Este lunes, al dar posesión a José Nabor Nava Holguín como nuevo Secretario de Seguridad Pública, el gobernador Javier Duarte de Ochoa dijo una de esas frases a las que la realidad las hace huecas y hasta ridículas: “En Veracruz determinamos garantizar la seguridad y avanzar en favor de la tranquilidad ciudadana y mantener la plena vigencia del Estado de Derecho”.

Decirlo sobre los cuerpos masacrados de personas inocentes de los municipios de Actopan y Alto Lucero que el viernes 17 fueron acribillados por miembros del crimen organizado, no solo suena engañoso; es una verdadera afrenta para población del campo que, muy cerca de Xalapa,  fue víctima de una numerosa gavilla de bandoleros que se paseó en varios vehículos por tres comunidades levantando a personas que, con saña, fueron ultimados a balazos en los caminos rurales, que no cuentan con protección del gobierno veracruzano.

Y es preocupante porque este tipo de actos vandálicos están sucediendo con demasiada frecuencia en el país, particularmente en regiones en que empresas multinacionales tienen fuertes intereses en establecer explotaciones mineras o petrolíferas, o para construir presas –repudiadas por los habitantes de los pueblos aledaños–, con la intención de sembrar el terror y debilitar los movimientos cívicos de defensa, como ha sucedido en regiones indígenas de Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Michoacán.

Pese a la negativa oficial a la autorización para el proyecto de la mina a suelo abierto Caballo Blanco y a la oposición de la población y de grupos ambientales, la empresa Almaden Minerals dio inicio en noviembre pasado al proyecto El Cobre, en el municipio de Actopan, que –según información publicada por La Jornada Veracruz– consta de ocho concesiones mineras sobre una extensión de 7 mil 456.4 hectáreas, en las que pretende explotar oro, plata y cobre, como parte de un plan que forma parte de la mina Caballo Blanco, ubicada en Alto Lucero.

El ambientalista Emilio Rodríguez Almazán, del grupo Lavida, advirtió en marzo pasado que el proyecto contempla la perforación de ocho plantillas de barrenación en las localidades de Tinajitas, San Juan Villa Rica y El Ojital, y en los ejidos El Provenir y Los Baños, en el municipio de Actopan. Entre las cuatro comunidades atacadas por los criminales, se encuentra El Ojital (las otras fueron El Embarcadero, también en Actopan, además de El Limón y El 24, en Alto Lucero).

La oposición de la población se justifica por el hecho de que dichas explotaciones mineras prácticamente envenenarían los principales mantos acuíferos de los que se abastecen para consumo humano y la explotación agrícola y ganadera, de la cual subsisten, además de despojarlos de sus tierras.

Por supuesto, muy difícilmente podrá encontrarse un nexo de causalidad entre la acción de las mineras, principalmente canadienses, y los inusitados actos criminales realizados en comunidades de Actopan y Alto Lucero, cuya pobreza y marginación las hace poco atractivas para la obtención de ganancias económicas que pudieran justificar el despliegue de alrededor de 50 sicarios que sembraron el terror en comunidades de ambos municipios.

Este domingo, en un hangar del aeropuerto de El Lencero, el gobernador Javier Duarte informó de la detención, en la comunidad Los Atilxcos,  de 7 presuntos integrantes del grupo delictivo que secuestró y asesinó a ocho pobladores, sin que hasta el momento se conozcan los avances de la investigación ni de la detención de más de 35 delincuentes que realizaron esta operación con plena libertad y que no han sido detenidos.

Crece en julio el número de homicidios

Aunque hemos señalado acciones de subregistro en materia de incidencia delictiva del fuero común por parte de la Fiscalía General del Estado, que se hizo evidente desde 2014 con el arribo del actual fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, lo cierto es que los datos ofrecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para el mes de julio acusan un salto importante en el número de homicidios en Veracruz.

En efecto, mientras en junio se reportaron 130 asesinatos, en julio se disparó su número en 53 por ciento, al reportarse 199, que hacen un total para los primeros siete meses de 847 homicidios, es decir, un promedio mensual de 121 casos, que no han podido ocultarse de las cifras oficiales, sin contar a decenas de desaparecidos, cuyos casos no se reportan ni como secuestros ni como homicidios.

En los últimos meses, la violencia criminal ha escalado de manera preocupante. No hay semana que no se reporte el hallazgo de cadáveres tirados en carreteras, caminos rurales, barrancas y sembradíos, y pese al trabajo de familiares de desaparecidos, quienes han reportado infinidad de fosas clandestinas, el trabajo de la Fiscalía General ha estado más enfocado en ocultar que en esclarecer la identidad de las víctimas.

Hasta el momento, Veracruz (con 12 secuestros reportados en julio) se mantiene en el segundo lugar nacional en número de casos de este delito. En efecto, luego del Estado de México –que lleva registrados en los siete primeros meses del año 159 privaciones de la libertad–, siguen Veracruz (con 74 casos), Tamaulipas (65), Guerrero (48) y Tabasco (43).

El mayor problema radica en la percepción de la violencia entre la población. Coatzacoalcos reporta el mayor número de casos de homicidio y robo con violencia, pero en general, las ciudades más importantes de Veracruz (Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba y Minatitlán) se encuentran en franca desprotección ante la nula efectividad de las fuerzas policiacas, aún en aquellas regiones en que operan mandos únicos.

El tema de la inseguridad es uno de los más preocupantes, dejados al garete por un gobierno estatal al que le restan 99 días, y al que –pese a los discursos– le siguen apareciendo masacres en todas direcciones, a lo que este domingo, en Poza Rica, se sumó el salvaje ataque con arma de fuego de la periodista Lucía López Castillo, frente a su domicilio particular, que se debate entre la vida y la muerte en un nosocomio de esa ciudad.

Así que, en lugar de discursos, los días que le resten al frente del gobierno estatal debería usarlos Javier Duarte para tratar de controlar la desatada ola de violencia en Veracruz.

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