El pasado 27 de julio, diversos medios informativos consignaron que el entorno más cercano, incluso el círculo familiar, del gobernador Javier Duarte de Ochoa era investigado por la Procuraduría General de la República.
Reforma, uno de los periódicos más influyentes en el entorno nacional, dio a conocer que la PGR pidió a la Dirección General de Catastro información “con carácter urgente y confidencial” sobre las propiedades del ejecutivo veracruzano y de otras 69 personas físicas y morales, entre las que se encuentra Karime Macías Tubilla, esposa de Duarte de Ochoa.
Peticiones similares envió la Procuraduría del gobierno federal a otras dos instancias del poder ejecutivo veracruzano: las direcciones del Registro Civil y del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías.
En el seguimiento de ese caso, por cierto, la oficina de Catastro fue señalada por presuntamente ocultar la información que le fue requerida.
El mismo día, 27 de julio, el gobernador Javier Duarte anunció que en un afán por transparentar la información de sus propiedades, ingresos y bienes, presentaría su declaración 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de intereses); así lo hizo; sin embargo, dos días después el 29 de julio, en Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana dieron a conocer que dicha declaración no fue aceptada porque sólo incluyó la relación de ingresos y bienes de Javier Duarte, pero no se hace referencia a las propiedades de sus familiares, entre ellos su esposa, Karime Macías. En pocas palabras, el gobernador sólo incluyó los bienes a su nombre, pero omitió los que están a nombre de su familia en primer grado, madre, hijos, esposa y familia política.
El tema de las investigaciones y denuncias contra la presente administración veracruzana ha crecido hasta llegar a su clímax desde hace un par de meses y ahí se ha mantenido hasta hoy.
A las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por presuntos desvíos de recursos se suman las investigaciones de la Procuraduría General de la República; las indagatorias del Sistema de Administración Tributaria sobre la asignación de millonarios contratos gubernamentales a empresas fantasma; y, por si dicho escenario no fuera suficiente, la distancia que de manera pública ha marcado el presidente Enrique Peña Nieto.
Ya con anterioridad, el 26 de agosto, Javier Duarte reconoció, en una entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva, que el SAT le aplicaba una auditoría a su círculo más cercano, esposa, madre y otras 42 personas.
La investigación contra Tony Macías
El más reciente capítulo de esa tragedia veracruzana llamada gobierno de Duarte se difundió este este jueves por el mismo diario, Reforma, que publica que el suegro del ejecutivo estatal, Antonio Macías Yazegey, se encuentra “bajo la lupa” por un presunto desvío de recursos públicos.
Tony Macías, como le conocen en Coatzacoalcos y su natal Villaflores, Chiapas, es padre de la presidenta del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Karime Macías Tubilla, esposa de Duarte.
Se trata de un empresario que mantiene fuertes nexos con grupos de Veracruz y Chiapas; incluso, durante algún tiempo se mencionó que tendría buenas relaciones con el gobernador de aquella entidad, Manuel Velasco Coallo.
El suegro del gobernador se ha dedicado al cultivo de espárrago en la zona limítrofe entre Chiapas y Veracruz; y es cabeza de una empresa denominada Procesadora de Frutas y Verduras Asépticas de Veracruz.
Pues bien, el citado medio apunta que de acuerdo con la investigación federal, Tony Macías y el ex secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno veracruzano, Manuel Martínez de Leo, habrían desviado montos millonarios a favor de agroindustriales aliados, en asuntos ajenos al tema del campo.
Macías Yazegey es director del Parque Tecnológico e Industrial Puerto México, en Coatzacoalcos, que tiene más de 120 hectáreas y que ha sido beneficiado con recursos estatales”, señala dicha nota.
Ese parque industrial funciona desde el sexenio anterior al de Duarte de Ochoa; fue fundado en 2006, hace ocho años, pero su verdadero auge comenzó desde el arranque de la presente administración estatal.
Tony Macías es una más entre las sesenta personas que, siendo parte del círculo más cercano del gobernador Javier Duarte, serían investigadas por diferentes instancias de la Federación.
El agua le está llegando al cuello al grupo más cercano del gobernador Javier Duarte.
Sombría recta final del sexenio
No únicamente los panistas exigen a la federación que se proceda contra la actual administración de Veracruz. El PRD hizo lo propio, una vez más, este jueves.
Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, declaró que la PGR tiene suficientes elementos para proceder contra el gobernador veracruzano.
El perredista sostuvo que las evidencias, como el reciente tema de Tony Macías, se acumulan, al igual que la exigencia de los partidos para que se proceda contra el actual gobierno estatal.
“Hay las pruebas de las corruptelas del gobierno de Duarte, ya tienen las pruebas suficientes para proceder contra el gobernador por todo lo que han saqueado”, subrayó el presidente del Consejo Nacional del Sol Azteca.
Sin el respaldo de Los Pinos y sin el apoyo del PRI Nacional, Javier Duarte enfrenta las acusaciones que pesan en su contra.
Negro, sombrío luce el panorama para el gobernador veracruzano, cuando estamos en la recta final de su mandato. @luisromero85