La determinación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de suspender el uso del Impuesto a la Nómina para el pago de deuda, no tiene relevancia jurídica.

El abogado del Congreso local, Vito Lozano, afirmó que a más tardar este miércoles se presentará un recurso de reclamación de parte del Poder Ejecutivo, lo que evitaría que la sentencia cause estado y eso les permitiría seguir integrando los fideicomisos para saldar el pasivo circulante con los ingresos del impuesto.

Si bien descartó que la medida sea sólo para ganar tiempo, afirmó que llevará al menos cuatro meses el resolverlo y el gobierno podrá empezar a pagar el pasivo circulante, pues así lo aprobó la mayoría de la Cámara.

Reconoció que si al final de la revisión se determina que es inconstitucional el decreto 899, y se pagó parte la  deuda, la determinación de la SCJN no se podrá impactar de manera negativa en los pagos,  pues no se puede revertir la ley ante un acto consumado, “ya se estaría perjudicando a terceras personas”.

Detalló que fueron  los ayuntamientos de la Antigua, Tantoyuca, Xico, Boca del Rio, Medellín y Apazapan, los que promovieron un amparo ante la determinación de la mayoría en el Congreso.

Fue insistente en señalar que la suspensión provisional es decisión de un solo ministro proyectistas, y no de la Suprema Corte, como se ha manejado en los medios de comunicación.

Refirió que el poder legislativo tiene un plazo de cinco días para poder presentar un recurso de reclamación, lo que impactará en la validez jurídica de la suspensión provisional.

“No es un asunto de juicio definitivo, es revisable, no ha causado estado y  creo que para determinar si es procedente será hasta que se resuelva el juicio en lo principal y no vía incidental”, explicó.

Afirmó que el impuesto a la nómina sigue cumpliendo con el objetivo inicial con el que se creó que es para generar obra pública y sanear las finanzas del estado y minimizó el argumento de los ediles, al afirmar que ellos se están amparando ante la creación de dos nuevos fideicomisos que se crearon a partir de un decreto validado por la mayoría.

 

 

 

 

 

 

Isabel Ortega