Mientras el Congreso local se ponía valiente y aplicaba al aún gobernador Javier Duarte de Ochoa una multa por 36 mil pesos por haber participado en actos electorales, este jueves algunos periodistas se parapetaban tras los árboles del Parque Juárez para ver si ahora sí atestiguaban la operación de los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), que andan investigando al cordobés y, según versiones, con extremada severidad.

Aunque Duarte ha tratado de distraer los reflectores hacia el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, aduciendo en Twitter que en realidad es a él a quien investigan, lo cierto es que los dos expedientes tienen como destinatarios al góber tuitero y al diputado local electo Vicente Benítez González, señalado en varias pesquisas como el operador de las denominadas empresas fantasma, a través de las cuales se habrían desviado cientos de millones de pesos.

Y sí, Yunes Linares está considerado en la investigación pero como parte acusadora, pues la denuncia presentada por él ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra Javier Duarte habría sido atraída por la PGR, además de que se perseguiría al director general de Catastro y Valuación del gobierno estatal, Domingo Yorio Saqui, por haber filtrado información sobre las propiedades e inmuebles registrados a nombre de Miguel Ángel Yunes y su familia y, en contrapartida, negar a la PGR información sobre las propiedades de Duarte y sus familiares.

Lo cierto es que, en el ámbito nacional, ha cobrado fuerza la versión de que el presidente Enrique Peña Nieto utilizaría la desgastada figura del gobernador de Veracruz para mostrar que su política anticorrupción va en serio, aunque muchos analistas señalan que va con pies de plomo y que en su supuesta lucha contra ese flagelo le faltan muchas piezas por incorporar, como los gobernadores de Chihuahua y Quintana Roo, César Duarte y Roberto Borge, así como los exgobernadores de Nuevo León, el priista Rodrigo Medina, y el de Sonora, el panista Guillermo Padrés.

La corrupción, los conflictos de interés y la impunidad frente al desvío de recursos públicos en diversos estados y en el propio gobierno federal, son unas de las causas principales por las que Peña va en caída libre y su figura pública es la más devaluada, más incluso que la moneda nacional, lo que le obligaría a dar un golpe de timón en su complaciente actitud ante actos descarados de corrupción.

La cosa va muy lenta. Pese a que aparentemente se acusa a Duarte de lavado de dinero por el asunto de las empresas fantasma, y por evasión fiscal, que incluiría la negativa a entregar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) las retenciones de impuestos a empleados y trabajadores del sector público, incluidos los de la Universidad Veracruzana, por más de 5 mil millones de pesos, pareciera que se quiere armar un expediente irrefutable, lo que puede llevarse los 69 días que restan a la actual administración.

Aunque muchos adelantan vísperas, la cosa no es tan sencilla y, mientras tanto, al gobernador Duarte ayer parecía curarse en salud, pese a que el tono de los agentes de la PGR fue sumamente imperativa. En un mensaje en Twitter, Duarte señaló este jueves: “El hecho de que @PGR_mx decidió atraer investigación de las denuncias en mi contra evita cuestionamientos en su resultado”. En realidad, la FGE no daría ninguno, porque el Fiscal está ahí para cuidarle las espaldas.

EL RECREO

Que en el Congreso de la Unión ya están comprando veladoras e incienso, y ensayan rosarios y avemarías, ante un inminente velorio político.

Todos quieren verlo vestido a rayas

Javier Duarte ha hecho posible que corrientes políticas disímbolas y analistas políticos de todas las gamas se unan en un solo propósito: su desafuero para ser juzgado y condenado.

Este jueves, el exdirigente estatal del PAN y actual diputado federal Enrique Cambranis Torres consideró que la PGR tiene en la investigación contra Javier Duarte la gran oportunidad de demostrar que sus acciones y el Sistema Nacional Anticorrupción son verdaderos y no sólo un distractor frente a la situación económica que atraviesa el país.

Recordó que desde marzo los diputados veracruzanos del PAN y el PRD interpusieron una solicitud de juicio político contra Javier Duarte por el daño causado a las finanzas públicas por más de 35 mil millones de pesos, detectados por la Auditoria Superior de la Federación, y añadió que la investigación atraída por la PGR contra el gobernador por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal les ha dado la razón.

En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ya se preparan para actuar en el desafuero del mandatario veracruzano. El vicecoordinador de los diputados del PRI, José Carlos Ramírez Marín, se comprometió a que esa Cámara actuará con rapidez si se presenta la solicitud para separarlo del cargo, a fin de que pierda el fuero, y a ese propósito se han unido también los diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano.

Ramírez Marín reconoció que la situación legal del gobernador veracruzano es muy delicada: “por la disposición que veo en las autoridades, creo que la intención es tener todo bajo control, y eso incluye que, en su caso, el Gobernador pueda ser puesto bajo proceso”.

El diputado panista Marko Cortés incluso pidió que la PGR tome las medidas preventivas ante el riesgo de que Duarte de Ochoa escape a partir del 1 de diciembre, cuando perderá la protección legal que le otorga el fuero para no ser indiciado; en tanto, el diputado Clemente Castañeda, del MC, señaló que la PGR ya tendría que solicitar el desafuero de Duarte: “Ojalá que la PGR, actuando conforme a derecho, ejerza sus facultades y haga lo que tenga que hacer, si no, todos se lo vamos a reclamar. No sólo los partidos políticos sino también la ciudadanía”.

Luego de un prolongado silencio, el PRI también ha convocado a su Comisión Nacional de Justicia Partidaria para este lunes, para abordar este caso. El daño que ha sufrido Veracruz por la inacción de las autoridades federales, sin embargo, muy difícilmente se podrá resarcir, y el problema es que en los siguientes días hasta el 1 de diciembre, las cosas siguen descomponiéndose, mientras saltan como palomitas cientos de demandas de profesores, burócratas, constructores, músicos, estudiantes y la Universidad Veracruzana, por el impago de obligaciones de parte del gobierno estatal.

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