmán indicó que el proceso de solventación ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sigue abierto sobre las cuentas desde 2008, aunque aseguró que ya se tiene detectado “dónde se aplicó el recurso”.

“Hay muchos funcionarios y exfuncionarios, estamos por notificar resoluciones y concluir alrededor de 115 notificaciones en las próximas dos o tres semanas”.

Entrevistado después de su guardia de honor ante el monumento de Miguel Hidalgo y Costilla, agregó que actualmente la ASF y la Secretaría de la Función Pública, ventilan 71 auditorías a todas las dependencias del estado.

“Casi todas las dependencias de Gobierno, incluyendo la Contraloría, estamos siendo revisados por los años 2014, 2015 y 2016 y estamos en eso”.

García Guzmán reconoció que es la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) la que tiene más observaciones porque no deposita recurso a las dependencias o recibe el recurso federal pero no lo distribuyó, o bien porque no ha reintegrado el recurso a la ASF.

Se dijo seguro de no tener responsabilidades en el asunto de las irregularidades en el manejo de recursos y su fiscalización, por lo que no teme que se vea implicado en ello.

En otro tema, con respecto a la reunión de sus hijos, y el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, negó que se trate de buscar un “salvoconducto” para su persona.

“No cometieron ningún delito; la inmunidad me la da mi trabajo, tengo muchos amigos en esta vida, gracias a Dios”

El Gabo Deantes, triste

Uno de los suspendidos en sus derechos como priista (que ni lo era), Gabriel Deantes Ramos, originario de Tamaulipas, se ha desempeñado en los siguientes cargos: Durante el periodo de diciembre de 2010 a junio de 2011 se desempeñó como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz, el 18 de marzo de 2014 fue cesado por el gobernador Javier Duarte como Subsecretario de Finanzas y Administración en la Secretaría de Finanzas por “pérdida de confianza”. El 8 de enero de 2015 se incorporó de nueva cuenta al gobierno de Veracruz como Secretario del Trabajo cargo al que renunció tras la derrota del PRI.

Sobre el tamaulipeco pesan denuncias ante la PGR, presentadas en los años 2013 y 2014 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando se desempeñó como subsecretario de Administración y Finanzas. A Deantes se le relaciona con el desvío de 4 mil 600 millones de pesos enviados por la Federación para educación, salud, infraestructura y seguridad pública.

Hoy, Deantes sufre de tristeza porque ya no podrá ser candidato a gobernador de su natal Tamaulipas, donde pensaba robar a manos llenas como aprendió en Veracruz. Ni modo, Don Deantes, todo tiene un costo.

Lo de Duarte es intemporal

El derrotado presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, vapuleado por los chamacos de la Fidelidad, en sus intentos por limpiar la mugre de la cara del triclolor, aseguró ayer que su partido está dispuesto a colaborar con las instituciones de justicia del Estado mexicano en lo que éstas dispongan en torno al caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En entrevista mañanera con Óscar Mario Beteta, en Radio Fórmula, sobre si colaboraría con el Ministerio Público si éste solicita a la Cámara Baja la declaración de procedencia para poder llevar a la justicia a Javier Duarte, el líder priísta respondió que sí lo hará, pues afirmó que el PRI tiene que ser el primer garante de la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos que emanan de sus filas.

“El PRI siempre colaborará con los órganos de impartición de justicia a favor de la transparencia y rendición de cuentas y estaremos muy atentos a lo que las instituciones del Estado mexicano, que llevan las investigaciones sobre el caso de Javier Duarte en Veracruz, dispongan, soliciten y presenten”, dijo.

El lunes, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor retiró sus derechos como militante al gobernador, tras determinar que Javier Duarte está en una investigación penal que lleva la PGR, además de ser indagado por el SAT.

Ochoa Reza informó que la suspensión de derechos partidistas al gobernador de Veracruz “no tiene temporalidad”, toda vez que el proceso de análisis de hechos continúa

Reflexión

En el Senado de la República se hizo escuchar la voz del coordinador de la bancada priista, la de Emilio Gamboa Patrón: Nada le han comprobado a Duarte, dice defendiendo al jefe de su “amigo” Adolfo Mota Hernández. ¿Con qué le pagaría este favorzote Motita a Emilio el viudo?. Escríbanos a mrossete@nullyahoo.com.mx formatosiete@nullgmail.comwww.formato7.com/columnistas