Por Norma Trujillo Báez

Los ayuntamientos de Playa Vicente, Juchique de Ferrer, El Higo, Minatitlán, Hidalgotitlán, Tecolutla, Coatepec, Actopan, Poza Rica, José Azueta, Benito Juárez y Xalapa, entre otros, adeudan más de mil laudos a trabajadores despedidos injustificadamente por un monto de más de 2 mil millones de pesos; pero, sin duda, son a los ediles de Veracruz y Boca del Río a quienes el Tribunal de Conciliación y Arbitraje les ha aplicado multas por más de 500 mil pesos y a quienes la Secretaría de Finanzas y Planeación se ha negado cobrarles.

Juchique de Ferrer adeuda 70 millones de pesos, lo propio es para los ayuntamientos de Hidalgotitlán, Tecolutla, Coatepec, Actopan, José Azueta y Benito Juárez; Minatitlán, por ejemplo, declaró como deuda pública la indemnización millonaria que deben costear por una clausura aplicada en el periodo de Guadalupe Porras.

La única forma en que una administración municipal puede disponer de recursos públicos para cumplir con sus pendientes es haciendo uso de los fondos con recursos federales, destinando un porcentaje que les permita cumplir con los laudos u obligaciones legales adquiridas con ex trabajadores y a quienes el Congreso ya les autorizó pagar con el Fortamun.

El ayuntamiento de Xalapa también figura entre los deudores de laudos.
El ayuntamiento de Xalapa también figura entre los deudores de laudos.

En total suman mil laudos laborales pendientes de ejecutar en los ayuntamientos que representan un monto a pagar de 2 mil millones de pesos y aunque se han ido pagando unos, otros juicios se van perdiendo, los municipios de mayor presupuesto son los de millones, porque manejan más altos sueldos; las propias secretarías de estado también tienen obligaciones sin cumplir, como la de Educación, y hasta el Congreso también tiene uno pendiente de ejecutar.

El Ayuntamiento de Veracruz es uno de esos municipios que deben laudos millonarios, el monto global de los laudos que debe pagar el Ayuntamiento de Veracruz a ex colaboradores representa el 35 por ciento del presupuesto municipal de este 2016, que fue de un mil 370 millones 270 mil 384 pesos.

Esta situación ha ocasionado que al menos se les haya impuesto más de 100 multas a los 14 ediles de los ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río por no pagar las condenas de los laudos de los juicios laborales que perdieron por haber despedido injustificadamente a los trabajadores; los presidentes municipales del PRI son Jon Gurutz Rementería Sempé (2007-2010) y Carolina Gudiño Corro (2010-2013); y en Boca del Río por Salvador Manzur Díaz (2010-2013) y el propio alcalde en funciones Miguel Ángel Yunes Márquez (2007-2010), el monto equivalente a unos 500 mil pesos divididos entre los 28 ediles, que tampoco han sido cobradas por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

 Mediante juicios de amparo que han promovido los ediles del puerto de Veracruz y de Boca del Río han retrasado y evitado pagar a los trabajadores las condenas por las prestaciones consistentes en indemnización constitucional, salarios caídos, descansos obligatorios, aguinaldos, horas extras, domingos laborados y demás prestaciones a una veintena de trabajadores municipales, argumentando que “no tienen partida presupuestal autorizada para ello y necesitan del permiso de la actual Legislatura local” conformada por mayoría priista.

La actual comuna del puerto de Veracruz la encabeza su presidente municipal Ramón Poo Gil. Los ediles de Veracruz han promovido al menos 20 juicios de amparo en los juzgados federales con sede en Boca del Río, Veracruz, quienes se quejan de la imposición de multa por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz y su ejecución; también por ordenarles realizar una sesión de cabildo especial para conseguir fondos y cubrir sus obligaciones con los trabajadores, violando la autonomía constitucional protegida por el artículo 115 constitucional argumentan.

También se quejan de la Secretaría de Finanzas y Planeación que pretende cobrarles las multas por la violación a la garantía de audiencia, “por haber pretendido ejecutar el acto impositivo de multa en su perjuicio a través de los cuales se pretende privar de los bienes y propiedades de los ediles”.

Esto es porque el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado les ha impuesto al menos 5 multas por no ejecutar el laudo luego de que han llevado juicios laborales con hasta 8 años de litigio y por medio de recursos legales han retrasado los pagos; y. a punto de iniciar el proceso electoral que renovará a los 212 presidencias municipales, se espera que aún cuando se embarguen bienes de la comuna para pagar los adeudos todavía promuevan nuevos juicios para retrasar la ejecución.

El ayuntamiento de Boca del Río se ha amparado para no pagar laudos.
El ayuntamiento de Boca del Río se ha amparado para no pagar laudos.

Tan sólo a los catorce ediles del Ayuntamiento de Boca del Río les han aplicado 5 multas requiriéndoles el pago de un millón 310 mil 455 pesos a un trabajador despedido injustificadamente en 2008, por las prestaciones consistentes en indemnización constitucional, salarios caídos, descansos obligatorios, aguinaldos y domingos laborados; sin embargo, mediante juicios de amparo han evadido pagar las obligaciones.

 La primera multa impuesta por el TCA al ayuntamiento fue por 15 días de unidad de medida y actualización a cada edil desde abril de 2015, equivalente a un mil 24 pesos, haciendo un monto de 14 mil 631 pesos; luego al vencerse el plazo y no haber cumplido con la obligación, nuevamente se les impuso otra sanción, esta vez por 500 días (35 mil pesos) sin que tampoco la cumplieran, por lo que otra vez los multó con 600 días (42 mil pesos) sin que pagaran al trabajador, por lo que otra vez los sancionó con 800 días (53 mil 432 pesos), a la que hicieron caso omiso por lo que nuevamente multa esta vez con mil días de unidad de medida y actualización equivalente a 73 mil 40 pesos.

 Las 5 multas equivalen a 218 mil 103 pesos, dividida entre los 14 ediles, incluyendo al presidente municipal Miguel Ángel Yunes Márquez; quienes de continuar con su actitud rebelde de ignorar la sentencia judicial, podrían enfrentar la destitución del cargo, aunque están a unos meses de dejarlo, por lo que tendrían que recibir la inhabilitación para ocupar un cargo dentro de la administración pública federal, estatal y municipal de manera vitalicia.