En la última etapa de su administración, la crisis del gobernador veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, está tocando fondo.

Ante la avalancha de señalamientos, acusaciones y denuncias en su contra, la imagen del ejecutivo estatal registra un daño enorme y no se observa posibilidad alguna de que pueda salir bien librado.

Duarte es hoy un gobernador desgastado, objeto del descrédito, del repudio, del rechazo social y del escarnio público; por si fuera poco, todo parece indicar que el mandatario veracruzano está condenado al degolladero.

A estas alturas, la pregunta no se relaciona con el tema de las acusaciones, contundentes por lo que se ha manejado en los medios informativos; ni siquiera con la posibilidad de que en ese caso prevalezca la impunidad; sino con la duda sobre el factor tiempo y, sobre todo, con la posibilidad de que el ejecutivo no pueda concluir su mandato.

Durante los recientes días han corrido versiones en el sentido de que la actuación de la justicia contra Javier Duarte podría registrarse en cualquier momento; es decir, antes del 30 de noviembre.

Ese tema fue retomado este lunes por el senador Héctor Yunes Landa, quien ante medios locales afirmó que existen señales claras de que Duarte de Ochoa será detenido antes de que concluya su administración, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.

De cumplirse el vaticinio de Yunes Landa, un relevo tendría que concluir el periodo, hasta la llegada del nuevo ejecutivo, que será el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

El senador veracruzano, ex candidato del PRI al gobierno de la entidad, precisó que de registrarse la actuación judicial contra Duarte de Ochoa, ello ocurrirá hasta que la PGR tenga los elementos suficientes para girar una orden de aprehensión.

El escenario sería como sigue: la PGR debe concluir las investigaciones derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y del gobernador electo; una vez que eso pase, de encontrar elementos –como todo parece indicar– la instancia de procuración de justicia deberá solicitar el juicio de procedencia a la Cámara de Diputados, que turnará el caso a la Comisión Jurisdiccional; de ahí, a la Sección Instructora, que analizaría las denuncias y daría a Duarte las garantías de audiencia y defensa.

Posterior a ello, si la Cámara determina que el desafuero procede, la PGR podría actuar contra Javier Duarte, como lo sugiere Héctor Yunes, quien preside la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana en la Cámara de Senadores.

Toda esa maraña de trámites legales que implica el juicio para el desafuero no sería necesaria en los casos de la mayoría de los funcionarios y exfuncionarios del gobierno veracruzano que no cuentan con la inmunidad de un cargo de elección popular. Si aplicaría, sin embargo, para los diputados federales que habiendo ocupado espacios en la administración estatal, también han sido objeto de señalamientos, como Tarek Abdalá Saad, del distrito de Cosamaloapan, quien fue tesorero en la Secretaría de Finanzas y Planeación; Adolfo Mota Hernández, de Coatepec, ex secretario de Educación; y Edgar Spinoso Carrera, de Martínez de la Torre, ex oficial mayor de la SEV.

Por cierto, el juicio de procedencia tampoco sería necesario para el diputado local electo por el distrito de San Andrés Tuxtla, Vicente Benítez González, ex tesorero y ex oficial mayor de la SEV, quien no cuenta todavía con fuero, en virtud de que no ha rendido protesta.

Un apestado en Los Pinos

Al margen del proceso legal que sigue la PGR contra el gobernador de Veracruz, el escenario político también le resulta adverso al ejecutivo.

En el PRI no quieren a Javier Duarte, quien ha dejado de ser un aliado del poder en el Altiplano. El gobernador es algo así como un apestado en Los Pinos, lo que fue evidente, primero, durante la visita presidencial a la Escuela Naval de Antón Lizardo, el pasado 11 de agosto; y posteriormente, en la reunión celebrada para la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en Los Pinos, el día 19 del mismo mes, cuando Peña Nieto prácticamente se saltó al veracruzano, en el saludo a los mandatarios estatales.

El hecho de que el PRI se haya desmarcado del gobernador de Veracruz; y de que el propio Peña Nieto prefiera marcar distancia con respecto al ejecutivo estatal son señales más que claras; a estas alturas, la suerte de Duarte parece echada.

Al PRI, evidentemente, le urge desmarcarse del gobernador veracruzano, tan señalado por presuntos actos de corrupción y tan desprestigiado en el ámbito nacional; de esa forma, lo más probable es que Duarte de Ochoa pase a la historia como el mandatario con el que se estrenó el Sistema Nacional Anticorrupción. @luisromero85