Desde la semana pasada, diversos medios informativos dieron a conocer que el  Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz presentó denuncias contra funcionarios de tres dependencias del gobierno del estado, que son señalados como probables responsables de un daño patrimonial que supera los 940 millones de pesos.

Las notas indican que el Orfis presentó la denuncia el 16 de agosto ante la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que depende de la Fiscalía General del Estado, donde se integró la carpeta de investigación número C.I./FESP/0261/2016-VII.

Esa denuncia fue presentada por Oscar Ocampo Acosta, en su carácter de director de Asuntos Jurídicos del Orfis.

Los ex funcionarios denunciados formaban parte de las nóminas de las secretarías de Desarrollo Social, Protección Civil y Educación.

Se trata del seguimiento a las denuncias por los contratos que habrían sido asignados por el gobierno estatal a empresas fantasma. Es un asunto que también investiga el Sistema de Administración Tributaria, SAT, del gobierno federal.

Pues bien, entre los ex funcionarios del gobierno estatal que indaga el Ministerio Público se encuentran tres que tuvieron un paso en espacios relativamente importantes de la Secretaría de Desarrollo Social.

Fuentes de primera mano apuntan que al nombre de Humberto Benítez Pérez, ex jefe de la Unidad Administrativa de la Sedesol y actual titular del área administrativa en la Coordinación de Comunicación Social, se suma el de Rafael Grajales Sansores, quien ocupaba la Dirección de Políticas y Programas de Desarrollo Social en la misma dependencia, Sedesol, para pasar posteriormente a la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, donde fue nombrado por Flavino Ríos Alvarado en julio de 2015.

En el mismo caso estaría Juan Carlos Rodríguez García, quien ocupara la Dirección Jurídica de la Sedesol estatal. El funcionario fue nombrado, en febrero de 2015, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, por el secretario Fernando Benítez Obeso.

El punto coincidente entre esa tercia es que todos ellos estuvieron en la Sedesol veracruzana en los tiempos en que la dependencia era encabezada por Alberto Silva Ramos, diputado federal con licencia por el distrito de Tuxpan y actual coordinador de Comunicación Social.

El asunto dará para mucho, en términos informativos, porque ha trascendido que las empresas fantasma que fueron beneficiadas con millonarios contratos del gobierno del estado operaban, sobre todo, en la Secretaría de Desarrollo Social.

Al actual titular de la dependencia, Alfredo Ferrari Saavedra, por cierto, ya le fue requerida la información relacionada con los exfuncionarios señalados en la mencionada indagatoria.

Biodigestor para Xalapa

Una política ambiental de avanzada es la que desarrolla el gobierno de Américo Zúñiga Martínez y con el impulso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se ha proyectado la construcción de un biodigestor que transforme los desechos orgánicos en energía eléctrica y composta.

El regidor Rogelio Jesús Álvarez Arroyo aseguró que de acuerdo con los estudios realizados por consultoras internacionales, Xalapa cuenta con un relleno sanitario de calidad, pero quiere convertirse en un municipio pionero en el país y Latinoamérica al aprovechar los residuos sólidos orgánicos generados por la población, para lo cual, el biodigestor aprovechará de forma diaria 60 toneladas de basura que se convertirán, por un lado, en energía eléctrica y, por el otro, en composta que podrá ser utilizada para alimentar la vegetación de las diferentes áreas verdes y jardines de la ciudad.

La inversión conjunta entre el Ayuntamiento, el BID y la Agencia de Cooperación International Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán), implica un recurso por el orden de los 9 millones de dólares (lo que al tipo de cambio actual, de acuerdo con el Banco de México, equivale a más 169 millones 605 mil  pesos) para llevar a cabo la instalación de este biodigestor anaerobio; esto habla de la magnitud del proyecto ambiental de vanguardia que se prepara en Xalapa.

Kia exportará desde Veracruz

La automotriz coreana Kia Motors, que forma parte de Hyunday, y que anteriormente manejaba convenios con Ford y Mazda, prevé un crecimiento del 5 por ciento en sus ventas  en territorio nacional, para llegar en los próximos años, 2020, a cien mil unidades desplazadas anualmente; hoy su cifra se ubica en 55 mil.

El pasado jueves, Kia inauguró su planta en el municipio de Pesquería, Nuevo León, y en ese marco se realizaron anuncios sobre el crecimiento de la empresa, cuya producción, en un 80 por ciento, se destina al mercado de otros países.

Actualmente, Kia Motors utiliza para sus exportaciones a Estados Unidos el puerto de Altamira, Tamaulipas, que está muy próxima a Tampico, por su cercanía con la planta; sin embargo, dentro de los proyectos de la automotriz se encuentra el envío de automotores a Sudamérica (Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay) y para ello, el puerto de salida sería Veracruz. @luisromero85