¿Acaso alguien suponía que el Presidente diría algo distinto?

Su charla con el periodista Joaquín López Dóriga fue una colección de lugares comunes. Por supuesto que «cada gobernante es responsable de sus actos y tiene que rendir cuentas claras sobre la responsabilidad que asumió».

Lo que acaso valdría la pena cuestionar sería su afirmación de que el compromiso de su gobierno es «no solapar, no permitir que haya actos de corrupción y que si eventualmente alguien incurrió en un acto de estos, que enfrente el peso de la ley».

Hay ejemplos de que no siempre ha sido así.

Joaquín lo cuestionó, de manera específica, sobre el caso Veracruz, y nunca salió de los labios del Presidente una expresión de censura, pero tampoco de defensa. «Cada quién que se rasque con sus propias uñas», parecería ser el mensaje.

Horas después, la mañana del miércoles, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, soldado de Peña Nieto, se entrevistó con Ciro Gómez Leyva y retomó los casos de los gobernadores cuya permanencia en ese organismo político está bajo investigación. Dijo que «antes de fin de año» la Comisión de Justicia del partido determinará la situación de Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo).

Ochoa Reza dijo que su interés es que el PRI tenga un mecanismo para revisar que los candidatos que presenten para cargos de elección popular no tengan ningún antecedente de corrupción o impunidad.

Dijo que debe ser el propio partido el primero en reclamar que se atienda, que se investigue y que, conforme a derecho, se castigue de manera ejemplar.

A partir de esa premisa, habrá que entender que los Duarte y Borge ya fueron investigados y cuentan con los elementos para castigarlos «conforme a derecho», pues de lo contrario el discurso no sería congruente con los hechos.

Antes incluso de que cualquiera de estos tres gobernadores en funciones sea citado ante una autoridad del nuevo sistema penal, se tendrán que conocer resultados en dos casos que son emblemáticos, los de los exgobernadores Rodrigo Medina, priista, de Nuevo León, y el panista Guillermo Padrés, de Sonora. En ambos casos les han sido rechazadas varias solicitudes de amparo, por lo que, se sospecha, las acciones legales en su contra muy pronto surtirán efecto.

Tampoco hay que perder de vista las denuncias penales que han sido presentadas contra Miguel Ángel Yunes Linares, por el dudoso origen de su fortuna.

Pero incluso aunque decidieran proceder en contra de cualquiera de ellos, es pertinente recordar que el Artículo 19 de la Constitución establece ahora que el juez ordenará la prisión preventiva «sólo cuando el detenido sea acusado por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como infracciones graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud».

Esto es, sólo en caso de que se dicte sentencia condenatoria y en la sanción el juez ordene que se cumpla la pena en prisión, todos estos políticos seguirán gozando de plena libertad.

Lo que se percibe de las palabras del Presidente Enrique Peña Nieto y de la dirigencia nacional del PRI, es que la instrucción ha sido «dejar correr» las investigaciones y tomar una decisión una vez que se cuente con los suficientes elementos jurídicos.

La última palabra, pues, la tienen los tribunales.

filivargas@nullgmail.com

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