Este miércoles, mientras en la ciudad de Puebla cientos de jóvenes afiliados a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, padres de familia y maestros, simpatizantes todos de Antorcha Campesina, salieron a las calles para exigir al ayuntamiento poblano atención y respuesta a demandas de infraestructura educativa, en Veracruz, un nutrido grupo de alumnos de diferentes instituciones educativas se plantaron en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación para reclamar recursos para obras en escuelas, así como mobiliario.
En Puebla, los estudiantes antorchistas reclamaron, entre otros puntos, la liberación de ocho millones de pesos, que fueron gestionados por los legisladores de la organización, y que servirían para la construcción de la escuela Secundaria Técnica número 143 de Santa Ana Xalmimilulco; de igual manera, en otros puntos de la ciudad, pidieron que se concluyan los trabajos para la construcción de un auditorio en la colonia La Esperanza, y la donación de un terreno para fundar una escuela en la colonia Tlanesse.
Se trata de un movimiento nacional que, con diferentes demandas, se manifestó este miércoles: en Nayarit, por ejemplo, hubo protestas por el incumplimiento y la desatención de algunas dependencias federales, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a los compromisos contraídos con la agrupación que encabeza Aquiles Córdova Morán, básicamente caminos rurales.
Mientras tanto, en Guanajuato, un numeroso grupo de vecinos de localidades de San Miguel Allende y Dolores Hidalgo se presentaron en el Centro SCT para demandar la aplicación de recursos para la construcción de seis caminos. Esa movilización obedece a que existe el compromiso de dicha dependencia y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aplicar recursos en infraestructura caminera en esos lugares; el problema es que la SHCP no libera el dinero porque la SCT no entrega los proyectos ni define los tramos a reparar. Es un problema que se arrastra desde hace dos años.
Así las cosas, este miércoles, Antorcha Campesina tuvo un día de manifestaciones en diferentes puntos del país; en algunas entidades, como Guanajuato y Nayarit, exigiendo caminos; y en otras, como Veracruz y Puebla, demandando inversión en infraestructura educativa.
Las demandas antorchistas pasaron también por la exigencia de un bordo de contención en el ejido Mayrán, en Coahuila; viviendas en comunidades de Chiapas; obras para colonias en Sonora; introducción de energía eléctrica en Chetumal, Quintana Roo; etcétera.
En el caso de Veracruz, los estudiantes, maestros y padres de familia que simpatizan con la causa antorchista, a los que también se sumaron colonos, señalan que la Sefiplan retiene recursos por un monto cercano a los 190 millones de pesos, mismos que fueron gestionados ante la Federación por seis diputados federales de Antorcha, para ser aplicados en el mejoramiento de las condiciones de escuelas públicas.
La diputada Minerva Salcedo Baca explicó que ese monto sería aplicado en 23 obras en diferentes municipios veracruzanos. El problema es que ese recurso ya fue enviado desde la Federación desde hace una semana, pero la Sefiplan sigue sin liberarlos; así las cosas, habló del temor de que el dinero sea desviado a otros rubros que no favorezca a miles de familias que demandan obras y servicios sociales.
Lo más lamentable es que ante la inminente quiebra financiera del gobierno de la entidad, y ante el desorden de la administración estatal, lo más probable es que los recursos que demanda Antorcha no se apliquen en las obras para las que fueron gestionados y que tendrían que canalizarse a los municipios de Chicontepec, Tantoyuca, Tihuatlán, San Rafael, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Veracruz, Mecayapan y Soteapan.
A eso se debe la protesta de una agrupación que durante años se ha caracterizado por realizar una labor social que lo mismo incluye actividades culturales, como la Espartaqueada que organiza cada año, que gestión de obras y servicios en los asentamientos donde tiene presencia, que no son pocos porque se trata de un grupo que cuenta con más de un millón y medio de afiliados en todo el país.
Vecinos de El Dique denuncian extorsión
Vecinos y comerciantes del barrio de El Dique, de Xalapa, han levantado la voz en un tema que no es menor:
Un personaje que deambula por sus calles se hace pasar por inspector de Comercio, los extorsiona, les pide documentación, los amenaza con cerrar sus locales y argumenta que llevará a medios de comunicación para denunciar supuestas irregularidades.
Su nombre, Constantino Villa Rivas, quien al lado de José Luis Martínez Corona, se ha presentado en diversas ocasiones ante medios de comunicación, como integrante de la Coalición de Comités Vecinales del Centro Histórico.
Sus declaraciones han llenado planas de cotidianos, páginas web, espacios en radio y televisión.
Pero hoy, otros vecinos, estos sí auténticos, del barrio de El Dique, han salido ante los mismos medios de comunicación para destapar a estos farsantes, o al menos eso dicen ellos.
En un oficio enviado al alcalde Américo Zúñiga y que circularon a medios, los vecinos de El Dique acusan directamente a Constantino Villa Rivas y un grupo sin identificación de un llamado Comité de Vecinos para la Defensa del Centro Histórico, por dedicarse a extorsionarlos, bajo la amenaza de cerrar sus negocios y clausurarlos.
Decenas de locatarios, así como payasos que trabajan los fines de semana en Los Lagos, se dicen afectados y por esa razón exigen a las autoridades municipales poner alto a esta persona para que no continúe con las arbitrariedades.
Indicaron que los negocios que han sido afectados están en las calles Venustiano Carranza, Reforma, Rodríguez Clara, La Paz, Álamos, Roble, Mártires de Xalapa y Boca Negra, donde los dueños de comercios han manifestados su inconformidad en contra de quien se ostenta como líder.
Le piden al presidente municipal que ponga un “alto total” a este tipo de acciones. @luisromero85